¿Reforma constitucional en España?

En plenas emociones desatadas por la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado octubre, Pedro Sánchez propuso a Mariano Rajoy crear una comisión del Congreso para reformar la Constitución y así prever y evitar otras crisis como la catalana.

De entrada parece buena noticia , pero… Siempre hay un pero. O más. Resulta que Rajoy y Pedro Sánchez han acordado señalar límites a la futura reforma constitucional en la comisión del Congreso de los Diputados. ¿Qué reforma es ésa que se recorta antes de empezar a hablar, antes incluso de constituirse esa comisión?

¿Esa comisión solo abordará reformas que afecten a la organización territorial? ¿Y hasta dónde? Lo peor es que Rajoy y Sánchez están de acuerdo en que de ningún modo la reforma constitucional pueda convertirse en un proceso constituyente. ¡Hasta ahí podíamos llegar! En cuanto a la posibilidad de referendos pactados en las comunidades autónomas (núcleo de la actual crisis política con Cataluña) no será abordada en esa comisión presuntamente reformista de la Constitución. Porque lo impedirán los votos de PP y PSOE.

¿Reforma constitucional? Sinceramente, está por ver incluso en la postura más optimista. Aunque, vistas las declaraciones de dirigentes del Partido Popular y algunas de la vieja y rancia guardia del PSOE, parece que todo quedará en juegos de espejos y sesiones de maquillaje. Como decía Giuseppe di Lampedusa, se cambia para que todo siga igual.

Qué poco le ha durado a Pedro Sánchez y a ‘su’ PSOE la voluntad de ser y actuar como gente de izquierdas de verdad. Aunque no dejen de adornar sus actos y mitines con la frase de que son la izquierda. Un viejo refrán en latín macarrónico asegura que excusatio non petita, accusatio manifesta; cuando te excusas mucho, en realidad te acusas. Cuando repites mucho algo es que no estás muy seguro de que sea.

El bipartidismo ha vuelto, aunque más complicado y retorcido que en el pasado. Ahí están Rajoy y Sánchez que ahora se entienden como ‘hombres de Estado’. A ver si alguien me define de una puñetera vez que quieren decir cuando dicen ‘hombre de Estado’.

En fin, nos toca sufrir una situación política mucho más peliaguda que hace unos meses para cambiar las cosas para bien. Algo que hemos de agradecer a la estupidez política de los dirigentes independentistas catalanes que sin la menor duda han contribuido a fortalecer el más rancio e irracional españolismo cuando parecía haber retrocedido. ¿Cómo pueden marcarse el farol de proclamar la independencia, luego envainarla, aceptar la aplicación del artículo 155 y añadir que la independencia no es la única vía para resolver los problemas de Cataluña?

Un servidor nunca ha sido independentista, sobre todo si la independencia la ha de conseguir la burguesía catalana (una de las más peligrosas de Iberia, vista la historia del siglo XX). Y aún menos si esa independencia pretendía lograrse con la participación de la CUP, que se define anticapitalista, pero va de la manita del PdeCat que si algo es sin dudarlo es precisamente muy partidario del capitalismo. Una CUP que participa en las elecciones del 21 de diciembre, aunque las considera ilegítimas. Seamos serios, participa en las elecciones porque no van a renunciar a los privilegios (incluidos los económicos) que supone lograr unos cuantos diputados. Por mucho que lo disfracen con frases rimbombantes de responsabilidad política.

Volviendo al Reino de España, ¿va a haber una reforma constitucional que merezca tal nombre? ¿Una reforma que abra un horizonte diferente en este reino que debería dejar de serlo? Harto difícil cuando la misma Constitución impone que “cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Y el nuevo texto constitucional que se redactara también deberá ser aprobado por dos tercios de ambas Cámaras. Lo que, vistas las correlaciones de fuerzas y las vigentes (e injustas) leyes electorales, convierte en misión imposible reformar de verdad la Constitución de 1978. Especialmente visto el escaso entusiasmo del PSOE. No olviden que reformar significa ‘cambiar algo para innovarlo y mejorarlo’

Lo que podemos esperar son juegos de ilusionismo: nada por aquí, nada por allá. ¡Ale hop!

