Blanquear dinero sale barato en España

España es centro de blanqueo. O, dicho de otro modo, la lucha contra el blanqueo falla aquí más que una escopeta de feria. Incluso la OCDE (blanda contra el fraude fiscal) advierte a España de que la levedad de penas contra el blanqueo de dinero sucio hace de este Reino lugar privilegiado para evasores de impuestos y blanqueadores.

Pilar Blázquez nos explicó que en España la falta de castigos de verdad que teman los blanqueadores, convierte la lucha contra ese delito en un brindis al sol. Porque, aunque el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) hace su trabajo, analiza documentos y cruza datos en un modélico proceso para descubrir blanqueadores, la acción se frena cuando hay que castigar a los culpables. Que un caso de blanqueo acabe con cárcel para blanqueadores y cómplices es excepción, no regla. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), equipo de la OCDE supervisor del blanqueo en el mundo, “las penas de prisión por blanqueo de capitales en España son muy bajas, no son disuasorias y el crimen organizado y los evasores fiscales ven España como lugar donde operar sin riesgo”.

También EEUU señala a España como país benévolo con el blanqueo y la OCDE denunció que en España ha habido pocas investigaciones de blanqueo en años y aún menos condenas. Pero no porque falle el SEPBLAC, que hace su trabajo. Falla quien decide sancionar o no. Que suele ser que no. No olvidemos que quien decide sanciones es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía. Es decir, es el gobierno del Partido Popular que, hasta la fecha, no ha mostrado entusiasmo alguno para acabar con el blanqueo y quienes blanquean.

Pero tal delito es posible por una verdad incontrovertible: el dinero negro fluye a su antojo por el sistema bancario internacional, como fluye el dinero legal con el que se camufla. Y ese libertinaje de capitales continuará mientras haya centros offshore, paraísos fiscales, consultoras fiscales y bancos cómplices. Los hay y habrá porque los pretendidos intentos de acabar con esos estados de cartón piedra de fiscalidad tramposa y dañina, que son los paraísos fiscales, son retórica y marear la perdiz. Voluntad política de acabar con el blanqueo, cero.

Da igual que además el blanqueo financie organizaciones terroristas, narcotraficantes y otras tramas criminales. Se impone la minoría rica que no ceja en su voluntad de no pagar impuestos. Recordemos que según cálculos conservadores de la propia OCDE, las grandes empresas eluden pagar casi un cuarto de billón de dólares anuales con enredos de filiales, delegaciones, servicios vinculados, activos intangibles y otras trampas presuntamente legales que revelan la ausencia de voluntad política de gobiernos y entidades globales para acabar con el fraude fiscal. Y, si añadimos las grandes fortunas que evaden y eluden impuestos a placer, el volumen del fraude fiscal deviene obsceno.

La Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Crimen pide soluciones drásticas contra el blanqueo que hace legales 2 billones de dólares anuales. Pero no parece que se consiga, porque evasión de impuestos y blanqueo de dinero van de la mano y la minoría rica insiste en no pagar los impuestos que debe. Que el mayor receptor de inversión extranjera en 2013 fueran las casi despobladas Islas Vírgenes británicas indica que hay blanqueo para tiempo. O que haya 234 bancos en las Islas Caimán con solo 50.000 habitantes. O que la pequeña isla británica Jersey en el Canal de la Mancha maneje más de 350.000 millones de dólares en fondos de inversión. Sin olvidar al gran paraíso fiscal que es EEUU que, mientras impone multimillonarias multas a bancos suizos y de la Unión Europea, por posible blanqueo de estadounidenses fuera del país, mantiene Delaware, Reno, Wyoming, Nevada o Dakota del Sur como auténticos paraísos fiscales. ¿Quién da más?

¿Por qué el blanqueo es un delito nefasto? Porque los Estados recaudan mucho menos y se vulneran derechos ciudadanos por no haber adecuados servicios públicos esenciales. Además crece la desigualdad y hay más incertidumbre, más pobreza y más sufrimiento, porque los Estados dejan de cobrar cientos de miles de millones de impuestos legítimos y obligatorios. La evasión de impuestos impide que el Estado cumpla sus deberes con la ciudadanía.

