Cobrar una pensión decente no es principio ‘inspirador’ sino un derecho a ejercer

El fin de semana de 14 y 15 de abril, miles y miles de pensionistas salieron de nuevo a la calle en un centenar de manifestaciones y concentraciones por todo el Reino de España para exigir pensiones dignas. Tercera vez en poco tiempo que los pensionistas toman las ciudades para exponer alto y claro sus reivindicaciones que se resumen en exigir pensiones dignas.

A pesar de esa claridad en su reivindicación, Rajoy ha tenido la desfachatez de responderles, que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Sin embargo, sí hay recursos para salvar de la quiebra autopistas que no hacían falta (las radiales de Madrid o la de Madrid-aeropuerto de Barajas). O para salvar bancos.

Hay recuperación económica según las macrocifras, pero no es verdadera, pues no permite subir las pensiones ni actualizarlas según el coste real de vida. Solo son beneficios para la minoría por la contra-reforma laboral del Partido Popular que no ha logrado reducir el paro a niveles europeas, ha disparado el trabajo precario, cronificado los bajos salarios y abierto a los jóvenes un horizonte sin futuro  con un 37% de paro.

La OCDE advierte a España

También la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se ha referido a los pensionistas españoles. En un reciente informe alerta de que en España “será difícil garantizar una pensión decente“. En ese escenario, los fondos privados de pensiones están encantados con la reforma del sistema español de pensiones, perpetrada  por el gobierno Rajoy. Porque les ofrece un gran espacio de negocio para captar más y más asalariados que suscriban sus mal llamadas pensiones privadas. Por eso Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco (Instituciones de Inversión Colectiva), declaró que, con la previsible bajada de las nuevas pensiones en los próximos años, las públicas “deberían complementarse con un sistema de capitalización“. En román paladino significa que pretenden crear grandes fondos de inversión para especular en los mercados financieros. Fondos alimentados con las aportaciones mensuales de millones de asalariados, claro.

Como en Reino Unido y Holanda, por ejemplo, Inverco espera una oleada de suscripciones a sus sistemas privados de pensiones, por la empobrecedora rebaja de las pensiones públicas.

Pensiones ‘privadas’, especulación y crisis financieras

El problema es que el dinero de esos planes de pensiones es para especular. Pero la especulación financiera es muy suya. Solo recordemos que desde 1873 ha habido varias crisis financieras internacionales de desagradables consecuencias para mucha gente.

Hubo crisis ese año en las bolsas de Viena y Nueva York, crisis que provocó una profunda recesión internacional. En 1890 la hubo en Argentina y Uruguay y la crisis de 1907 afectó a EEUU, Canadá y México. La más conocida de 1929 estalló por el colapso de la bolsa de Nueva York y provocó la Gran Depresión que empobreció a más de medio mundo y estuvo en el origen de la Segunda Guerra Mundial. En 1982, hubo una crisis atroz por las deudas externas de América Latina. Y en 1989 y 1990 hubo crisis financiera en Japón más las crisis asiáticas de 1997 y 1998. En 2001 hubo en EEUU la crisis financiera de las empresas puntocom, por la euforia especuladora con las empresas del naciente mundo de Internet.

La crisis de 2008 es la actual y más conocida porque estalló en los mercados financieros de Nueva York y Londres en otoño de 2008 y luego siguió la recesión mundial. Aún colea y el origen de la crisis estuvo en la monumental estafa de venta de bonos-basura que ocultaban préstamos hipotecarios incobrables que envenenaron el sector financiero, reduciendo los balances bancarios a casi nada.

Fiar la futura pensión privada complementaria del jubilado a la especulación financiera es verdaderamente arriesgado. Es lo que tiene frecuentar malas compañías y especular en mercados financieros, que te arriesgas a perder hasta el aliento.

Pensiones ‘privadas’ como complemento, negocio para fondos de inversión

Pero reconozcamos que Inverco no quiere que desaparezcan las pensiones públicas. Deben existir, asegura su presidente, y defiende combinar las pensiones públicas con las aportaciones de fondos privados. Lo que no dice es que esos fondos y bancos implicados presionan para que las pensiones públicas se rebajen más y más y los asalariados crean que han de suscribir planes privados de pensiones. Así harán negocio los fondos de inversión, tras los que están los grandes bancos.

Desde el sector de fondos privados de pensiones dan por hecho que la reforma de las pensiones de 2013, perpetrada por el Gobierno Rajoy, hará perder poder adquisitivo a los pensionistas. Según el Banco de España, habrá una caída muy significativa de la tasa de sustitución de 20 puntos porcentuales en 2060. Esa tasa es el porcentaje de la pensión de jubilación a cobrar respecto al último sueldo de la etapa laboral. Calculen. En unas décadas, las pensiones serán una quinta parte más bajas que las actuales. Si hoy cobras 1000, cobrarás 800. El mundo al revés. Las pensiones bajarán en vez de aumentar, pero la vida y los precios no dejarán de subir.

