Contra la deuda como modo de dominio, auditorias ciudadanas

Los países siempre se han endeudado, pero hoy la deuda pública es un medio de dominio de la minoría que controla economía y finanzas. Ya en los noventa se utilizó la deuda para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales, hoy la utilización torticera de la deuda amenaza a países de Europa y deteriora el estado de bienestar. La minoría utiliza deuda y control del déficit como cepos con la complicidad de gobiernos, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI.

Los países piden prestado a los bancos porque la recaudación estatal es insuficiente. Es así porque desde los ochenta del siglo XX grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones cada vez pagan menos impuestos, mientras bancos y fondos de inversión especulan con bonos de deuda pública e imponen una destructora austeridad.

Para oponerse a este nuevo autoritarismo, una veintena de asociaciones y movimientos laicos y católicos progresistas italianos crearon en Roma hace unos días el Comité para la Anulación de la Deuda Ilegítima de Italia (CADTM). Comité que se suma a los treinta y seis CADTM que hay en el mundo. Recordemos. En derecho internacional, deuda ilegítima es la que un gobierno ha contraído y utilizado al margen de la ciudadanía o contra ella. Y no se ha de pagar.

Anular una deuda o reestructurarla se hace desde Hammurabi, rey de Babilonia, hace más de 3.800 años. Más cerca, el Acuerdo de Deuda de Londres en 1954 reestructuró la deuda de Alemania con veintiséis países y anulo el 62%. Entre los que perdonaron deuda estaban España y Grecia. Pero la Alemania actual les impone austeridad sin concesiones. Sin embargo, la Historia muestra que reestructurar deudas o anularlas es una actuación necesaria y útil económicamente. La deuda ha devenido problema con la crisis, porque quienes dirigen le economía juegan sucio, manipulando la prima de riesgo de los bonos de deuda pública, por ejemplo.

En febrero de 2009, ante la gravedad del desastre económico, el G20 acordó en Londres dedicar un billón de dólares para ayudar a países con dificultades, acabar con la crisis, luchar contra los paraísos fiscales y controlar los bancos. Ningún propósito se ha cumplido.

La enorme cantidad de dinero que el G20 prometió no fue para ayudar a países con dificultades sino para salvar a los bancos que habían provocado el desastre financiero. Entre tanto los paraísos fiscales, cómplices de la evasión de impuestos que debilita a los Estados, campan impunes mientras bancos y mercados de capitales entran a saco en los países con la deuda como ariete y hacen tambalear sus economías.

Oponerse a la deuda o vivir sojuzgados por ella. Esa es la cuestión. En España, el pago de intereses supera los 30.000 millones de euros anuales. ¿Qué harán? ¿Más recortes de servicios? ¿Menos derechos? Una falacia neoliberal recurrente en Europa es que las deudas de los Estados aumentaron por exceso de gastos sociales. Falso. Las deudas de los Estados crecieron en Europa por culpa del tratado de Maastricht que prohíbe al Banco Central Europeo (BCE) prestar a los países de la Unión. Si el BCE hubiera prestado dinero a España al 1% de interés (como lo presta a la banca privada), la deuda pública española sería inferior al 20% del PIB, no el 100% actual. Esta Unión Europea fuerza a los Estados a financiarse con la banca privada cuyos préstamos son más caros que los del BCE. El tratado de Maastricht garantiza el negocio de la banca.

Peor aún es que los enormes beneficios y ahorros de las clases ricas por intereses de préstamos bancarios a Estados, rebaja salarial incesante y evasión de impuestos, son para especular, no para financiar economía productiva. Por cada dólar para economía productiva, la minoría dedica 60 a especular con productos financieros.

Ecuador tenía la mayor partida presupuestaria para deuda pública de Sudamérica. Un 40% de gasto estatal para pagar intereses, mientras gasto de sanidad y educación se reducía al 15%. El Presidente Correa impulsó una rigurosa auditoría de la deuda y, averiguadas las deudas ilegítimas, decidió no pagarlas. Así pudo dedicar más dinero a gasto social (que es respetar derechos) y productivo. Las auditorias ciudadanas de la deuda son un buen camino para que la deuda pública deje de ser un problema.