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Lo que no se ve tras el conflicto entre gobierno PP e independentistas

Llevamos todo un trimestre con una agitación política y mediática que no cesa a propósito del conato (que en realidad no fue) de proclamar el señor Puigdemont, la independencia de Cataluña. Y ahí cabe alguna precisión que otra sobre la verdadera entidad del conflicto (que haberlo, haylo).

La crisis en Cataluña se ha utilizado también para que muchas noticias relevantes que tenían que haber alterado ánimos ciudadanos hayan pasado como si no hubieran sido. Por ejemplo, el final del juicio del caso Gürtel, en el que, según concluyó la fiscal anti-corrupción, Concepción Sabadell, “ha quedado abrumadora y plenamente acreditada la existencia de la caja B del PP” que financió al partido. Una caja B que acumulaba el importe de las comisiones ilícitas al Partido Popular por adjudicar obra pública y contratos también públicos

También caso Gürtel, poco ha destacado que el inspector-jefe, Manuel Morocho, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama Gürtel , haya declarado que hubo presiones y querellas contra la UDEF para frenar la investigación, que la financiación irregular del PP es “corrupción en estado puro” y que dirigentes como Mariano Rajoy cobraron sobresueldos en negro.

Sorprendentemente (o no) esa noticia no ha salido en las portadas del País, ni de ABC, ni de El Mundo, ni de La Razón ni, por supuesto, en los sumarios de los telediarios de TVE. Los titulares han sido mayoritariamente sobre y contra los independentistas catalanes.

Tampoco ha destacado la prensa que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el ex-vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero, por haber creado “sociedades en el extranjero para defraudar a la Hacienda Pública“.

Y no se ha visto bastante que Alberto Ruiz Gallardón está imputado por prevaricación y falsedad documental en el supuesto y delictivo “desvío de fondos” para comprar una filial latinoamericana del Canal Isabel II.

Entre otras cosas tampoco ha destacado de modo suficiente (que debiera) que el Gobierno Rajoy reduce por tercer año consecutivo la inversión en Sanidad, Educación y Protección Social, mientras la deuda pública alcanza el billón de euros. Tampoco se ha destacado que el gobierno Rajoy ha tirado a un cajón la muy necesaria ley de reforma hipotecaria que había de acabar con el aumento de desahucios injustos sin alternativa para la gente desahuciada.

Pero tal vez lo peor sea que ministros de Rajoy admitan que se podrían devolver competencias autonómicas al gobierno central en la comisión de reforma constitucional del Congreso. Esos ministros han propuesto una regresión autonómica como opción aceptable. Que por ahí van los tiros lo demuestra la declaración del ministro de Justicia, Catalá, al decir que “algunas políticas, que tuvieron sentido quizás en un momento inicial de consolidación del Estado de las autonomías, ahora manifiestan disfunciones disonantes“. Mientras la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, defiende que “se puede reformar en un sentido o en otro“. Lo que suena fatal y apesta a despótico.

Al final resultará que la derecha rancia, corrupta y autoritaria, directa heredera del franquismo, podría salirse con la suya: volver de facto a un repugnante escenario franquista.

Pero solo será si se lo permitimos.

En tal situación, ante las cercanas elecciones catalanas, hay que empezar por pedir a los independentistas de ERC que, tras haber fastidiado tantas cosas con su ausencia de realismo político, precipitación y pésimo cálculo, olviden la DUI y fantasías semejantes. El objetivo del 21 de diciembre ha de ser una mayoría parlamentaria en Cataluña, pero no independentista sino radicalmente democrática. Para vencer a los que se autodenominan ‘constitucionalistas‘ que no son más que la derecha de siempre que solo acepta el sistema democrático si mandan ellos.