Desde el Banco de España explican que esa rebaja de pensiones será por aplicar el índice de revalorización del gobierno del PP. Invento para que las subidas anuales de pensiones sean siempre las mínimas: ese miserable 0,25%. Será así porque la Seguridad Social siempre estará en déficit, pues así lo han preparado Rajoy y su gobierno. Por ejemplo, apuntando como pérdida de la Seguridad Social los millones pedidos al gobierno para abonar la última pensión extraordinaria de diciembre, cuando podía haber sido solo una transferencia interna y no constar como déficit.

También se rebajarán las pensiones por el ‘factor de sostenibilidad’, segundo invento de Rajoy. Un moderno pillaje (en vigor desde el año que viene para los pensionistas que se jubilen en 2019) que incorpora la esperanza de vida al cálculo de la pensión, aunque no han dicho nada de como será. La embaucadora propuesta es que, como vivimos más años, el dinero de las pensiones se rebaja para atender esos años de más. Como si fuera un dinero fijo, intocable e inamovible. Y no es así. El dinero para pensiones debe ser el que se presupueste sin cálculos raros. Ese ‘factor de sostenibilidad’ pretende que, si vives más años, cobras menos pensión y, si no te gusta, muérete. De hecho, hubo un alto cargo del gobierno de Japón que pidió a los jubilados de su país que se hicieran el hara-kiri para contribuir al equilibrio presupuestario. Y no es un chiste.

El truco de la esperanza de vida

Incorporar la esperanza de vida (cada vez mayor en países desarrollados) para calcular las pensiones es perverso y falaz. Porque la esperanza de vida es un futurible inexacto e impreciso, más la falsedad manifiesta de que el dinero para pensiones se da a entender que es de un volumen limitado. ¿Por qué ha de serlo? Hablamos de derechos y la pensión es un derecho humano. Pero les da igual y el Banco de España ya ha profetizado que las pensiones públicas solo serán posibles… si se recortan. Lo que supondría una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas… hasta que la mayoría caiga en riesgo de pobreza y exclusión social.

Lo cierto y justo es que hay que dar puerta al sistema actual por el que las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores activos. Ya no sirve en tiempo de inseguridad económica. Lo que ha de imperar en las pensiones públicas es que recibir una pensión decente es un derecho indiscutible sin necesidad de recurrir a complementos de fondos privados.

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, denuncia desde hace años el disparate económico de hablar de insostenibilidad de las pensiones, porque, aunque hoy se financien con las cotizaciones de los trabajadores, no tiene porque ser así. Hay estados (Dinamarca o Suecia), donde las pensiones se financian con impuestos. Como otras partidas del presupuesto.

Para financiar las pensiones (y todos los derechos sociales necesarios) sobran los inventos tramposos de sostenibilidad. La solución es una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Es decir, Justicia Fiscal. Y no marear la perdiz con la insosteniblidad de las pensiones públicas, falacia nada sutil en beneficio de los fondos de inversión, la banca en general y otros negocios capitalistas dignos de toda sospecha.

Cobrar una pensión decente es un derecho a respetar a rajatabla. No es un principio ‘inspirador’, sino un derecho a concretar en dinero suficiente. Cobrar una pensión ha de ser un derecho tangible, intrínsecamente relacionado con el derecho esencial que hace posibles todos los demás: el derecho a la vida del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues, si no se dispone de medios materiales que garanticen la existencia (alimentarse, vestirse, vivir bajo techo, calefacción en invierno), el derecho a la vida es una burla. Y una pensión digna asegura los medios materiales y garantiza, por tanto,  el derecho a la vida.

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Urge recuperar en España una democracia sin rebajas ni autoritarismos

En los últimos días ha ocupado portadas y sumarios de medios informativos el escándalo de las notas falsificadas en la concesión de un máster universitario a la presidenta del gobierno autónomo de la región de Madrid, Cristina Cifuentes. Por lo publicado, más allá de falsear notas y otras irregulariades destapadas que han engrosado esa bola de nieve, como han denunciado algunos medios, el caldo de cultivo de tan impropia actuación podría ser que ese instituto de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que organizaba el máster engordaba la lista de alumnos para sacar más beneficio económico, llegó a hacer convalidaciones en grupo, retocar calificaciones y falsificar firmas, como ha demostrado la documentación aportada por el periódico digital eldiario.es, el que más a fondo ha denunciado ese escándalo.

El partido Popular quería tener su propia universidad y ésa fue la Rey Juan Carlos. Como han denunciado algunos profesores y alumnos de la misma, ésta se habría convertido en área de colocación para dirigentes del PP tras tener que dejar algún cargo público. Un dato esclarecedor al respecto es que el número de profesores visitantes (figura flexible que permite dar clases en una universidad sin pasar por oposiciones o ser profesor titular) suele ser cuanto más un 1% del cuerpo docente, pero en la Rey Juan Carlos ese porcentaje asciende al 25%.

Parece haberse cumplido el refrán de que cuando el río suena, agua lleva y la URJC ha suspendido al responsable del máster que dice haber hecho la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, y expedientado también a la funcionaria que cambió sus notas, además de plantearse retirar el máster a Cifuentes.

El escándalo de los notables atribuidos a Cristina Cifuentes en dos asignaturas del máster, sin siquiera haberse examinado como ha informado eldiario.es, no sorprende demasiado, porque el Partido Popular y los gobiernos que sostiene (central o regionales) nos han acostumbrado a portadas de los medios informativos por sus diversas presuntas corrupciones, algunas ya demostradas. Tanto es así que hoy hay un millar de cargos públicos y dirigentes de diversos rangos del PP acusados, procesados o incluso ya condenados en inacabables causas por corrupción.