Sigue el atropello de la Unión Europea a la ciudadanía con la austeridad

La organización global CADTM (Comité Ciudadano para Anular la Deuda del Tercer Mundo) demostró en los años 90 que la deuda pública del Tercer Mundo era ilegítima e ilegal y, por tanto, inaceptable. Hoy en la Unión Europea la deuda es un arma letal en manos del poder financiero a través de sus esbirros euroburócratas y, mientras la Unión concede a España un año o quizás dos para reducir su déficit público, machaca implacable a Grecia.

Ningún país de la Unión puede siquiera dudar de la política de austeridad, reducción del déficit público y religioso pago de la deuda. Ni soñar con moratorias, reestructuraciones o quitas. Aunque las políticas de austeridad y pago de deuda supongan frenazo económico, crecimiento ridículo, más paro o trabajo precario, desigualdad obscena y más pobreza.

Grecia tiene superávit primario, porque ingresa más por impuestos que lo que gasta en pagar a funcionarios y financiar políticas. Pero tiene déficit final, porque ese superávit se lo come el pago de intereses de la deuda. Si pagará menos intereses, no tendría déficit. O si el interés a pagar fuera tan bajo como el que el BCE concede generoso a la banca por inyectarle millonadas de liquidez.

¿Que Grecia tenga déficit por abonar intereses mueve a sus ‘acreedores’ a ofrecer un pago más llevadero? Evidentemente, no. Y además exigen ‘reformas’. Que en román paladino significa que una amplia mayoría de la ciudadanía griega verá vulnerados sus derechos y lo pasará peor. Los principales acreedores de Grecia, por cierto, son FMI, BCE y eurozona. Tienen casi el 80% de la deuda griega.

Hablando de déficit, cabe señalar que España tiene déficit primario, porque lo recaudado con impuestos es menos que lo que gasta. Más 30.000 millones de euros de pago anual de intereses de deuda. El déficit español es considerable y su deuda, mayestática.

¿Por qué ese diferente trato con Grecia y España? Porque el gobernante Partido Popular (como el gobernante PSOE con Zapatero) no cuestionan la política de austeridad de la Unión Europea. Grecia lo hizo y, aunque luego cedió, ha sido atropellada para escarmiento de terceros. Ahora el FMI pide más ‘progresos’ para que los acreedores (que son ellos) concedan un tercer rescate. Sin más ‘reformas’ no hay rescate.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha remachado que solo habrá acuerdo de acreedores’ (ellos) y Gobierno griego si éste hace las reformas pendientes. Y cuando los burócratas de la UE o del FMI piden ‘reformas’, la gente común ha de apretarse el cinturón. Para que no suene a extorsión (que es lo que es), Moscovici hace un brindis al sol y dice que “se necesita un paquete de reformas creíbles, económicamente adaptadas, financieramente sostenibles y socialmente justas”. Increíble la desfachatez de esos euroburócratas.

Muy comprensiva, esa ‘troika’ reconoce la dificultad de “grandes reformas fiscales y de las pensiones” que el gobierno griego ha de hacer sí o sí. Las de las pensiones se traducirán en pensiones aún más reducidas y más dificultades para obtenerlas. Y las ‘grandes reformas fiscales ‘ supondrán que quienes más tienen paguen mucho menos de lo que deberían. Quien pagará más será el pueblo trabajador, mientras el capital pagará impuestos de chiste por sus rentas. Si paga.

Austeridad, rebaja del déficit, recortes presupuestarios, reducción de pensiones y demás obscenidades… lo paga el pueblo trabajador. Millones de griegos en estado crónico de incertidumbre y amenazados por la pobreza. No se merecen eso. Harvey tiene razón cuando explica que, además de la explotación de siempre por la que la minoría dominante se queda con el beneficio del esfuerzo del pueblo trabajador, hoy además le arrebata lo conseguido tras siglos de lucha: servicios públicos, derechos humanos sociales y económicos, dignidad…

La buena noticia es que la austeridad presupuestaria empieza a considerarse delictiva. En España, un fiscal ha acusado de homicidio imprudente a dos altos cargos de la consejería de sanidad del gobierno autónomo de Galicia. Por no proporcionar medicamentos contra la hepatitis C que evitaría la muerte. Fármacos negados por “razones presupuestarias”.

Por cierto, ahora recordemos que el informe de la auditoría de la Comisión Especial de la deuda griega demostró que gran parte de esa deuda es inmoral, ilegítima e ilegal. Y recomendó no pagar varios tramos de la misma.