Ese es el objetivo porque, entre otras razones , el enemigo de la ciudadanía y de la clase trabajadora catalana y de todo el Estado no es España sino la clase dominante española que, por cierto, todos estos años se ha dado el pico con la clase dominante catalana hasta noviembre de 2014.

¿En qué cabeza cabe un proceso político en el que van de la mano los muy neoliberales y austericidas recortadores de presupuestos sociales del PdeCAT (antes CiU) con los que dicen ser anticapitalistas de la CUP?

Ahora toca poner en apuros al régimen dinástico bipartidista del 78, que aún respira y puede hacer mucho daño. Y las elecciones al Parlament de Catalunya es un buen modo de hacerlo.

Empleo y paro no son los que dice el gobierno del PP

Un reciente informe de la Comisión Europea sobre evolución social y empleo en Europa expone que la economía española se recupera, pero a un alto precio. Confirma que España sufre una tasa de desempleo del 19% y la consecuencia del altísimo desempleo y la precariedad que crece es que en España el 28,6% de población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Como Letonia, Lituania o Grecia.

No ha sido fácil estar a la cola de lo social de la UE. Han tenido que perpetrarse reformas laborales; en realidad contra-reformas, porque reformar en buen castellano significa cambiar algo para mejorar, que no es el caso.

Las contra-reformas permiten, por ejemplo, que un médico de familia firme en once meses 50 contratos de trabajo. Que otro asalariado encadene desde hace diez años en Correos contratos de seis meses seguidos y despidos de seis meses. Que otro trabajador firme ocho contratos de cuatro meses en una universidad de Madrid. Trampas y más trampas que perjudican a los trabajadores. Sin olvidar que solo el 5% de los contratos son indefinidos y a jornada completa o, lo que es igual, el 95% de nuevos empleos no lo son.

Quienes detentan el poder económico y sus cómplices políticos recurren a la macro-economía para ocultar la cruda realidad. Pero la macro-economía no dice la verdad sobre la vida de la gente trabajadora al presumir de crecimiento económico. El crecimiento económico (como lo entiende el neoliberalismo) no supone empleo suficiente ni garantiza una vida digna a los asalariados.

Hay dos ejemplos históricos de crecimiento económico que no suponen justicia ni vida decente para la clase trabajadora ni para el campesinado: Brasil y México. Ambos países crecieron sin interrupción en el siglo pasado año tras año. Sin embargo, no desapareció la pobreza; ni siquiera se redujo de moto notable. Pero sí aumentó una obscena desigualdad.

En España, el gobierno del Partido Popular presume de crecimiento y pretende que el país se ha recuperado de la crisis. Pero no es así para la gente común que son millones de personas. A mediados de este año, por ejemplo, había en España 1.700.000 asalariados con contratos encadenados: un 10% de los trabajadores con empleo. Y el verano que acaba aportó el peor dato de empleo desde 2008: en agosto se destruyeron 46.400 empleos y la Seguridad Social perdió 180.000 cotizantes. También aumentaron los contratos temporales hasta el 27% y sabido es que esos contratos están mal pagados.

Sin embargo, semanas antes, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) provocaron una injustificada euforia en el gobierno del Partido Popular. El PP proclamó la recuperación económica, pero solo dos meses después la innegable realidad de un mercado laboral frágil e insuficiente fue evidente de nuevo.

No es cierto que se crea empleo cuando se trabajan muchas menos horas. En 2009, en España se trabajaron 654 millones de horas, pero en 2016, cuando en teoría la economía despegaba, solo se trabajaron 613. Y 41 millones de horas trabajadas menos equivalen a cinco millones de jornadas a tiempo completo menos. ¿Cómo pretenden que hay crecimiento cuando se trabajan tantos millones de horas menos?

Que haya más empleos no significa demasiado para la gente trabajadora, pues gran parte vive en la incertidumbre y no puede llevar un vida digna. Por eso a Cáritas y a los bancos de alimentos les crece el trabajo. Algunos empleos más significan poco si no mejora la vida de la gente .