La desvergüenza de un máster otorgado sin haber asistido ni un solo día a clase ni haber podido mostrar nunca el trabajo de fin de máster, estalla unas cuantas semanas después de que Guardia Civil, fiscales y jueces de instruccción hicieran público, tras la investigación de los casos Gúrtel, Púnica y derivados, que el Partido Popular ha financiado ilegalmente campañas electorales desde hace décadas.

Por lo publicado, esa financiación ilegal habría utilizado el viejo método de conseguir dinero contante y sonante de empresarios por adjudicarles obras y contratos públicos por comisiones del 3% del total adjudicado ilegalmente. Tal financiación habría pagado actos electorales de las elecciones generales que ganó Aznar en el año 2000, Francisco Camps las regionales de la comuidad autónoma de Valencia y Rita Barberá las del ayuntamiento de esa capital.

No es preciso insistir en el volumen y gravedad de la corrupción (que afecta al PP y sus gobiernos, pero de ningún de modo exclusivamente) por ser un tema harto conocido. Pero sí cabe señalar que el deterioro de la vigente democracia (obra del régimen político surgido de la Constitución de 1978) ha aumentado, por ejemplo, con ataques contra la libertad de expresión por la llamada Ley Mordaza, aprobada el 30 de marzo de 2015. ¿Por qué recordar ahora la ley Mordaza? Porque aunque corrupción es soborno y cohecho, también es perversión según el Dicionario de la Lengua española. Y esa ley Mordaza, denunciada por Amnistía Internacional, y Jueces y Juezas por la Democracia y profesores de derecho penal, ha corrompido la normal vida democrática de este Reino y provocado situaciones tan kafkianas como meter en la cárcel a raperos y escritores de tuits por palabras escritas o dichas, no por verdaderos delitos, mientras juzgados y condenados por corrupción (Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, por ejemplo), no van por ahora a la cárcel y, como Urdangarín) puede vivir en Suiza gozando de libertad, con las únicas condiciones de presentarse ente el juez una vez al mes y deber comunicar si sale de Europa.

Si estuviera entre nosotros don Quijote, hoy parafrasearía “con la ley Mordaza hemos topado, amigo Sancho”. Como será esa ley Mordaza que un editorial del estadounidense diario The New York Times instó a la Comisión Europea a condenar esa ley, basándose en el informe del relator de Naciones Unidas para derechos humanos, quien también pidió a los legisladores españoles que derogaran esa ley.

Pero ahí está, autoritaria e intocable la ley Mordaza, al tiempo que aumentan las sentencias por delitos que no son tales en países democráricos, pero que encierran a los procesados en la cárcel con penas que no son precisamente leves. Y eso es corromper la democracia. Aunque aún más preocupante sea el encarcelamiento desde hace medio año de dirigentes independentistas catalanes, acusados de rebelión.

Sobre el delito de rebelión, del que se acusa kafkianamente a dirigentes catalanes independentistas para justificar su prisión, cabe recordar que, según el Código Penal español, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Y no ha habido ningún alzamiento violento en Cataluña, ni siquiera violencia digna de ese nombre. Al respecto vale la pena reproducir las palabras del profesor de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo: “El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los ex-miembros del gobierno catalán no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de la euro orden del juez instructor es un delito imaginario, un delito que solo existe en la imaginación del Juez”.

No hay duda de que en los últimos años, al tiempo que la llamada crisis empeoraba la vida de la ciudadanía española, ha habido un innegable avance del autoritarismo, de agresiones contra las libertades, como la de expresión. Sin embargo renace alguna espranza tras la confortadora sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea, que ha condenando al Reino de España por imponer una pena de carcel de dos años a unos jóvenes que quemaron fotos del Rey. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión ha afirmado sin el menor resquicio de duda que esa acción fue un ejercicio de libertad de expresión. Si la máxima autoridad judicial europea en derechos dice que quemar una fotografía del Rey es libertad de expresión, ¿qué hacen en la cárcel raperos y tuiteros por haber dicho o escrito da igual qué? Como tampoco hay rebelión que valga en la actuación de los independentisas catalanes encarcelados o imputados. Por eso tampoco puede seguir la actuación injusta y prepotente del gobierno Rajoy y de otros poderes polícos. Una actuación que erosiona y deteriora día tras día el sistema democrático.

Urge recuperar en España una democracia, digna de tal nombre, sin rebajas ni la menor interpretación autoritaria.

 

Los jubilados españoles se cabrean y llenan las calles del Reino de España

El sábado 17 de marzo hubo un montón de concentraciones y manifestaciones de jubilados y pensionistas en un centenar de ciudades españolas. Por la mañana y por la tarde. Y no eran miles los manifestantes, como titularon pusilánimes los medios con un sospechoso en ocasiones exceso de prudencia, sino cientos de miles. Si en Bilbao se manifestaron más de 110.000 personas, en Madrid 60.000 y en Barcelona más de 50.000, si sumamos hasta cien ciudades más de todos los tamaños ¿no serán realmente cientos de miles los manifestantes y concentrados, incluso un millón o más?

