Falacia de contraponer libertad y seguridad

Tras los asesinatos en la redacción de Charlie Hebdo, el presidente español Mariano Rajoy declaró que su gobierno protegería las libertades y perseguiría a los radicales. A los dos días, muchos policías patrullaban por Madrid, algunos armados incluso con fusiles. Ésa es su idea de proteger la libertad. Y parece que él y otros gobernantes europeos quieren utilizar el execrable atentado para reducir libertades, recortar derechos de la gente común y controlar más a la ciudadanía. Entrar a saco en Internet, intervenir teléfonos, más controles, menor papel de los jueces… Contra los terroristas, dicen. ¿Acaso éstos llevan alguna marca especial que los distingue de la buena gente? No la llevan, por lo tanto esas medidas nos afectarán a todos ¿Cuántos ciudadanos no verán vulnerados sus derechos por mera sospecha si se aprueban ciertas medidas antiterroristas? Ya hemos conocido situaciones análogas.

El antiterrorismo deviene un peligroso pretexto. A los gobiernos europeos les ha faltado tiempo para poner en cuestión la libre circulación de personas y maniobrar para que policía o servicios de inteligencia husmeen correos electrónicos y llamadas telefónicas sin control judicial. O sacar el ejército a la calle para vigilar las ciudades, como en Francia y Bélgica. Mientras los ministros de Interior de la Unión Europea acuerdan retocar el tratado de Schengen. Para reforzar la lucha antiterrorista, dicen. Schengen eliminó fronteras entre países de la Unión y ahora los mandatarios intentarán reponerlas de hecho. Grave retroceso para el derecho de libre circulación de las personas.

Pero en la vieja Europa los ramalazos autoritarios vienen de lejos. Hace varios años, al tiempo que Francia preparaba un paquete de medidas antiterroristas, tan equívocas y peligrosas como las que se barajan hoy, el entonces ministro de Interior británico, Charles Clarke, amenazaba a los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con reducir a nada la Convención Europea de Derechos Humanos si no ajustaban sus sentencias a la política antiterrorista defendida por su gobierno. ¡Muy democrático!

Otra medida del gusto de los mandatarios europeos es controlar y registrar (aún más) a los pasajeros de líneas aéreas. Para que no lleguen yihadistas a Europa, dicen. Pero, ¿de dónde venían los asesinos de la redacción de Charlie Hebdo? ¿Acaso no eran franceses de tercera generación de inmigrantes magrebíes? No venían de Oriente, sino de las calles de París.

Lo exigible es analizar a fondo por qué dos jóvenes franceses musulmanes decidieron perpetrar esa inaceptable salvajada. Sobre todo si las medidas antiterroristas amenazan libertades y vulneran derechos de la gente común, musulmanes o no. Por no hablar de la responsabilidad de algunos gobiernos occidentales en la financiación y preparación de terroristas. ¿Se ha olvidado que Bin Laden fue financiado por la CIA para combatir a los soviéticos en Afganistán?  ¿Y que Estados Unidos y Francia han convertido la que hace diez años era región sin terrorismo del Sahel africano en zona de violencia armada?

Por otra parte, el dilema seguridad o libertad que pretenden plantearnos es una falacia inaceptable. Con toda razón, Ben Emmerson, relator especial de la ONU para los derechos humanos, asegura que “solo venceremos en la lucha contra el terrorismo si somos fieles a nuestros valores fundamentales: el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Las violaciones de derechos por los gobiernos en nombre de la lucha antiterrorista hacen que las políticas para combatir el terrorismo generen condiciones que propician su expansión. Las medidas eficaces contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos no se contraponen: se han de complementar y reforzar mutuamente”. Y Kofi Annan, ex- secretario general de la ONU, anunció hace tiempo que “los expertos internacionales en derechos humanos, incluidos los de Naciones Unidas, coinciden unánimes en que muchas medidas de los Estados para luchar contra el terrorismo violan derechos humanos y libertades. Claudicar en el respeto de los derechos humanos facilita que los terroristas consigan sus objetivos. Porque nos iguala moralmente a ellos”.

Lo formuló con ingenuidad, pero con claridad, Charles Swift, oficial jurídico de la Marina de Estados Unidos y abogado defensor de oficio del chófer de Bin Laden: “Si nuestros adversarios consiguen que no sigamos las reglas, perdemos lo que somos. Somos los buenos. Y lo demostramos cada día que seguimos esas normas, independientemente de lo que hagan los enemigos”.

Cuanto más se vulneren derechos humanos, más se abona el terreno en el que nacen y crecen los terrorismos.