No es solo cuestión de más empleos; hay que ver qué empleo y como se paga . En realidad, muchos ocupados son subempleados pues trabajan bastantes menos horas de las que necesitan para vivir con dignidad. Actualmente hay 1.940.000 personas subempleadas, tantas como a finales de 2008.

Como denuncia José A. Llosa, “hacer un discurso de recuperación económica sustentado sobre una tasa de paro (19%) que duplica con holgura la media europea ( 8,5%) parece un juego peligroso, máxime cuando, tal y como indican los últimos datos de FOESSA, el 70% de las familias españolas no ha percibido ninguna clase de mejoría respecto a su situación en la crisis”.

La actual situación laboral precaria, y por tanto social, es así porque los gobiernos del PP han creado las condiciones para que los trabajadores pierdan con la austeridad, los recortes y la contra-reforma laboral. En beneficio de la clase empresarial, sobre todo la que controla las multinacionales, el Ibex 35.

Salarios más bajos, menos prestaciones sociales que hace 10 años y una precariedad laboral que campa a sus anchas deterioran la vida de los trabajadores. Esa transferencia de rentas de abajo hacia arriba es la única recuperación económica. Solo para la clase empresarial.

En conclusión, el paro según la EPA no refleja la verdadera situación laboral del país. Excluye de la cifra des parados a los inmigrantes que han vuelto a sus países, a los trabajadores nacionales que emigran y a los desanimados que ya no buscan empleo, que hoy se calcula rondan los 800.000. Y eso sin contar además que el cómputo oficial  considera empleados a quienes la semana anterior a la encuesta ¡hayan trabajado una hora! Una realidad falseada.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior puede afirmarse que en el Reino de España hay cuanto menos un 10% de parados más que lo que dice la EPA según fuentes de algunas organizaciones sociales. Para rematar el panorama laboral real, cabe añadir la demostrada pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. Los funcionarios, por ejemplo, han perdido un 15% de poder adquisitivo con los gobiernos del Partido Popular y los pensionistas el 3,5% desde 2013.

Ese es el panorama real de empleo y paro.

Transición, ruptura y democracia

Se celebró el 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas en España en 1977. Pero la jaleada Transición, de la que esas elecciones fueron eje, no fue el tiempo de concordia que se pretende. El 3 de marzo de 1976 tres trabajadores murieron en Vitoria por disparos de la Policía Armada. Dos más morirían días más tarde. De la brutal represión da cuenta una comunicación por radio de la policía que actuó en Vitoria, minutos después de las muertes, recuperada y revelada posteriormente: “Dile a Salinas que les hemos dado la paliza más grande de la historia“.

Cuatro meses después, Martín Villa, un franquista reformista, ocupó la cartera de Gobernación, que luego se llamó Interior. En menos de tres años murieron 44 españoles a manos de la policía y otros 108 fueron heridos de gravedad y hospitalizados por disparos de policías y grupos de extrema derecha que colaboraban en reprimir manifestaciones. Una Transición que no fue tiempo de paz, sino de violencia por represión constante, terrorismo y guerra sucia. De 1975 a 1983, en España hubo 591 muertes por terrorismo de extrema izquierda, extrema derecha, guerra sucia y represión, según el libro La Transición Sangrienta de Mariano Sánchez. De esos muertos, 188 fueron homicidios para mantener el orden, alentados e incluso organizados desde alguna cloaca del Estado, según Sánchez. Además, en el año de elecciones 1977, la Policía cargó muy violentamente contra hombres y mujeres en unas 800 manifestaciones en toda España. Porque imponer el orden público era determinante para frenar a la izquierda que finalmente renunció a ocupar las calles.