Los manifestantes reivindicaban pensiones dignas y, especialmente, denunciaban con rabia (por considerarlo una tomadura de pelo) el modo de actualizar las pensiones; ese aumento anual del 0,25% de las pensiones. Aumento que en la practica y con cifras reales parece un chiste malo porque supone menos de un euro, un euro, dos o tres euros de aumento, cuanto más.

Según los clásicos indicadores capitalistas del crecimiento económico (PIB, inversión, consumo exportaciones, ventas…) en el Reino de España ha habido recuperación económica. Pero, por lo visto, la recuperación de Rajoy no da para subir las pensiones. Ahí radicaría la evidente indignación de los cientos de miles de jubilados que ocuparon las calles . Por esa vital razón, pero también, por la desfachatez del jefe de gobierno, Mariano Rajoy, quien en el Congreso de los Diputados rechazó alto y claro subir las pensiones. Como también se negó a tener en cuenta el aumento del coste de la vida que señala el Índice de Precios al Consumo (IPC) para actualizarlas. Y, para mayor guasa, anunció una rebaja del IRPF a los pensionistas como ayuda.

Una burla porque resulta que el 63% de los jubilados ya no pagan IRPF (evidentemente por la pobreza de sus pensiones) como ha explicado la asociación sindical de Técnicos de Hacienda (GESTHA), conocida por sus rigurosos informes sobre Hacienda e impuestos. Por tanto, las rebajas fiscales para los pensionistas es otro brindis al sol. Además, ¿de que serviría la reducción anual de unas docenas de euros o máximo unos pocos cientos (si fuera el caso) cuando el resto de meses del año (sin declaración de renta ni posible devolución) se sigue recibiendo una pensión de miseria?

Las cifras hablan por sí solas. En España hay 8.700.000 pensionistas de los que casi un millón perciben 150 euros mensuales (unos 90.000 incluso menos) o algo más. Luego 2 millones cobran de 551 a 650 euros. Entre unos y otros, casi un tercio de pensionistas perciben pensiones en el umbral de la pobreza o menos. Un 2.000.000 de pensionistas perciben de 651 euros a 1000 euros y quienes reciben pensiones de más mil euros hasta 2.580, son algo menos de tres millones de pensionistas.

Resumiendo, dos millones y medio largos de pensionistas tienen pensiones dignas, otros tres millones están en riesgo de pobreza (o se han precipitado en ella) y unos dos millones setecientos mil están entre dos aguas, entre Pinto y Valdemoro. Ni suficiente para no sufrir apuros ni riesgo de pobreza.

Es evidente por lo expuesto que hay muchos más jubilados con pensiones bajas (incluso de miseria) que quienes perciben pensiones dignas. Y, ante esas cantidades y porcentajes de gentes en riesgo de pobreza y exclusión social, uno diría a Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro, Fatima Báñez y demás personajes y personajillos del gobierno del Partido Popular, ¿porque no intentan vivir con 600, 800 o incluso 1000 euros de ingresos mensuales? Aunque, para ser exactos, hay que añadir que las pagas públicas, (y las pensiones lo son) son catorce: doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias, una antes del verano y otra semanas antes de las fiestas navideñas. Pero, aunque esas pagas extraordinarias aumenten un tanto los ingresos de los jubilados, no resuelven una realidad evidente: las bajas o muy bajas pensiones que se abonan en el Reino de España. A quienes perciben 600 euros mensuales, ¿qué les arregla que dos veces al año les paguen 1.200 euros para llevar un vida digna sin apuros?

Para rematar la execrable injusticia de pensiones insuficientes y a menudo indignas, recibir una pensión no es gracia o favor sino uno de los derechos humanos que proclama indiscutible y claramente la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22) que España ha firmado y ratificado. Y eso significa que ha de respetarla, aplicarla y desarrollarla.

Para mayor cachondeo, el gobierno Rajoy ha propuesto que desde 2019 las pensiones se calculen según la esperanza de vida (aunque no ha dicho cómo) y los conocedores de la materia ya han adelantado que ese sistema supondrá rebajar la cuantía de las futuras pensiones. Por otra parte, la actualización anual de las pensiones desde hace tres años no tiene en cuenta el coste de la vida ni el aumento de precios sino el estado general de la economía, aunque el mínimo a aumentar será siempre el citado y ridículo 0,25% de la pensión.

Ante la petición de la oposición parlamentaria de que se aumenten las pensiones, Rajoy ha respondido que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Olvida Rajoy (sin referirnos por ahora a los miles de millones para Defensa camuflados en partidas de otros ministerios) que sí hay dinero, Dinero desviado, evadido o saqueado por su incompetencia, irresponsabilidad o complicidad. Olvida también (o simula no saber) que el Estado pierde cada año 150.000 millones de euros: 90.000 por corrupción y 60.0000 por evasión de impuestos. Cifras oficiales. ¿Porqué el gobierno que preside no se toma en serio acabar de una vez con la corrupción y el fraude fiscal? ¿O, cuanto menos, reducirlos notablemente? Porque es posible.

¿Comprenden por qué las y los pensionistas están tan cabreados?

