Eludir o evadir impuestos es un crimen

En España las ventas de Apple van viento en popa, pero esa empresa no paga impuestos por sus beneficios. En 2011, a Apple España le salió la declaración a devolver, aunque las ventas se multiplicaran por catorce, como se comprueba en el Registro Mercantil. El truco es que Apple España compra productos Apple a Apple Irlanda a precios muy altos… y factura en Irlanda el 99% de sus ventas aquí. Apple España apenas tiene beneficios y le salió a devolver lo anticipado por impuesto de sociedades.

El truco es no declarar beneficios reales en España. Ingeniería fiscal y contabilidad imaginativa, dicen, pero en un mundo decente sería un delito de evasión de impuestos. Por otra parte, en Europa han señalado a Apple como elusora de muchos millones en impuestos y la Comisión Europea ha advertido que debe abonarlos por impuestos no pagados.

Resultado de este panorama fiscal es que la Agencia Tributaria de España ha decidido investigar el impuesto de sociedades, IVA y sobre la renta de 2009 a 2012 de la filial española de Apple que gestiona once tiendas propias que venden mucho.

La Agencia Tributaria ha colocado también en el punto de mira las filiales en España de multinacionales tecnológicas. ¿Desvían beneficios a otros países? Por eso investigan a Google Spain que también tiene una sede en Irlanda. ¿Casualidad? No, el impuesto de sociedades ahí es solo 12.5%. Apple y Google son avanzadas en elusión fiscal, en no pagar impuestos debidos con estructuras empresariales retorcidas y complejas. La elusión aún no es delito, como la evasión de impuestos, pero debería serlo.

Elusión posible porque países como Irlanda y Holanda ponen impuestos reducidos como paraísos fiscales que son. La elusión también es posible por agujeros y resquicios legales de los países en sus normas fiscales. Y, por supuesto, por la nula voluntad política al respecto de gobiernos nacionales europeos, gobierno de la UE, Consejo de Ministros de la UE, Ecofin…

De la voluntad política de Consejo de Ministros Europeo da cumplida respuesta su reacción a la formación de una comisión del Parlamento Europeo de 65 diputados para investigar los Papeles de Panamá. Apenas constituida, el Consejo de Ministros de la UE les ha hecho saber que los Estados miembros no colaborarán con esa comisión. ¿Cuál es el interés del Consejo de Ministros europeo en acabar con la elusión y evasión fiscales? Cero.

Como escribe el economista Fernando Luengo, “el margen de maniobra de las corporaciones transnacionales no cesa de aumentar en un contexto institucional que premia el libre movimiento de capitales y la competencia entre países para recibir inversiones”. Incluida la competencia fiscal. En ese oscuro contexto, a los poderosos les es fácil eludir el pago de impuestos.

Eludir y evadir impuestos ampliamente hace buena la definición de capitalismo de Manuel Freytas cuando afirma que “no es más que una empresa de ladrones comunes que niveló un sistema económico, político y social globalmente para legitimar con leyes un robo masivo y planetario del trabajo social y recursos naturales, disfrazado de economía mundial”.

Nada de eso sería posible sin paraísos fiscales. Un enorme volumen de dinero evadido o eludido transita por esas guaridas financieras. Según la OCDE 240.000 millones de dólares anuales. El resultado de la masiva y continua evasión y elusión de impuestos es que las arcas públicas se reducen, los Estados se debilitan y no se atienden los irrenunciables derechos de la gente.

¿Cómo cabe tanta evasión y elusión fiscales? Porque hasta ahora FMI, G7, OCDE, gobiernos nacionales y UE miran a otro lado ante la evasora conducta de las multinacionales y el fraude de los potentados. Con la complicidad de muchos gabinetes de abogados y asesorías fiscales que proporcionan servicios, trucos y trampas para ocultar información y que los ricos y súper-ricos no paguen impuestos o apenas. Con la ayuda de la banca, por supuesto. Billones de dólares no han sido declarados y no han pagado los impuestos que deberían.

Eludir impuestos o evadirlos es criminal porque quiebra de raíz la solidaridad social imprescindible para que los países no se precipiten en el abismo de la injusticia permanente y la gente pueda vivir con un mínimo de dignidad.