Los franquistas reformistas supieron pronto que el tinglado franquista o parecido no era posible, muerto el dictador. Aunque al principio de la llamada transición tampoco tenían intención de ir a una democracia sino montar algo controlable. Pero grandes sectores de la población española, liderados por la clase trabajadora, se movilizaron contra la dictadura y el gato por liebre en política. Desde 1973 a 1982, España fue el país europeo con mayor agitación social y las mayores protestas obreras conocidas en Europa occidental desde el final de la segunda guerra mundial. Como nos han contado Sartorius y Alberto Sabio en su obra El Final de la dictadura, solo en 1976 hubo más de 17.700 huelgas en las que se dejaron de trabajar 150 millones de horas. Esa presión trabajadora y popular hizo posible acceder a una democracia aceptable. Tras cada movimiento positivo de la monarquía o de los franquistas reformistas había siempre grandes movilizaciones obreras. Huelgas y movilizaciones, por ejemplo, movieron al rey a despedir al presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, tan incapaz de controlarlas como de proponer algo viable.

Pero, como cuenta Ferran Gallego, una élite política franquista controló buena parte de la Transición desde el Estado y la Constitución no surgió de la ruptura con la dictadura sino por la alianza del reformismo franquista con PSOE y PCE, sobre todo. Fue un ministro franquista, Adolfo Suárez (que fue secretario general del Movimiento Nacional, el partido único franquista), quien preparó las primeras elecciones.

Los franquistas nunca tuvieron voluntad de ir hacia una democracia y si la Transición no acabó en agua de borrajas fue por la movilización de la clase trabajadora. La izquierda quería la ruptura pero no confío en la clase trabajadora y en la ciudadanía y aceptó la reforma. Carrillo propuso al PCE aceptar al rey y la bandera rojigualda, sin consulta democrática alguna, atemorizando al Comité Central con el ruido de sables.

Para disponer del escenario completo, cabe recordar que, además de la condena de la España franquista por la ONU en febrero de 1946, el Consejo de Europa en 2006 condenó de nuevo las “violaciones graves de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a1975“. La ONU también suspende a España por mantener símbolos franquistas, por la Ley de Amnistía de 1977 (que viola la legislación internacional e impide juzgar crímenes franquistas), por suprimir la Justicia Universal y por negarse a exhumar desaparecidos localizados y forzar que las exhumaciones sean privadas.

Hoy siguen pendientes los grandes problemas políticos (Estado y naciones, forma de Estado…) porque la canonizada Transición y lo que vino después no han sabido resolverlos. Lo que lleva a pensar de nuevo en romper con todo eso.

Estados Unidos abandona el Acuerdo de París contra el cambio climético

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, ha comunicado urbi et orbe que retira a su país del Acuerdo de París contra el cambio climático. Ese Acuerdo es un pacto de 195 Estados, en el marco de Naciones Unidas, con medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y frenar al calentamiento global. El objetivo es que, para fin del siglo XXI, la temperatura global de la Tierra no supere los 2º C respecto a la de la época preindustrial.

Aunque ese Acuerdo no es el mejor, ni siquiera bastante bueno, abandonarlo es peor. Sobre todo si lo abandona el segundo país más contaminante del mundo. Porque Estados Unidos es responsable del 15% de emisión de gases de efecto invernadero, aunque su población solo sea un 4% del total.

¿Por qué el de París no es buen Acuerdo? Es muy general, con muchos agujeros. Y propone medidas que tienen demasiado en cuenta a las grandes empresas. Propuestas similares se aplicaron tras la conferencia del clima de Río en 1992 y sabemos que nada resolvieron. Kevin Anderson, especialista del clima de la Universidad de Manchester, nos ha explicado que “tras veinte años de engaños en la lucha contra el cambio climático, no rebasar los 2°C de aumento de temperatura global exige una actuación política decidida y clara”. Que no es el caso. Aún.

