Empleo y paro no son los que dice el gobierno del PP

Un reciente informe de la Comisión Europea sobre evolución social y empleo en Europa expone que la economía española se recupera, pero a un alto precio. Confirma que España sufre una tasa de desempleo del 19% y la consecuencia del altísimo desempleo y la precariedad que crece es que en España el 28,6% de población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Como Letonia, Lituania o Grecia.

No ha sido fácil estar a la cola de lo social de la UE. Han tenido que perpetrarse reformas laborales; en realidad contra-reformas, porque reformar en buen castellano significa cambiar algo para mejorar, que no es el caso.

Las contra-reformas permiten, por ejemplo, que un médico de familia firme en once meses 50 contratos de trabajo. Que otro asalariado encadene desde hace diez años en Correos contratos de seis meses seguidos y despidos de seis meses. Que otro trabajador firme ocho contratos de cuatro meses en una universidad de Madrid. Trampas y más trampas que perjudican a los trabajadores. Sin olvidar que solo el 5% de los contratos son indefinidos y a jornada completa o, lo que es igual, el 95% de nuevos empleos no lo son.

Quienes detentan el poder económico y sus cómplices políticos recurren a la macro-economía para ocultar la cruda realidad. Pero la macro-economía no dice la verdad sobre la vida de la gente trabajadora al presumir de crecimiento económico. El crecimiento económico (como lo entiende el neoliberalismo) no supone empleo suficiente ni garantiza una vida digna a los asalariados.

Hay dos ejemplos históricos de crecimiento económico que no suponen justicia ni vida decente para la clase trabajadora ni para el campesinado: Brasil y México. Ambos países crecieron sin interrupción en el siglo pasado año tras año. Sin embargo, no desapareció la pobreza; ni siquiera se redujo de moto notable. Pero sí aumentó una obscena desigualdad.

En España, el gobierno del Partido Popular presume de crecimiento y pretende que el país se ha recuperado de la crisis. Pero no es así para la gente común que son millones de personas. A mediados de este año, por ejemplo, había en España 1.700.000 asalariados con contratos encadenados: un 10% de los trabajadores con empleo. Y el verano que acaba aportó el peor dato de empleo desde 2008: en agosto se destruyeron 46.400 empleos y la Seguridad Social perdió 180.000 cotizantes. También aumentaron los contratos temporales hasta el 27% y sabido es que esos contratos están mal pagados.

Sin embargo, semanas antes, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) provocaron una injustificada euforia en el gobierno del Partido Popular. El PP proclamó la recuperación económica, pero solo dos meses después la innegable realidad de un mercado laboral frágil e insuficiente fue evidente de nuevo.

No es cierto que se crea empleo cuando se trabajan muchas menos horas. En 2009, en España se trabajaron 654 millones de horas, pero en 2016, cuando en teoría la economía despegaba, solo se trabajaron 613. Y 41 millones de horas trabajadas menos equivalen a cinco millones de jornadas a tiempo completo menos. ¿Cómo pretenden que hay crecimiento cuando se trabajan tantos millones de horas menos?

Que haya más empleos no significa demasiado para la gente trabajadora, pues gran parte vive en la incertidumbre y no puede llevar un vida digna. Por eso a Cáritas y a los bancos de alimentos les crece el trabajo. Algunos empleos más significan poco si no mejora la vida de la gente .

No es solo cuestión de más empleos; hay que ver qué empleo y como se paga . En realidad, muchos ocupados son subempleados pues trabajan bastantes menos horas de las que necesitan para vivir con dignidad. Actualmente hay 1.940.000 personas subempleadas, tantas como a finales de 2008.

Como denuncia José A. Llosa, “hacer un discurso de recuperación económica sustentado sobre una tasa de paro (19%) que duplica con holgura la media europea ( 8,5%) parece un juego peligroso, máxime cuando, tal y como indican los últimos datos de FOESSA, el 70% de las familias españolas no ha percibido ninguna clase de mejoría respecto a su situación en la crisis”.

La actual situación laboral precaria, y por tanto social, es así porque los gobiernos del PP han creado las condiciones para que los trabajadores pierdan con la austeridad, los recortes y la contra-reforma laboral. En beneficio de la clase empresarial, sobre todo la que controla las multinacionales, el Ibex 35.

Salarios más bajos, menos prestaciones sociales que hace 10 años y una precariedad laboral que campa a sus anchas deterioran la vida de los trabajadores. Esa transferencia de rentas de abajo hacia arriba es la única recuperación económica. Solo para la clase empresarial.

En conclusión, el paro según la EPA no refleja la verdadera situación laboral del país. Excluye de la cifra des parados a los inmigrantes que han vuelto a sus países, a los trabajadores nacionales que emigran y a los desanimados que ya no buscan empleo, que hoy se calcula rondan los 800.000. Y eso sin contar además que el cómputo oficial  considera empleados a quienes la semana anterior a la encuesta ¡hayan trabajado una hora! Una realidad falseada.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior puede afirmarse que en el Reino de España hay cuanto menos un 10% de parados más que lo que dice la EPA según fuentes de algunas organizaciones sociales. Para rematar el panorama laboral real, cabe añadir la demostrada pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. Los funcionarios, por ejemplo, han perdido un 15% de poder adquisitivo con los gobiernos del Partido Popular y los pensionistas el 3,5% desde 2013.

Ese es el panorama real de empleo y paro.