Capitalismo de amiguetes y corrupción institucionalizada

Rodrigo Rato, que fuera poderoso vicepresidente económico de Aznar, fue arrestado durante horas, registrados su despacho y domicilio exhaustivamente por la Agencia Tributaria y acusado de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El encontronazo de Rato con la justicia no es nuevo en su familia. Su padre, Ramón Rato, fue condenado en 1967 a tres años de prisión, por el Juzgado Especial de Delitos Monetarios, por evadir dinero a Suiza. También se condenó al hermano de Rodrigo, Ramón Rato Figaredo, a dos años de prisión y a su tío Faustino a multa de 5 millones de pesetas por complicidad.

Más allá de la significación del personaje o de que el espectáculo mediático de su detención responda a una guerra interna del Partido Popular, el hecho es grave porque ratifica que la corrupción es ilimitada. Presunta, por supuesto. No son unos cuantos casos extraordinarios ni tampoco casos aislados: es que el sistema está podrido. Doménech, Raventós y Búster explican que  “la naturaleza institucional de la corrupción tiene sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en que se transformó el poder empresarial heredado del franquismo con las privatizaciones de la Transición”. Y eso son palabras mayores, porque las políticas económicas de la Transición y corrupciones derivadas generaron un bloque formado por grandes empresas del Ibex 35 y parte de las cúpulas de PP y PSOE, convertido tal bloque en cártel favorecedor de la corrupción. Por eso hay que buscar el origen de la corrupción en las descomunales privatizaciones de un potente sector público, perpetradas en la pretendidamente modélica Transición con la consiguiente formación de poderosos oligopolios. Iniciadas sin dudarlo por Felipe González al frente de gobiernos del PSOE y continuadas con entusiasmo por los gobiernos de Aznar.

Un nada claro sistema de concesión de contratos públicos multimillonarios, esa estructura de multinacionales montadas a partir de sólidas empresas públicas privatizadas, más una política económica y fiscal que han dado y dan una posición dominante y privilegiada a grandes empresas del Ibex 35 son la base de la corrupción. En ese escenario de privatizaciones desatadas cuajó el capitalismo oligopólico de amiguetes que hizo nacer una nueva minoría rica y privilegiada que controla buena parte de la economía del Reino de España. Minoría que copó el Ibex 35 y se sumó como clase dominante a los restos de la aristocracia terrateniente (que esquilma la Extremadura y Andalucía rurales desde hace siglos), a grandes accionistas bancarios, altos cargos financieros y grandes propietarios de la industria.

Ese capitalismo corruptor y corrompido ha hecho nacer y crecer una economía sumergida de la cuarta parte del PIB y también que más de un tercio de billetes de 500 euros que se mueven por Europa lo hagan en España. Maletines con cientos de miles o millones de euros para enjuagues y sobornos. O apuntes contables y movimientos financieros ocultos de cuentas opacas en paraísos fiscales. Lo que coloca a este Reino en el nada admirable puesto 37 en la lista de Transparencia Internacional, tras Taiwán, Chipre o Botswana, más corrompidos que este Reino, y con 60 de índice de percepción de corrupción, a mucha distancia de 100 que es cuando no hay corrupción. Porque esa poca transparencia que indica el puesto 37 significa que hay mucha corrupción. Corrupción rentable, por cierto, porque la minoría que controla la economía ha visto crecer últimamente sus beneficios un 67%.

Y mientras la minoría rica privilegiada se enriquece aún más (tanto ‘legalmente’ con políticas austeras de saqueo y recortes sociales, como delictivamente con la corrupción), crecen de forma escandalosa el empleo precario y los trabajadores con empleo pero que siguen siendo pobres. Crecen desigualdad y pobreza, porque, por ejemplo, de enero a marzo de este año se destruyeron 114.000 puestos de trabajo y hoy aún hay 5.444.600 de parados, 71.000 más que en diciembre de 2011, cuando el PP ocupó al gobierno. Así lo asegura sin dudarlo la última Encuesta de Población Activa (EPA) que envía al traste la fábula de la recuperación y los juegos malabares con los datos de inscritos en el paro y quienes abandonan tal registro, juegos con los que pretenden que se crea empleo.

La corrupción no atañe solo a unos pocos casos, tampoco es una cuestión privada ni aislada de los corruptos, como repiten hasta el tedio portavoces del Partido Popular y del gobierno. Ni es solo cuestión penal. La corrupción es estructural y un letal problema económico, social, político e institucional por ser parte del sistema. Y puede acabar destruyendo este país. A sus gentes, seguro. Y, para acabar con esa corrupción, ya institucionalizada, hay que cambiar el sistema político y económico. De raíz.

Una contrarreforma fiscal amenaza a la ciudadanía

Rebajar impuestos a los ricos, reducir cotizaciones sociales empresariales, eliminar la progresividad del impuesto sobre la renta y aumentar impuestos indirectos son objetivos prioritarios de la élite financiera y económica en cuestiones de tributación.