Si la seguridad de la gente y la protección del planeta no son prioritarios, el cambio climático no se frenará. Mientras las ganancias de empresas y corporaciones pasen por delante de evitar catástrofes, inundaciones y sequías inacabables, ese acuerdo sirve poco. Pero abandonar el acuerdo, como hace Trump, es peor. Aunque ese abandono no sorprenda cuando Trump ha osado nombrar director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos a Scott Pruitt, un político ultraconservador ignorante en esas cuestiones que tiene la desfachatez de decir que los científicos no se han puesto de acuerdo sobre el cambio climático. Absolutamente falso. Desde los ochenta, la inmensa mayoría de meteorólogos, climatólogos, físicos y otros estudiosos del calentamiento global están de acuerdo en el diagnóstico y gravedad del ya innegable cambio climático.

Mortandad, más problemas de salud, desaparición de medios de sustento en zonas costeras y en pequeños Estados insulares por tempestades, inundaciones y subida del nivel del mar. Sequías severas e incendios muy difíciles de apagar, desbordamientos de ríos e inundaciones. Además, los expertos de la ONU advierten que aumentará el riesgo de muerte y enfermedad en los cada vez más abundantes períodos de calor extremo. Lo sabemos; en verano de 2003, una ola de calor causó en Europa la muerte de veinte mil personas más de las normales en verano. Y los fenómenos meteorológicos extremos destruirán infraestructuras vitales de suministro de agua y electricidad. Otro riesgo grave es la voluminosa reducción de la producción de alimentos. Más la dificultad progresiva de disponer de agua potable y de riego, lo que supondrá menor producción agraria y más campesinos pobres. Todo eso es lo que nos amenaza.

Frenar el cambio climático significa reducir en serio la emisión de gases de efecto invernadero. Los que producen la gasolina, diésel, carbón, gas… Ardua tarea, cierto, pero imprescindible. Y posible.

Los expertos en cambio climático de Naciones Unidas han publicado desde 1988 cinco informes sobre el calentamiento global y como afrontarlo. Los informes demuestran la gravedad del problema. No será como una película de desastres de Hollywood, en la que de repente desaparece una isla en medio de grandes efectos especiales. Los efectos nocivos del aumento de temperatura global serán más lentos, pero no menos implacables. En realidad, muchas islas del Pacífico ya han perdido terreno por elevación del nivel del mar.

Reducir de verdad las emisiones de gases de efecto invernadero exige una actuación política decidida y valiente. No hay otra. Y conseguir una conciencia colectiva de que nos va la vida de no frenar el calentamiento. Con medidas donde no prime el beneficio ni el crecimiento sin límite como motores. Donde lo que interese sea la gente, las personas, su vida, salud y bienestar. Y proteger el planeta. Porque no tenemos otro. Eso o la catástrofe está asegurada. La barbarie. La alternativa es el acuerdo global que en verdad frené el calentamiento. Y, para empezar, convencer al pueblo de EEUU que se incorpore a la batalla. O no lo contamos.

España y Portugal, dos gobiernos muy diferentes ante la crisis

En Portugal, el gobierno de izquierdas, formado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d’Esquerdas, dice adios a la austeridad. A diferencia de lo que le pasa al PSOE en el Reino de España, el partido socialista portugués no ha olvidado el significado de la palabra ‘socialista’. Y en julio de 2015, el Gobierno portugués de coalición que preside Antonio Costa, descartó nuevas medidas de austeridad en una carta a la Comisión Europea: “No tenemos propuestas ni medidas adicionales de austeridad para 2016 ni para 2017“, dejo claro el ministerio portugués de Finanzas.

Finalmente, en 2016, tras dos presupuestos generales de la coalición de izquierdas, Portugal ha vuelto a crecer y ha rebajado el déficit fiscal al 2,1%, cuatro décimas menos que lo exigido por el implacable Eurogrupo. Pero lo más importante es que los portugueses han recuperado salarios, pensiones y empleo en cifras anteriores al inicio de la traída y llevada crisis. Con estímulos e impulso real a la economía productiva, negada la rigidez presupuestaria exigida por Alemania, Portugal levanta cabeza.