Eludir o evadir impuestos es un crimen

En España las ventas de Apple van viento en popa, pero esa empresa no paga impuestos por sus beneficios. En 2011, a Apple España le salió la declaración a devolver, aunque las ventas se multiplicaran por catorce, como se comprueba en el Registro Mercantil. El truco es que Apple España compra productos Apple a Apple Irlanda a precios muy altos… y factura en Irlanda el 99% de sus ventas aquí. Apple España apenas tiene beneficios y le salió a devolver lo anticipado por impuesto de sociedades.

El truco es no declarar beneficios reales en España. Ingeniería fiscal y contabilidad imaginativa, dicen, pero en un mundo decente sería un delito de evasión de impuestos. Por otra parte, en Europa han señalado a Apple como elusora de muchos millones en impuestos y la Comisión Europea ha advertido que debe abonarlos por impuestos no pagados.

Resultado de este panorama fiscal es que la Agencia Tributaria de España ha decidido investigar el impuesto de sociedades, IVA y sobre la renta de 2009 a 2012 de la filial española de Apple que gestiona once tiendas propias que venden mucho.

La Agencia Tributaria ha colocado también en el punto de mira las filiales en España de multinacionales tecnológicas. ¿Desvían beneficios a otros países? Por eso investigan a Google Spain que también tiene una sede en Irlanda. ¿Casualidad? No, el impuesto de sociedades ahí es solo 12.5%. Apple y Google son avanzadas en elusión fiscal, en no pagar impuestos debidos con estructuras empresariales retorcidas y complejas. La elusión aún no es delito, como la evasión de impuestos, pero debería serlo.

Elusión posible porque países como Irlanda y Holanda ponen impuestos reducidos como paraísos fiscales que son. La elusión también es posible por agujeros y resquicios legales de los países en sus normas fiscales. Y, por supuesto, por la nula voluntad política al respecto de gobiernos nacionales europeos, gobierno de la UE, Consejo de Ministros de la UE, Ecofin…

De la voluntad política de Consejo de Ministros Europeo da cumplida respuesta su reacción a la formación de una comisión del Parlamento Europeo de 65 diputados para investigar los Papeles de Panamá. Apenas constituida, el Consejo de Ministros de la UE les ha hecho saber que los Estados miembros no colaborarán con esa comisión. ¿Cuál es el interés del Consejo de Ministros europeo en acabar con la elusión y evasión fiscales? Cero.

Como escribe el economista Fernando Luengo, “el margen de maniobra de las corporaciones transnacionales no cesa de aumentar en un contexto institucional que premia el libre movimiento de capitales y la competencia entre países para recibir inversiones”. Incluida la competencia fiscal. En ese oscuro contexto, a los poderosos les es fácil eludir el pago de impuestos.

Eludir y evadir impuestos ampliamente hace buena la definición de capitalismo de Manuel Freytas cuando afirma que “no es más que una empresa de ladrones comunes que niveló un sistema económico, político y social globalmente para legitimar con leyes un robo masivo y planetario del trabajo social y recursos naturales, disfrazado de economía mundial”.

Nada de eso sería posible sin paraísos fiscales. Un enorme volumen de dinero evadido o eludido transita por esas guaridas financieras. Según la OCDE 240.000 millones de dólares anuales. El resultado de la masiva y continua evasión y elusión de impuestos es que las arcas públicas se reducen, los Estados se debilitan y no se atienden los irrenunciables derechos de la gente.

¿Cómo cabe tanta evasión y elusión fiscales? Porque hasta ahora FMI, G7, OCDE, gobiernos nacionales y UE miran a otro lado ante la evasora conducta de las multinacionales y el fraude de los potentados. Con la complicidad de muchos gabinetes de abogados y asesorías fiscales que proporcionan servicios, trucos y trampas para ocultar información y que los ricos y súper-ricos no paguen impuestos o apenas. Con la ayuda de la banca, por supuesto. Billones de dólares no han sido declarados y no han pagado los impuestos que deberían.

Eludir impuestos o evadirlos es criminal porque quiebra de raíz la solidaridad social imprescindible para que los países no se precipiten en el abismo de la injusticia permanente y la gente pueda vivir con un mínimo de dignidad.

La lucha contra los paraísos fiscales es prioritaria

Los gobiernos europeos recortan más y más los presupuestos sociales, violando derechos de millones de ciudadanos. Ahora la Unión Europea exige que en España (25% de paro) se despida a miles de trabajadores bancarios de sus entidades financieras (no a los banqueros, claro)que serán recapitalizadas con dinero europeo: 40.000 millones de euros para rescatar a los banqueros españoles y diez mil asalariados de banca, al paro.