Antes de la crisis de 1929, los millonarios estadounidenses pagaban un tipo impositivo del 25%, pero a partir de 1932 pagaron el 63% para salir de la Gran Depresión. Y de 1942 a 1944 pagaban un 94% para contribuir a la guerra contra la Alemania nazi y el Japón militarista. Acabada la guerra, los ricos estadounidenses pagaron de nuevo el 63% o más incluso. Hasta que Ronald Reagan fue Presidente y empezó la rebaja de impuestos. La media de tipo impositivo hoy es el 35% en Estados Unidos para rentas altas, pero el especulador estadounidense Warren Buffet (uno de los hombres más ricos del mundo) ha reconocido que él paga un 17,5% mientras sus empleados pagan en proporción mucho más. Porque los ricos realmente pagan menos, mucho menos.

En España docenas de profesionales de la universidad, la economía y la investigación social han firmado un manifiesto contra la reforma fiscal con la que amenaza el Gobierno del Partido Popular la ciudadannía. Reforma fiscal que rebaja impuestos a grandes empresas, banca y rentas altas sin tener en cuenta, además, que España es líder en fraude fiscal. Fraude fiscal y e impago de cotizaciones sociales empresariales por una economía sumergida que mueve 253.000 millones de euros, tanto como la cuarta parte del PIB español. Así lo denuncia Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda. Tanta economía sumergida significan 60.000 millones de euros de impuestos evadidos y 30.000 de impagadas cotizaciones.

Sin embargo, ningún gobierno español ha elaborado el más modesto informe sobre economía sumergida y cómo combatirla. Además, España es el país europeo que menos recursos dedica contra el fraude fiscal: un empleado de Hacienda por cada 1.958 habitantes, frente a uno por 942 habitantes de Francia, por 740 en Alemania y por 722 en Holanda. La Agencia Tributaria española tiene la mitad que la plantilla media de la Unión Europea, pero el doble de economía sumergida. Y más evasión fiscal. Además, en España, el fraude fiscal de grandes empresas y grandes fortunas es casi 3/4 partes de toda la evasión fiscal. Acaso por eso 33 de las 35 grandes empresas del Ibex tienen filiales, delegaciones o empresas pantallas en paraísos fiscales, según denuncia el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Lugares perfectos para esconder capital, transacciones y beneficios. Y no pagar impuestos.

Según explica Eduardo Garzón, el actual sistema de impuestos ya es injusto, porque un 43,4% de lo recaudado se consigue con impuestos muy regresivos (32% de IVA y 11,4% de Impuestos Especiales). Y el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, teóricamente progresivo, en la práctica no lo es. Porque las personas con renta alta pagan en proporción menos que las de renta media. El impuesto de sociedades sólo supone 10% del total recaudado, además de no ser justo porque las 10 mayores empresas del IBEX pagan un 17% mientras pequeñas y medianas empresas abonan el 23%.

A pesar de que grandes empresas, banca y grandes patrimonios eluden y evaden impuestos a placer, la presunta reforma fiscal que prepara el Partido Popular aún los favorecerá más. Y pagarán menos. Pero como el Gobierno necesita aumentar ingresos, la presunta reforma que prepara hará recaer el peso del aumento de ingresos sobre la clase trabajadora, la ciudadanía, la gente común. Con más impuestos indirectos y especiales. Los que pagan lo mismo un camarero que trabaja once horas diarias por 950 euros mensuales que el presidente y consejero delegado de Inditex, Pablo Isla, que se embolsa 8 millones de euros anuales.

Y además el Gobierno reduce los actuales siete tramos de ingresos del impuesto sobre la renta a cinco. Cuando es sabido y demostrado que, cuantos menos tramos tiene ese impuesto, es menos progresivo y más injusto. Porque quien tiene y gana más paga menos en realidad.

La batalla por una verdadera reforma fiscal es crucial. Una reforma con la que pague más quien más tiene y más gane. Una reforma que garantice que se recauda lo suficiente para atender las necesidades y derechos sociales de la ciudadanía. Esa batalla ha de estar en primera fila de la lucha ciudadana. Y frenar la contrarreforma fiscal. Una democracia no lo es de verdad si no tiene un sistema de impuestos suficiente, progresivo y justo. Lo contrario de lo que propone el Partido Popular. Si no se frena esa contrarreforma, una mayoría ciudadana vivirá aún peor