No ocurre lo mismo en el Reino de España que gobierna el partido Popular con la insustancial complicidad de Ciudadanos y los dubitativos movimientos de presunta oposición y abstenciones del PSOE. Porque lo que sucede en Madrid, Valencia, Andalucía y otras comunidades autónomas, por ejemplo, es que la ciudadanía espera mucho más tiempo que hace cuatro años para ser operados en quirófano. Y eso supone más riesgos. Y también muestra que algo va mal en Valencia, Granada, Málaga, Palma, Barcelona, Burgos, Madrid y otras ciudades, la formación de largas colas de miles de personas para recibir periódicamente paquetes de alimentos con aceite, arroz, leche, azúcar, pan, pasta, legumbres, zumo… Sin embargo, esas largas colas en grandes ciudades no las veréis nunca en los telediarios de ninguna televisión. Son las colas del hambre. Y del hambre no se habla.

Sin embargo, la cruda realidad muestra que la organización solidaria Banco de Alimentos, por ejemplo, solo en Madrid ha distribuido más de 20 millones de toneladas de alimentos para ayudar a unas 200.000 personas. Por tanto cabe concluir que hay hambre en España. Lo remacha un estudio de La Caixa sobre gente pobre en sus programas de ayuda. Según ese informe, 30.000 familias con niños pasan hambre en España y 60.000 menores de edad han pasado o pasan hambre con frecuencia. Comen muy poco durante el día y nunca cenan, al tiempo que más de 700.000 hogares en España no tienen ingreso alguno y sobreviven por solidaridad familiar y ciudadana. Hace siete años esos hogares sin ingresos eran menos de medio millón. Sin olvidar que un 15% de trabajadores, aún con un empleo y salario, son pobres. Pobres de verdad. Lo que incluye hacer cola cada equis tiempo para conseguir un paquete de alimentos y no pasar hambre. Alimentos que no proporciona el gobierno, sino la solidaridad ciudadana. Da igual que España ratificara en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Sociales, que reconoce el derecho de cualquier persona a no pasar hambre y tener la alimentación adecuada en cantidad y calidad. Da igual, porque lo de este gobierno es parloteo y brindis al sol, pero no tomar medidas para asegurar ese derecho y otros contra la pobreza y la desigualdad que genera más pobreza.

Sin embargo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, pretende que salimos de la crisis. ¿Con estos hechos, con esos datos? Vivir para ver. Tan falaz visión nada tiene que ver con la auténtica recuperación de derechos del pueblo trabajador, que sería superar la crisis de verdad. Como han empezado a hacer en Portugal. Pero no  es salir de la crisis que solo se recupere la minoría, las élites económicas y financieras, cuyos beneficios e intereses defienden Rajoy, su gobierno y su partido con tanto ardor.

A modo de didáctico ejemplo, ¿cómo explicar que aumenten tanto los turistas en España (y los ingresos por turismo) cuando no crece un ápice el empleo en el sector ni mejoran los salarios de sus trabajadores? Solo crecen los beneficios de la minoría propietaria del sector turístico. Pero eso no es recuperación. La recuperación es de todos o no hay recuperación. Si no crece el empleo ni aumentan los salarios ni se restauran derechos laborales, estamos otra vez ante una transferencia de rentas del pueblo trabajador a la minoría rica. Y eso en modo alguno es superar la crisis. Eso en buen castellano es saqueo.

Sin vida digna para todos, la recuperación es una paparrucha

El gobierno, cómplices, secuaces y aliados entonan incesante el magnificat de la creación de empleo. Y parece que hay más empleo, pero ¿qué empleo? No es oro lo que reluce. No se recupera tanto empleo como se alardea y la mayoría de empleos son precarios, inseguros, de corto vuelo y salario miserable. Por eso ya hay un 15% de asalariados pobres. Y en aumento.