Además, el gobierno conservador español ha constituido la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (el llamado “banco malo”) para limpiar los cuantiosos activos tóxicos de la banca, vendiendo millones de pisos invendibles hasta hoy, fruto de la enorme burbuja inmobiliaria española. Para vender tales activos tóxicos, el gobierno ha diseñado un retorcido producto financiero, los Fondos de Activos Bancarios (FAB), especie de batiburrillo de hipotecas de varios bancos. Y, para venderlos, el gobierno ofrece un obsceno incentivo fiscal: mirará hacia otro lado, si el dinero para comprar esos FAB proviene de paraísos fiscales. Es decir, dinero ilícito, fruto de algún delito, aunque solo sean la evasió

Pero, ¿no eran una lacra esos “paraísos”?

Desde la OCDE pretenden que ya solo restan seis paraísos fiscales, porque casi todos los paraísos cumplieron la condición impuesta por la misma OCDE para dejar de serlo: firmar doce convenios de intercambio de información fiscal y financiera con otros tantos estados. Lo hicieron, sí, pero tales convenios se firmaron con estados irrelevantes fiscal y financieramente (como Letonia) o entre paraísos fiscales, lo que hace inútiles esos convenios.

Como dice un cínico aristócrata en “El gatopardo” de Lampedusa, conviene que algo cambie para que todo siga igual. Y todo sigue igual. Continúa habiendo más de setenta paraísos fiscales que ocultan gran parte de la riqueza mundial y son refugio seguro de las fortunas de evasores de impuestos, corruptos, criminales organizados e incluso terroristas.

Según Tax Justice Network, gran parte de activos financieros mundiales, entre 21 y 32 billones (con doce ceros) de dólares, no paga impuestos. Y no los paga porque se ocultan en paraísos fiscales.

Según Xavier Harel, investigador y autor de La grande évasion: le vrai scandale des paradis fiscaux, del 30 al 40% de impuestos que deberían recaudar los países en desarrollo (es decir, pobres)terminan en paraísos fiscales: un billón de dólares a sumar a la fuga de capitales desde el mundo empobrecido. Pero en el mundo rico no va mucho mejor. En Francia solo cuatro de las cuarenta mayores empresas pagan los impuestos debidos por beneficios. En Reino Unido, 466 empresas de las 700 mayores corporaciones pagaron menos de 15 millones de dólares en impuestos por ganancias en 2005 y 2006, mientras las otras 436 simplemente no pagaron. Según Harel, los impuestos eludidos y evadidos cuestan a la Unión Europea 200.000 millones de euros anuales, un 15% menos que los presupuestos generales del Reino de España para 2013.

¿Hay conciencia de qué significa que los estados de países empobrecidos (y también los desarrollados) dejen de recibir esos cientos de miles de millones en la era de los recortes sociales, de las violaciones continuas de derechos esenciales de la ciudadanía y del aumento indecente de la pobreza? Pues que no quepa duda alguna de que los paraísos fiscales tienen mucho que ver con esos inmensos y obscenos impagos de impuestos. Por activa o por pasiva.

Por cierto, ¿con quién habrá firmado convenios bilaterales Suiza, paraíso fiscal por excelencia? Suiza que, tras conocerse el maquillaje perpetrado por la OCDE para simular que ya no quedan paraísos fiscales, tranquilizó a las grandes fortunas y empresas que ocultan sus dineros blindados en bancos suizos. Suiza garantizaba por escrito el secreto bancario en cualquier caso. Buena prueba de su amor por lo secreto es y su servil lealtad a los más ricos y defraudadores es que Suiza ha pedido la extradición del informático Hervé Daniel Falciani, encarcelado en España, por haber revelado una larga lista de 2000 grandes defraudadores fiscales europeos (es decir, delincuentes). Es el mundo al revés.

En inglés, delito y crimen no se distinguen; en ambos casos es crime. Pero en castellano puede haber un delito con considerable sanción penal que no sea un crimen (ser miembro de un partido en la dictadura franquista, por ejemplo) y un crimen que no sea delito, porque no esté tipificado en el código penal. Y ese es el caso; los paraísos fiscales son auténticos centros criminales por lo que permiten, facilitan y ocultan. Aunque lo que hacen y omiten aún no se tipifique como delito.

La lucha ciudadana contra los paraísos fiscales es prioritaria, por difícil e irrealizable que parezca. En 1900 también parecía imposible que las mujeres pudieran votar.