Partido Popular, conflicto catalán y legalidad

En el conflicto desatado por la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y los sucesos consecuentes, tal vez la palabra que se haya oído con mayor insistencia haya sido: legalidad.

Rajoy, miembros de su gobierno y dirigentes del Partido Popular no han cesado de denunciar a los independentistas catalanes y reclamar como prodigioso abracadabra su retorno a la legalidad. El cúmulo de declaraciones, exigencias, peticiones y amenazas se resume en todo con la legalidad, nada sin la legalidad.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de legalidad?

El diccionario de la lengua española define la legalidad como “cualidad de lo que es conforme a la ley“, explicación muy esclarecedora. Por tanto, la cúpula del PP, con Rajoy a la cabeza, al citar tanto la legalidad, pide a los independentistas que actúen conforme a la ley. Veamos un poco más a fondo.

Más allá del hecho innegable de que la ley (toda ley, cualquier ley) no es monolítica sino interpretable (y por eso hay abogados, fiscales, jueces, varias instancias y recursos ante éstas), la legalidad, actuar conforme a ley, lo abarca todo y obliga a todos. No caben excepciones ni afecta solo a una parte de la actuación política, social o económica. Pero según las muy abundantes declaraciones de dirigentes y cargos públicos del Partido Popular, en el Reino de España parece que solo estarían fuera de la legalidad los independentistas catalanes. Sin embargo, tal aserto se desmiente ante el agitado panorama político y socio-económico real.

¿Cuántas situaciones, hechos y actuaciones no “conformes a ley” se dan en este Reino, además de los perpetrados por independentistas catalanes?

A modo de esclarecedor paradigma, ¿es conforme a ley que tantos cargos públicos del PP hayan adjudicado presuntamente obras y contratos públicos a empresarios, que a su vez han donado cuantiosas cantidades de euros en efectivo con las que se han financiado actos de campañas electorales del PP? Según el analista Gustavo Buster “actualmente están imputados cuatro exministros, seis expresidentes de comunidades autónomas, cinco expresidentes de Diputación, cinco parlamentarios nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas, tres extesoreros nacionales del partido, y hasta 800 concejales y cargos menores del PP, de un total de 1800 cargos públicos investigados“. Esclarecedor.

¿Es conforme a ley pagar en negro regularmente a altos cargos del Partido Popular tal como mostraron los papeles manuscritos de Luis Bárcenas, ex-tesorero del PP ? En el actual clima de pedir cuentas a los independentistas catalanes ¿no cabría exigir también a cargos públicos y dirigentes políticos del PP, no solo que “vuelvan a la legalidad” (y los corruptos devuelvan el dinero ilícito sustraído) sino que asuman las responsabilidades políticas por haber permitido tal desbarajuste de corrupción, dimitan y acepten las sanciones que les correspondan?

En otro orden de cosas, ¿es conforme a la ley que el ministro de Interior ignore la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que declara ilegales las “expulsiones en caliente” de refugiados y otros migrantes y declaré públicamente que no la cumplirá?

Y, ya metidos en harina, ¿es conforme a ley que el PP financiara de forma ilegal la campaña de las elecciones generales del año 2000, (dirigida por Rajoy, por cierto) que dio a José María Aznar la mayoría absoluta como se documentó y denunció entonces medios de comunicación?

¿Respeta la legalidad la presunta abundante financiación bajo mano y en efectivo de varias campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana a cambio de contratos y obras públicas como se ha testificado en procesos por corrupción y han ratificado los técnicos de Hacienda?

Incluso la Fiscalía Anti-Corrupción pidió la condena del PP por lucrarse de una financiación delictiva. ¿Son conforme a ley los nuevos chanchullos, enjuagues y corrupción que se descubren en las investigaciones judiciales en marcha (caso Lezo, Canal Isabel II…)?

¿Es conforme a ley que el gobierno de Rajoy oculte a la ciudadanía los multimillonarios sobrecostes de grandes obras pagadas por el Gobierno de España, sobrecostes conocidos hoy en los juicios de corrupción de los casos Gürtel y Taula ?

En otro orden de cosas, ¿es conforme a ley que el gobierno del PP de España no cumpla las once recomendaciones del Consejo de Europa para luchar contra la corrupción ni muestre indicios siquiera de que vaya a hacerlo? No es una cuestión menor, pues la corrupción cuesta a los españoles 90.000 millones de euros al año según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Cuánto no mejorarían los servicios a la ciudadanía, la atención a los desfavorecidos, la disminución de la pobreza, la ayuda a los parados (que disminuye) y un largo etcétera con unos presupuestos generales del Estado que ingresaran unos cuantos miles de millones de euros más?

Hay más hechos y situaciones, no conformes a ley, protagonizados por cargos del PP y entonces cabe preguntar: ¿cuánta desfachatez más piensa mostrar el PP, que no cesa de reivindicar la legalidad al hablar de Cataluña? Aquí se cumple del todo lo de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

No estoy nada de acuerdo con los independentistas catalanes. Pero eso no quita que la hipócrita y cínica conducta del PP en el conflicto catalán despoje a los populares de cualquier credibilidad al mentar la legalidad.