Lo cierto es que demasiada gente soporta una vida difícil. El Instituto Nacional de Empleo (INEM) afirma que hoy hay 3.720.297 personas en paro inscritas en sus listas a la espera de un trabajo, pero no son todos los parados. Y la Encuesta de Población Activa (EPA) dice que los desempleados son 4.574.700. Pero esa tampoco es toda la verdad.

Datos oficiales indican que en España hay 33.385.425 personas en edad laboral, de 16 a 64 años, y personas con empleo, dadas de alta en la Seguridad Social, son poco más de 17 millones. La diferencia son 15 millones, que no son parados, pues hay que restar las personas fuera del mercado laboral por causas diversas. Estudiantes, discapacitados con pensiones reducidas, pre-jubilados a los 60 años o antes… Pero entre todos y algunos más no reducen la resta a cuatro millones y medio, porque los números de la EPA siguen sin ser ciertos.

La encuesta sobre el paro no cuenta quienes no tenían empleo la semana anterior a la consulta ni quienes no lo tienen en las dos semanas siguientes. Ni figura como empleado quien tiene un trabajo que dejará de tener en una semana. Por otra parte, los asalariados parados que hacen cursos de formación profesional no cuentan como desempleados. Ni se cuentan las personas que han desistido de buscar empleo, tras años de no encontrarlo. Una situación que no aparece en las encuestas. Las cifras oficiales de paro en España no responden a la realidad. La gente sin trabajo remunerado es bastante más que la reconocida, porque la EPA no lo cuenta todo.

Que economía y mercado laboral no van tan bien como pretenden lo muestran, por ejemplo, los miles y miles de expedientes de regulación de empleo (ERE) que han afectado a 1.200.000 trabajadores en los cinco años de reforma laboral del PP. El Ministerio de Empleo informó que de 2012 a 2016 se presentaron 90.000 expedientes de regulación de empleo. Expedientes que provocaron 236.000 despidos y algo más de 730.000 suspensiones de contratos. A ese casi millón de afectados cabe añadir 228.000 trabajadores a los que se les redujo la jornada y, por tanto, el salario. Curiosa recuperación.

Es esclarecedor que en 2016 el PIB creciera un 3,2%, pero algo más de 3.600 empresas presentaron unos 4.900 ERE, que supusieron 22.200 despidos, 44.000 suspensiones de contrato y unas 7.600 reducciones de jornada laboral. Más de 70.000 trabajadores afectados, sin contar despidos puros y duros o contratos de semanas, días e incluso horas. Que las cifras económicas oficiales poco o nada tienen que ver con la vida real de la gente se ve en el sector turístico, por ejemplo. El aumento de turistas, del que tanto presume el gobierno, no repercute en la situación real de los trabajadores y trabajadoras. Y sí, han venido más turistas, que han ocupado más plazas hoteleras, pero ese aumento no se ha traducido en más empleos ni ha beneficiado a los trabajadores del sector con mejores salarios. Pues mientras los turistas aumentan un 20% desde 2008 y un 9% lo hacen las plazas hoteleras, los empleos del sector hotelero son casi los mismos de hace ocho años. Solo se ha computado un ridículo 0,63% de aumento de empleo, según la Encuesta de Coyuntura Hotelera del Instituto Nacional de Estadística. El mismo número de trabajadores para atender a muchos más turistas con los mismos salarios o menos. Quienes se recuperan son algunas empresas, no la gente trabajadora.

Las grandes cifras económicas no interesan salvo que supongan una vida mejor para el pueblo trabajador. Una vida digna. Llegar a fin de mes sin agobios; alimentarse bien; poder afrontar gastos imprevistos sin zozobras; mantener el hogar a temperatura adecuada (sin temer un sablazo de electricidad o gas); levantarse por las mañanas sin temer la incertidumbre del día… El colmo sería que la gente asalariada pudiera ahorrar algo. Pero ¿cómo se ahorra con salarios de 700 euros o menos?

Sin vida digna para la gente, lo demás son paparruchas.