Cuando la política que se impone es un crimen

Sin medicamentos para controlar mi VIH, moriré”. Rafael, inmigrante latinoamericano, se hizo en Madrid la prueba de VIH y dio positivo. Le hicieron también una analítica completa y, vistos los buenos resultados, tener el VIH sólo supuso revisiones periódicas. Pero hace un año descendieron sus defensas y el médico le prescribió medicamentos antivirales para evitar el desarrollo del sida. Aún sin permiso de residencia, tenía su tarjeta sanitaria por estar empadronado. Fue atendido y tratado sin problemas. Hasta ahora.

El próximo 1 septiembre, muchos miles de inmigrantes sin permiso de residencia y aún muchos más jóvenes españoles con más de 26 años que no coticen o no hayan cotizado a la Seguridad Social (por estar en paro) dejarán de tener asistencia sanitaria en España, salvo en urgencias, por decreto del gobierno de Rajoy. Entre los expulsados de la sanidad pública hay un colectivo muy vulnerable: quienes tienen el VIH, como Rafael.

Expulsar a inmigrantes irregulares y a jóvenes del servicio público de salud significa, por ejemplo, que los infectados por el VIH (en el caso de inmigrantes, de tres a cuatro mil) no dispondrán de medicamentos para controlar su infección. Tampoco podrán comprarlos, no solo porque no tendrán los más de ochocientos euros mensuales que cuestan, sino porque esos medicamentos no se expenden en farmacias, pues son de exclusiva distribución hospitalaria.

Rafael y otros muchos miles de inmigrantes irregulares o los jóvenes despojados de la tarjeta sanitaria infectados por el VIH estarán más expuestos a morir por sida. A esos seropositivos hay que sumar los pacientes inmigrantes o jóvenes a los que priven de tarjeta sanitaria con hipertensión arterial, cardiopatías diversas, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal, asma, enfermedades pulmonares, cáncer… Unos y otros no dispondrán de atención médica ni de diagnóstico ni de tratamiento alguno ni de medicinas.

Lo que ocurra a los infectados por el VIH demuestra el crimen que es de hecho el recorte de derechos sanitarios del decreto gubernamental. Porque sin duda habrá más muertes e incremento de enfermedades oportunistas asociadas al sida. También aumentará el contagio del VIH y de otras enfermedades infecciosas (como la tuberculosis) a la población en general, así como habrá más probabilidad de contagio del VIH de embarazadas infectadas a fetos en gestación. Son algunas conclusiones del Grupo de Estudio del SIDA (Gesida), que forma parte de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Gesida asegura que la peor consecuencia por los recortes presupuestarios en sanidad será el aumento de la mortalidad.

Para empeorar las cosas, esas medidas de ahorro que violan derechos humanos tendrán un efecto contrario al buscado. Porque aumentarán los gastos de sanidad. Según el Gesida,aumentarán los costes porque recurrirán a urgencias muchos de aquellos a quienes se les ha quitado la tarjeta sanitaria, lo que reducirá a la mitad el ahorro conseguido con la supresión de la misma. Y también habrá más gasto por tratamientos de personas con tarjeta sanitaria recién infectadas por el VIH y enfermedades asociadas al sida. Contagios que aumentarán por falta de diagnóstico y de tratamiento de pacientes que estén infectados, pero sin control, por haber sido expulsados de la sanidad pública.

Y, mientras el gobierno pretende ahorrar unos millones de euros (que no conseguirá) recortando derechos, el fraude fiscal en el Reino de España ya es de 70.000 a 80.000 millones anuales. El presupuesto total del sistema público sanitario español, según la consultora i2 Integrity, miembro del Pacto Mundial de la ONU contra la Corrupción. Más del 70% de ese fraude fiscal lo perpetran grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones. Pero parece más fácil meterse con inmigrantes y jóvenes que con los ricos que deben pagar y no lo hacen.

Entre los países europeos que soportan recortes presupuestarios que paga la ciudadanía, Grecia, fue el primero en sufrir esa feroz política de austeridad. Y una docena de sus ciudadanos ha denunciado al gobierno griego ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y genocidio; sostienen que la austeridad impuesta está matando al pueblo griego. Y no solo por el abandono de los enfermos con VIH.

Tal vez suene excesivo hablar de genocidio, pero es justo decir que la política de austeridad que se impone es un crimen. El gobierno español tiene un mes para rectificar parte de la tropelía. Y Europa debe cambiar de rumbo.