No hay dos modos de entender la legalidad. No actuar conforme a ley es quebrantar la ley. Bien sea convocando un referéndum ilegal, saqueando las arcas del estado o haciendo un corte de manga a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Si elaboráramos una lista de partidos que han gobernado e infringido la legalidad, el PP estaría ahí y acaso no en los últimos lugares. Por eso sería de agradecer que dejen de citar y citar el respeto a la legalidad, algo en lo que no tienen práctica ni costumbre.

Como está de verdad la clase trabajadora

De nuevo el ruido mediático armado alrededor de la investidura de Carles Puigdemont, por ejemplo, desvía objetos de atención mucho más importantes. Como cual es la situación real de la clase trabajadora en el Reino de España ahora.

Para empezar la maniobra de marear la perdiz, se suele atosigar al personal con titulares de descenso del paro y, por supuesto, del índice de crecimiento económico. Pero sin concreciones, sin detalles, sin matizar, sin contexto. Y, al no haber matiz ni contexto que concreten y ajusten la realidad económica y social se impide que el personal compruebe que no es oro todo lo que reluce.

Hay menos paro, sí, pero aumentan, por ejemplo, los llamados empleos vulnerables en España. Empleos con “altos niveles de precariedad”, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Empleos con elevado nivel de inseguridad, temporales (por supuesto), de ingresos irregulares, indecentes e insuficientes, además de menor protección social. Eso es lo que hay.

Según la previsión laboral de la OIT para 2018, esos empleos vulnerables también aumentan en número y porcentaje en todo el mundo y ya afectan al 43% de trabajadores y trabajadoras. Casi la mitad de la clase trabajadora.

La OIT ha publicado su informe ‘Perspectivas sociales del empleo en el mundo para 2018 en el que precisamente destaca el aumento de esos “empleos vulnerables” en el mundo y ya son 1.400 millones de personas las que los soportan. Sobre todo en esos países que se denominan ‘en desarrollo o emergentes’, que en realidad y sin eufemismos son países ricos en recursos, pero con grandes desigualdades y grandes mayorías de pobres.

El informe de OIT, entre otros datos, expone que el crecimiento económico mundial fue del 3,6% en 2017 y que el crecimiento se mantendrá , pero ¿de qué sirve el crecimiento si gran parte de la población no lo nota ni beneficia su vida cotidiana?

Que el panorama no es para echar cohetes, a pesar del anunciado crecimiento, lo demuestra que para 2019 se prevén 193 millones de desempleados en el mundo… cuando en 2017 hubo 193 millones de parados. ¿En dos años cero parados menos?

Y, si concretamos en el Reino de España, hablamos de salarios y de como está de verdad la gente común, encontramos el muy esclarecedor dato de que estos años de crisis han supuesto 37.000 millones de euros menos para la clase trabajadora por recortes salariales. Mucho dinero que no han percibido los trabajadores.

Lo cierto y documentado es que la minoría rica ha aprovechado la crisis en todo el mundo, y de modo especial en España, para ajustar cuentas con la clase trabajadora. Ha sido así hasta el punto de que en Davos(Suiza), en el Foro Económico Mundial (que reúne a los más ricos del mundo con la comparsa de algunas ONG y representantes de Estados) se ha reconocido que la desigualdad económica aumentó también el año pasado. Lo confirma un dato esclarecedor: sólo ocho varones ricos poseen tanta riqueza como la suma de los ingresos de los 3.600 millones de personas más pobres de la humanidad, según informe de Oxfam dado a conocer en Davos. Un año más, la súper concentración de riqueza sigue imparable. El crecimiento económico sólo beneficia a quienes más tienen, que en definitiva son muy pocos.

En Davos se ha reconocido que el 1% más rico de la población posee más que el restante 99% de habitantes de la Tierra. Una minoría rica que aumentó además un 82% su patrimonio el año pasado. Esa brutal desigualdad social es un enorme obstáculo para eliminar la pobreza en el mundo, veneno para la sociedad según Oxfam.

Fruto de todos esos abusos, en el Reino de España la remuneración de los trabajadores es aún inferior a los ingresos de los trabajadores al principio de la crisis. Si en 2016 los salarios sumaron 532.852 millones de euros, resulta que en 2008 (año del inicio de la crisis) los salarios fueron superiores a los de hoy: 559.777 millones de euros según datos del Instituto Nacional Estadística (INE). La clase trabajadora de Reino de España en estos diez años no solo no ha conseguido más salario (que sería lo justo y lógico) sino que ha perdido. Si durante ese tiempo los salarios se hubieran actualizado según la inflación, los trabajadores habrían ganado 37.000 millones de euros más, el 3,5% del PIB anual.

Que no pretendan que vamos bien, porque es un insulto a la inteligencia.

Recordando películas de gángsteres


Interior de un bar de Chicago, en plena Ley Seca. Un hombre vulgarmente trajeado, que lleva una pequeña maleta, la deja junto a la barra y a renglón seguido ofrece venderle cerveza al dueño del establecimiento.“No insistas. Déjanos en paz. Nos las arreglamos bien; tenemos cuanto necesitamos -contesta el dueño-. Además, esa cerveza que vendes es muy mala”.

No se trata de que la cerveza sea buena o mala -replica sonriente el hombre-, sino de que la has de comprar”.