La democracia, reducida y prostituida por el neoliberalismo

Más de la cuarta parte de ciudadanos del Reino de España son pobres y 700.000 hogares carecen de cualquier ingreso. El hambre llega a España. Los niños desnutridos ya se cuentan por decenas de miles; sólo en la desarrollada Barcelona, su ayuntamiento reconoce más de 2.600 niños desnutridos. Es una situación general de derechos sociales vulnerados.

¿Hablamos de violaciones de derechos sociales en la Unión Europea? Podemos enumerar el sufrimiento creciente de tantas gentes en Grecia, Portugal, Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Italia… Incluso en la próspera (?) Alemania, más de cinco millones de trabajadores precisan ayuda social porque ganan tan poco que no les alcanza para vivir.

En Europa, retroceden también los derechos civiles; antes con el pretexto de la lucha antiterrorista y hoy para frenar el movimiento global de la ciudadanía indignada. Vamos hacia atrás. Porque nunca hay democracia de verdad si no se respetan los derechos de todos.

Y, por si fuera poco, ahora sabemos algo peor que el hecho de que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) espíe a millones de personas en todo el mundo, incluidas Europa y los mismos Estados Unidos. The New York Times ha divulgado que once magistrados, nombrados a dedo, componen un Tribunal de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero, convertido sigilosamente en una especie de “Tribunal Supremo paralelo”. El gobierno de Estados Unidos ha creado un tribunal secreto que, con el paraguas de la lucha antiterrorista, aprueba clandestinamente medidas de “seguridad”, sin responder ante nadie, al margen de cualquier control democrático, para perseguir a quien amenace los intereses de Estados Unidos. Por no hablar de los drones (aviones teledirigidos no tripulados), que ya han asesinado más de 4.700 personas; teóricamente sospechosas de terrorismo, sin juicio ni defensa alguna, y civiles cercanos a esos “objetivos”. ¿Y la presunción de inocencia? ¿Y el derecho a juicio justo?

Ya lo profetizó tras el atentado del 11-S Sandra Day O’Connor, jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos: “Conoceremos las peores restricciones a nuestras libertades de toda nuestra historia”. Como así ha sido y así es.

Además, en ese escenario de agresiones sistemáticas a los derechos civiles y políticos, los Estados ceden poder a instituciones económicas internacionales sin legitimidad democrática alguna (FMI, OMC, CE…) que imponen recetas neoliberales. Con el objetivo de acabar con el estado dicho de bienestar y que la minoría rica sea aún más rica en un mundo cada vez más desigual.

Mientras el poder se concentra en pocas manos nada democráticas, empresas transnacionales, gran banca internacional, grandes especuladores y grandes fortunas promueven el asalto final contra los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Una agresión que no pueden justificar en nombre de la lucha contra el terrorismo, pero perpetran en el del equilibrio presupuestario y la presunta lucha contra el déficit público. Y así hacen retroceder a los países a la situación social de los años cincuenta.

Al ataque sistemático contra los derechos de la ciudadanía cabe añadir que la división de poderes, consustancial con el sistema democrático, se disuelve por la absoluta hegemonía del poder ejecutivo sobre el legislativo y judicial. Los parlamentos, subordinados a los gobiernos, en lugar de controlarlos solo aprueban las leyes que éstos deciden, en tanto que el poder judicial no contradice al gobierno, salvo de modo muy excepcional. Como ha escrito Eduardo Subirats, “el poder financiero del mundo se concentra en manos de un puñado de corporaciones (…) y el autoritarismo del Estado a su servicio se impone con la naturalidad de una voluntad divina”.

Los medios de comunicación rematan el panorama con la ocultación y manipulación de la información que la ciudadanía precisa, excluyendo hechos, contenidos y opiniones opositoras o divergentes. Propiedad de unos pocos, los medios ocultan o maquillan los problemas y niegan las canalladas, al tiempo que esconden a sus responsables, falseando la realidad.

El actual autoritarismo, camuflado como democracia formal reducida a un caro ritual electoral, es una violación sistemática de derechos de la ciudadanía. Porque fascismo es toda doctrina, sistema o práctica política que se pase los derechos humanos por el forro. Y eso ocurre hoy en Europa. El capitalismo neoliberal es incompatible con la democracia, porque no casa con su codicia. La democracia es, ante todo, un sistema ético de derechos, valores sociales y morales, en el que las personas ocupan el primer lugar. Y hoy, en Europa, las personas pintan cada vez menos.

Tiene razón Jürgen Habermas cuando reitera que en Europa desmantelan la democracia . Hasta que la gente común consiga cada vez más poder para cambiar la situación y que sus derechos y necesidades sean la prioridad. Se puede. Más crudo lo tenían con el régimen absoluto y fue expulsado.