Una especulación criminal

Según un informe de Lehman Brothers, la inversión especulativa en alimentos ha pasado de 13.000 millones de dólares en 2003 a 260.000 millones en 2008. La crisis de alimentos de ese año fue provocada, sin la menor duda, por el especulativo y salvaje aumento del precio de alimentos básicos, no por malas cosechas ni porque indios y chinos consumieran más alimentos que antes. Trigo o maíz subieron de media un 25%, hubo revueltas en cuarenta países y más de 130 millones de personas pasaron a engrosar la legión de hambrientos. En 2007 se había logrado reducir los  desnutridos del mundo a 850 millones, pero gracias a la especulación alimentaria ya son 1.100 millones.

El precio de los alimentos se marca con los llamados contratos de futuro, que se compran y venden durante un tiempo decenas de veces, especulando con la subida y bajada del precio. Aunque nadie busca en realidad comprar esos alimentos, solo especular, denuncia Veterinarios sin Fronteras. Por otra parte, multinacionales de alimentación como Bunge, Dupont, Cargill, ADM o Syngenta controlan más del 70% de la oferta de cereales y marcan los precios que les convienen para obtener miles de millones de beneficios. Mientras Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Santander, BBVA, Deutsche Bank… especulan con el precio de los alimentos y presentan esa inversión especulativa como sector seguro y rentable.

Pero hablamos de un derecho humano indiscutible: el derecho a la vida, a una existencia digna. Y pobreza y hambre no permiten vivir con dignidad. Por eso Jean Ziegler, vicepresidente del Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denuncia que “es un despropósito que el precio de los alimentos sea fijado por la Bolsa. Deben ser retirados de la especulación”.

Ziegler insiste en que “los alimentos han de ser declarados bien público y su precio fijado por negociaciones entre países productores y países consumidores. El sistema para poder hacerlo lo elaboró la UNCTD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), pero las grandes corporaciones multinacionales han logrado descartarlo”.

Según denuncia el “Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra” (MST) de Brasil y la internacional Vía Campesina, las causas de la subida del precio de los alimentos son el control oligopólico que unas pocas empresas mantienen sobre el comercio mundial de trigo, maíz, arroz,  soja, leche…, más la especulación de grandes inversores en las bolsas de productos agrícolas. Más la pura especulación financiera, porque los bancos invierten en alimentos, más seguros que las acciones. Más las privatizaciones de los servicios públicos para la agricultura, puestos bajo el control de las empresas multinacionales. Más la obsena postura de la Organización Mundial del Comercio que transformó los alimentos en mera mercancía…

Ziegler denuncia que “son las estructuras del orden criminal del mundo las que fabrican la masacre cotidiana del hambre. Estructuras criminales como la exportación de productos a precio mucho más bajo que en el propio país, tal como hace la Unión Europea, que exporta productos agrícolas a África a precios muy bajos y destruye la agricultura africana. Y también es una estructura criminal la especulación bursátil de los grandes hedge funds (los fondos buitre) con el arroz, trigo, maíz y mijo, los alimentos básicos del mundo”.

Para Heiner Flassbeck, economista jefe en la UNCTD, la actual subida acelerada de precios de los alimentos es tan peligrosa como la de 2008. Y la causa principal continúa siendo la misma: la especulación: “Los mercados de materias primas agrícolas no pueden encontrar ya precios adecuados, porque han sido pervertidos por los aventureros financieros”, afirma Flassbeck, convencido de que la comunidad internacional debe intervenir para eliminar las burbujas de materias primas alimenticias antes de que sea demasiado tarde.

Como decía Gandhi, “el hambre es un insulto; humilla, deshumaniza, destruye el cuerpo y el espíritu; es la forma más asesina que existe”. Y Juan Torres remacha que “la pobreza no es una desgracia ni el hambre, un desastre natural. Pobreza y hambre son una infamia, un verdadero crimen organizado”. Por eso, si nuestro mundo no hubiera retrocedido en democracia y justicia en los últimos veinte años de imposición del neoliberalismo, los especuladores de alimentos y sus cómplices estarían en la cárcel, convenientemente procesados, juzgados y condenados.