No la compraré” -asegura el dueño del bar.

No te preocupes, amigo -responde el hombre-, no volveré por aquí”. Y sale por la puerta, pero deja la maleta junto a la barra.

Una niña que ha ido a comprar al establecimiento se da cuenta del olvido, coge la pequeña maleta y va hacia el hombre trajeado que ya está fuera del local.

Señor, señor, señor se deja…”

Una tremenda explosión corta la frase, destroza al local y mata a la niña.

Esta secuencia del filme Los intocables de Brian da Palma muestra tal como es el neoliberalismo que nos invade y desposee. No importa que la cerveza sea mala: hay que comprarla. ¿Comprendéis? Porque lo único que les importa son los beneficios. Ganancias. Más y más. Por encima de todo. Ahí están, por ejemplo, los funestos tratados bilaterales de inversión (NAFTA, CETA, TTIP…) que dan todas las ventajas a las multinacionales y ninguna a los gobiernos, vacían la democracia (porque los parlamentos no pueden legislar contra lo injudto de los tratados) y atan a los Estados de pies y manos. A mayor beneficio de corporaciones y empresas multinacionales.

Esa ‘cultura’ de más beneficios por encima de todo es muy evidente en la oscura actuación de la muy poderosa industria farmacéutica. La avidez de ganancias de las empresas farmacéuticas, que el escritor John le Carré ha denunciado con crudeza en varias novelas, recuerda la calaña moral de los tiempos de Capone. Sin ir más lejos, mostró esa inaceptable codicia empresarial Marijn Dekkers, consejero delegado de la multinacional química y farmacéutica Bayer, en declaraciones a la revista Bloomberg Business Week, hablande de medicinas, patentes y precios en el llamado tercer mundo. A la afirmación del periodista de que la población de la India, por ejemplo, no podía afrontar el precio de un nuevo fármaco de Bayer contra el cáncer, el alto ejecutivo respondió sin el menor rubor: “Nosotros no desarrollamos ese medicamento para los indios; lo hemos desarrollado para los pacientes occidentales que pueden permitírselo“.

Abundando en la catadura de las farmacéuticas multinacionales, el premio Nobel de Química de 2009, Thomas Steitz, acusó a los laboratorios farmacéuticos de no invertir desde hacía años en investigar antibióticos definitivos que curen de una vez por todas. Las farmacéuticas prefieren producir medicamentos que el paciente tenga que tomar toda la vida, porque no tienen la menor intención de que la gente se cure del todo.

Otra muestra, esta vez nacional, de esa ilimitada apetencia de beneficios la muestra este titular de diario.es : El Gobierno niega ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las farmacéuticas. Una descarada y nada disimulada actuación del ministerio de Hacienda a favor de Farmaindustria, la patronal farmacéutica.

A las comunidades autónomas que solicitaron ayuda financiera estatal extraordinaria hace unos meses, Hacienda les propuso firmar un convenio con la patronal farmacéutica. El convenio obliga a las consejerías de sanidad autonómicas a comprar los medicamentos de marca de Farmaindustria (más caros que los genéricos). Sin ese compromiso de compra (que asegura las ventas y ganancias a las farmacéuticas) no hay fondos extraordinarios. Hacienda impuso ese requisito para transferir algo más de diez mil millones de euros extras del Fondo de Liquidez Autonómico a varias comunidades autónomas y así, mientras se recortan los presupuestos de sanidad pública, el gasto en medicamentos (sobre todo si son de Farmaindustria) aumenta el 23%. Pero si las consejerías de sanidad gastan en fármacos de marca menos que el volumen indicado en el convenio promovido por Hacienda, los gobiernos autonómicos han de compensar a las empresas de Farmaindustria.

¿No recuerda la secuencia cinematográfica del principio ? Aunque sean más caros hay que comprar los fármacos de marca. Si no se hace, ni un euro extra.

Hacienda dice que la adhesión al convenio con las farmacéuticas es voluntaria, pero Carmen Montón, consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, aseguró que el convenio pone entre la espada y la pared a las autonomías que necesitan dinero del Fondo de Liquidez Autonómico.

¿Recuerdo de Chicago años 30?

Hasta después de fiestas os dejo con la decepcionante (y casi inútil) lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europeaa

Como era de temer, la lista oficial de paraísos fiscales de la Unión Europea, publicada el 5 de diciembre, ha decepcionado. Recordemos que paraíso fiscal es un territorio soberano donde la oscuridad y opacidad económica y financiera es dogma de cumplimiento obligado  y donde especuladores financieros, corporaciones, grandes fortunas y titulares de innumerables transacciones financieras esonden su patrimonio y beneficios y no pagan impuestos o son muy reducidos.

En la lista negra de paraísos fiscales según la Unión Europea solo están Samoa Americana, Bahrein, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), que se caracteriza por el rigor de sus informes y estudios, ha elaborado su propia lista de paraísos fiscales con 130 territorios offshore, 30 países en una lista negra y otra gris de 100 paraísos que favorecen la evasión y la elusión de impuestos.