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La presunta reforma fiscal, más de lo mismo

Reforma es lo que se propone, proyecta o ejecuta para innovar o mejorar algo. Por tanto, una reforma del sistema fiscal debería ser una propuesta para mejorar el  sistema de impuestos. La proposición de reforma fiscal de los “expertos” nombrados por el Gobierno del Partido Popular en España no es una reforma. En absoluto.

Esa propuesta de presuntos “expertos” se limita a obedecer las imposiciones de la Comisión Europea, FMI y OCDE. Es decir, reducir los impuestos directos, subir los indirectos, crear más impuestos especiales y, especialmente, rebajar los impuestos sobre los rendimientos del capital y, de ser posible, ni siquiera considerarlos. Es una obscena contrarreforma fiscal iniciada en los años ochenta del siglo XX de la mano de Reagan y Thatcher fácil de resumir: que los ricos paguen menos y la mayoría ciudadana pague más.

Proponen los aparentes “expertos” rebajar el tipo máximo del IRPF, pero que nunca supere el tipo del 50%, aunque mejor que sea  en torno al 44%. Es decir, los ingresos elevados se benefician de una importante rebaja. Pero los “expertos” dicen que se beneficiarán las rentas bajas. Esa pretendida rebaja fiscal de bajos salarios son limosna, porque lo preocupante es que la ciudadanía pagará por la “reclasificación” del IVA. Determinados bienes y servicios saldrán del grupo que cotiza un 10% de IVA, por ejemplo, y se “reclasificarán” en el del 21%. Si eso no es aumentar el IVA que baje dios y lo vea.

También proponen establecer un impuesto sobre la vivienda habitual, como si fuera renta. Esto es un considerable aumento fiscal que pagarán 13 millones de ciudadanos propietarios de su casa. Como opuso un “experto”, Pedro Herrera, “en momentos en que la morosidad de las hipotecas bancarias es muy elevada, establecer un gravamen adicional por el disfrute de la propia vivienda generará notables injusticias. El impuesto afectará a muchos perceptores de rentas modestas y bajas, pensionistas y parados de larga duración. Tiene razón, aunque se quede corto. La mayoría más pobre, desfavorecida, al final pagará más, aunque no sea a través del IRPF.

Recomiendan los supuestos peritos suprimir deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades, sí. Pero también proponen disminuir el actual tipo del 30% al 20%. Una buena rebaja a las empresas. Se beneficiarán más las que más facturen, es decir, las grandes. También quieren reducir los actuales siete tramos de ingresos del IRPF a cuatro. Cuando es sabido que, cuanto más progresivo es un impuesto, más justo es; es decir, cuantos más tramos de ingresos tiene sobre los que calcular el impuesto a pagar.

El informe también pide suprimir el impuesto sobre el patrimonio así como recuperar la llamada Ley Beckham. La excepción que permite que los extranjeros con grandes beneficios (inversores, administradores, directivos, artistas triunfantes, deportistas de élite…) pagarán el mínimo del IRPF (menos del 25%), en vez del 52% o 56% que les correspondería según la actual normativa.

Beneficio para los menos que tienen más y perjuicio para los más que tienen menos. Eso es lo que proponen en realidad los “expertos”. El remate del despropósito lo borda Manuel Lagares, presidente del comité de “expertos”, al pontificar que “tiene que decir las cosas que ha de decir como economista”. Como si la economía fuera una ciencia exacta e indiscutible. Argüir la pretendida infalibilidad o exactitud de la economía es un penoso intento de coartada que se pretende científica. La misma falacia que esgrimieran los neoliberales en los ochenta: “There is no alternative, no hay alternativa.

¡Qué más quisieran!

La Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental ysolidaria reúne organizaciones sociales, sindicales, ciudadanas, religiosas, de consumidores, ecologistas, coaliciones y ONG para lograr un sistema tributario justo. Esa plataforma explica qué ha de incluir una reforma fiscal equitativa. Y dice que el aumento de ingresos del Estado ha de ser con un sistema de impuestos proporcional, progresivo, suficiente y redistributivo que garantice la justicia fiscal. Un sistema fiscal justo ha de luchar prioritariamente contra la evasión o elusión de impuestos y ha de dotarse de personal y medios suficientes para luchar contra el verdadero fraude fiscal; el de las grandes fortunas, rentas altas, bancos, fondos de inversión, grandes empresas y corporaciones transnacionales. Pues todos ellos, con una ingeniería fiscal agresiva, deslocalizan beneficios y capitales y los ocultan en paraísos fiscales. Pero la realidad es que hay pocos medios, personal insuficiente y orden de perseguir los pequeños fraudes y dejar tranquilos a los grandes tramposo fiscales. Así lo han denunciado inspectores y técnicos de Hacienda.

Además, un sistema fiscal justo no ha de apoyarse en impuestos indirectos. Y, por supuesto, ha de establecer un impuesto de sociedades sin trampas que pague más por beneficios obtenidos, además de establecer un impuesto global sobre el patrimonio y las tasa necesarias que graven las operaciones y mangoneos especulativos. Sin olvidar una urgente revisión del Código Civil y del Penal para que los delitos fiscales sean castigados de modo implacable.

Nada en el informe de los “expertos” recuerda ninguna de las medidas que conforman una fiscalidad justa. Pero tienen la osadía de que pretenden hacer una reforma fiscal.