Una respuesta global y radical contra el narcotráfico

Maniatadas, torturadas, quemadas, tiroteadas, degolladas… Éste agosto, los narcotraficantes asesinaron docenas de personas en México. En Ciudad Juárez, ocho asesinatos. En Sinaloa, cinco; en Jalisco, tres más; otros dos, en Durango; otro más, en Nayarit; uno, en Nuevo León; ocho, en Cancún… Antonio Leal, alcalde de Hidalgo, asesinado a tiros desde un coche; también murió tiroteado Rodolfo Torre, candidato a gobernador de Tamaulipas; Cesáreo Rocha, ex alcalde de Hidalgo, fue asesinado; y también Edelmiro Cavazos, alcalde de Santiago; unos pistoleros arrojaron granadas en Reynosa; explotaron dos coches-bomba en Ciudad Victoria; los soldados encontraron una fosa con 72 cuerpos de inmigrantes asesinados…

Desde que el presidente Calderón enviara al ejército contra los narcotraficantes hace tres años, han muerto más de 28.000 personas en México; trece mil, en los últimos nueve meses. Y un incremento tremendo de la corrupción. Por ejemplo, las autoridades se han visto obligadas a expulsar un 10% de efectivos de la Policía Federal por corruptos, cómplices del narcotráfico. El narcotráfico ha contaminado espacios del poder estatal. Escenario del feroz conflicto que enfrenta al Estado con los cárteles y a éstos entre sí, México no es el único país sacudido por  las drogas y la cruzada en su contra.

Ya en 1933, el Senado de los EEUU denunció en el preámbulo de la derogación de la Ley Seca (que prohibía el alcohol) que nunca una norma de un estado democrático había causado tanto daño; y documentaba que no había reducido un gramo el consumo de alcohol, había contribuido a corromper la política municipal y las organizaciones de delincuentes se habían hecho más fuertes.

La cruzada contra las drogas no sirve para nada, salvo producir terribles efectos secundarios muy indeseables. Pero los mandatarios persisten, aunque esté históricamente demostrado que esas cruzadas son inútiles.

Fernando Cardoso, ex presidente de Brasil, reclama despenalizar el consumo de drogas en América Latina, como ya hicieron los ex presidentes de México, Zedillo, y Colombia, Gaviria. Pero despenalizar el consumo (como en Europa y EEUU) no resuelve el problema. Un número creciente de líderes sociales y culturales, policías, juristas, catedráticos, jueces, médicos… reivindican  despenalizar totalmente las drogas. Que el Estado eduque e informe exhaustivamente sobre drogas a la ciudadanía, y atienda y rehabilite a los adictos. Pero basta de prohibición y cruzada.

Hace unos meses, Vargas Llosa hacía esa petición, tras reflexionar sobre la terrible situación de México. Concluía Vargas Llosa que la actual cruzada represiva contra las drogas no podía vencer. Para ganar, sólo cabe eliminar el beneficio de las drogas. Pero ese beneficio se eliminará si las drogas son legales y el Estado interviene. ¿Habrá entonces una epidemia de drogadictos? Experiencias de despenalización de drogas (Holanda y Suiza) no han significado un aumento relevante de consumidores y han disminuido las muertes por sobredosis.

Si tantas personas fiables ven claro el camino (que no significa sea fácil), ¿por qué no empezar ya? Según Vargas Llosa, “el mayor obstáculo son los organismos y personas que viven de la represión de las drogas, que, como es natural, defienden con uñas y dientes su fuente de trabajo. No son razones éticas, religiosas o políticas, sino el crudo interés el mayor obstáculo para acabar con la arrolladora criminalidad asociada al narcotráfico

Antonio Escohotado, buen conocedor de la historia de las drogas, recuerda que la prohibición hace atractiva la droga y causa algunas de sus nefastas consecuencias: “El opio -y derivados- fue usado como bendición de Dios por los médicos desde 4.000 años atrás hasta hace casi ochenta. Sus derivados son, desde luego, drogas de delicado manejo. Pero mientras fueron legales no produjeron un sólo caso de sobredosis accidental, mientras ahora matan involuntariamente a muchos jóvenes cada año. Mientras esas drogas fueron cosas decentes, sus consumidores eran gente mayor. Lanzada por la farmacéutica Bayer, la heroína se recomendaba incluso para calmar los nervios y tos de los niños pequeños. Si esa sustancia resulta hoy diabólica es porque algunos por lucro venden infiernos a los demás, pero también porque en alguna medida nosotros mismos la declaramos diabólica”.

La lucha contra el crimen asociado al narcotráfico exige ésa respuesta radical y global.