GESTHA considera que la lista europea es muy incompleta y no servirá para luchar de modo eficaz contra la evasión de impuestos porque deja fuera importantes y afresivos paraíso fiscales. Además de que esa lista debería incluir todos los territorios con escasos o ningún impuesto y todos aquellos donde la banca, los registros de empresas y la actividad mercantil son oscuros o están ocultos.

La Unión Europea también ha elaborado su lista gris. Otros 47 territorios sospechosos que no son de fiar fiscalmente, pero que dicen que cambiaran sus normas fiscales para ser blancos impolutos. En esa lista gris están Andorra, Armenia, Liechtenstein, San Marino, Turquía, Isla de Man, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Vietnam, Tailandia, Hong Kong, Suazilandia, Botsuana, Perú, Uruguay, Jamaica, Bermudas, Islas Caimán y Nueva Caledonia. Como para fiarse. Aparte de que cuesta aceptar que algunos de esos sospechosos territorios no estén en una lista negra (incluso muy negra), sorprende que no estén Luxemburgo ni Holanda ni Irlanda, que no son un modelo de lealtad fiscal precisamente.

Según la UE, los Estados de la lista “gris” deberán modificar sus leyes fiscales para finales de 2018 como máximo, salvo los países en vías de desarrollo sin centros financieros (en realidad, países empobrecidos), que tendrán de plazo hasta 2019. Si no cumplen, van a la lista negra de paraísos fiscales. Seguro que eso los aterroriza.

Pero todo eso suena a chiste malo si la Unión Europea no sanciona a los paraísos fiscales, sean del color que sean. Sanciones por mantener leoninos acuerdos de libre comercio, convenios contra doble imposición, en realidad, malabarismos normativos para que las multinacionales paguen muchos menos impuestos. Sanciones que incluyan negar financiación de la UE a territorios negros o grises y prohibir a las instituciones y entidades públicas de la UE abrir cuentas u operar en esos territorios así como prohibición de contratar a empresas que operen en paraísos fiscales.

Pero las sanciones debieran aplicarse también a asesorías fiscales, bancos, gabinetes de abogados, contables y otros asesores que participen o hayan participado en esos oscuros territorios en actividades o acuerdos empresariales fiscales de carácter ilegal, ilícito o perjudicial o que hayan perpetrado planes fiscales agresivos para el Estado o de evasión de impuestos.

Por cierto, ¿hay listas negras y grises de narcotraficantes? ¿De mafias? Dicho de otro modo, ¿por qué tantas contemplaciones con determinados países que facilitan la elusión fiscal y la evasión de impuestos? ¿Acaso no se evalúan los delitos y sus penas por el bien jurídico que agreden? ¿Les parece poca agresión la sufrida por los países en desarrollo (empobrecidos) que pierden 85.000 millones de euros de recursos fiscales por elusión de impuestos de grandes empresas, que los evaden por medio de los paraísos y territorios offshore? Pues un bien jurídico agredido lo conforman los derechos humanos violqados de 6 millones de vidas que se salvarían al año de disponer el Estado empobrecido afectado de los recursos necesarios para una buena asistencia sanitaria pública. Recursos de los que no dispone porque se han eludido y evadido impuestos. La gente enferma y muere por no tener atención médica en hospitales que no han podido construirse. Porque se han evadido impuestos.

La UE debería sancionar los paraísos fiscales que no cooperen de verdad , se llamen como se llamen,. Y no cooperan los que no cambian sus leyes fiscales, mantienen leoninos acuerdos de libre comercio y convenios contra doble imposición (malabarismos normativos para que las multinacionales paguen menos impuestos). Las sanciones serían prohibir que la UE financie paraísos de listas negra o gris; también prohibir a instituciones y entidades públicas de la UE abrir cuentas u operar en jurisdicciones de esas listas, así como no contratar jamás a empresas que operen en paraísos fiscales.

Las sanciones debieran ampliarse también a asesorías, bancos, gabinetes de abogados, contables y asesores fiscales que participen o hayan participado en actividades o acuerdos fiscales  de carácter ilegal, ilícito o perjudicial en esos territorios o hayan participado en diseñar planes fiscales agresivos o de pura evasión fiscal.

Pero ¿saben? nada de eso ocurrirá. Porque más allá de la verborrea para confundir, la clase política dirigente europea está al servicio de quien está: la minoría económico-financiera que acumula y controla la mayor parte de riqueza. Lo muestra que lo máximo que han sido capaces de hacer la UE y la OCDE ha sido un invento llamado BEPS (por sus siglas en inglés) contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios para que las multinacionales paguen muchos menos impuestos de los que deberían. Que no resolverá nada porque son medidas voluntarias y no amenazan con sanción alguna.

¿Acaso creen que el racista régimen de apartheid de Sudáfrica, por ejemplo, hubiera cedido un tanto así si las medidas contra ese régimen que impuso la comunidad internacional hubieran sido de aplicación voluntaria? Ni en sueños.

En tanto haya paraísos fiscales, jurisdicciones offshore (o como demonios quieran llamarlo) y no haya medidas duras contra los elusores y evasores de impuestosy sus cómplices necesarios (que no dejan de ser delincuentes aunque con trajes de millar de euros, habrá fraude fiscal a gran escala. Mientras crecen la desigualdad y la pobreza sin atisbo de solución.