Un nuevo terrorismo y respuesta de pena de la clase política

¡Unidos venceremos al terrorismo! es un mantra emocional, una jaculatoria milagrosa que se repite tras el atentado de Barcelona del 17 de agosto que causó 17 muertos. Pero apenas se oye que es imprescindible estudiar a fondo lo que sucede, una nueva forma de terrorismo. Averiguar sus causas y afrontar de raíz este terrorismo que utiliza furgonetas para atropellar, cuchillos y hachas, sin inútiles retóricas y aún menos rebajas de derechos de la gente común. Pero a los gobiernos de Occidente les importa una higa averiguar causas y contextos del nuevo terrorismo que se extiende. Un terrorismo más escondido porque precisa poca organización, pocos medios, y, por tanto, deja menos huellas y pistas.

¿Se dedica suficiente esfuerzo en Europa a saber de a salafistas y similares así como averiguar más sobre las oscuras relaciones de algunos países árabes con éstos? Y aún preocupa menos el tinglado comercial del honorable Occidente con esos ambiguos países árabes que, además, se pasan por el arco de triunfo los derechos humanos de la gente. Para muestra, un botón. Al menos 66 personas han sido ejecutadas en Arabia Saudí en 2017, según denuncia Amnistía Internacional, y hace unas semanas ejecutaron a 14 personas en Arabia Saudí . ¿Por asesinar o violar tal vez? No, por manifestarse contra el Gobierno.

De 2014 a 2016 España ha vendido armamento a Arabia Saudí por mil millones de euros y, no por casualidad, desde 2015, una coalición de países árabes encabezada por Arabia Saudí bombardea sin piedad la población civil, mercados, escuelas, mezquitas, funerarias, fábricas y hospitales de Yemen. Según la ONU ya son más de 10.000 los muertos, sobre todo civiles, gente inerme.

Según denuncian Greenpeace, Amnistía Internacional, FundiPau y Oxfam Intermón, vender armas a países que violan derechos humanos de forma flagrante, Arabia Saudí por ejemplo, es ilegal según el derecho internacional elaborado por Naciones Unidas e incluso según el español.

A pesar de esa ilegalidad, el pasado enero el rey Felipe VI viajó a ese país para cerrar la venta al equívoco régimen saudí de cinco barcos de guerra construidos en España. Sobre esas ventas de armamento y otras, el ministro de Economía, Luis de Guindos ha dicho que “si no lo hacen unos, serán otros”. Ruin argumento que escarnece los derechos humanos. El anterior Rey y el actual, así como los gobiernos del PSOE o PP, han cortejado algunas de las peores dictaduras del mundo en Magreb, Oriente Próximo o Asia Central. Para pillar negocios.

El argumento miserable y falaz para justificarlo pretende que, si se crea empleo, que se violen derechos humanos es irrelevante, un problema interno de esos países. Pero no es así cuando se habla de Venezuela, por ejemplo, a la que no se le tolera ni tirar una colilla al suelo.

En esa sucia línea de actuación, donde el fin justifica los medios, Ana Pastor, presidenta del Congreso, entregó al dictador kazajo Nursultán Nazarbáyev (uno de los mayores violadores de derechos humanos del mundo) el collar de la Orden de Isabel la Católica en nombre de Felipe VI. Pero en 2003, el gobierno de Aznar ya concedió a Islom Karimov, dictador de Uzbekistán hasta su muerte, la Gran Cruz del Mérito Civil, creada por Alfonso XIII para premiar “virtudes cívicas al servicio del Estado”.

Tal vez entre esas virtudes cuente encabezar un régimen torturador que encarceló y asesinó a miles de disidentes políticos, esterilizó a decenas de miles de mujeres y forzó a trabajar a miles de niños en campos de algodón. Karimov fue “lo peor de lo peor” de los dictadores del mundo según Freedom House, pero ningún gobierno posterior del PSOE ni del PP siquiera consideró retirar esa condecoración a Karimov.

Entre los déspotas internacionales a los que España ha otorgado el Collar o Gran Cruz del Mérito Civil están Sadam Hussein, Mohamed Hassad (ministro de Marruecos que tortura presos y usa la violencia contra refugiados) y seis miembros de las casas reales de Kuwait, Abu Dhabi, Dubai y Emiratos Árabes Unidos, países muy democráticos como todos saben. Otrosí el gobierno no ha tenido en cuenta el informe del CNI alertando de que Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos financian comunidades musulmanas en España en las que se cuelan salafistas y yihadistas.

Si beneficios y comercio están por encima de los derechos humanos, este mundo lleva camino de convertirse en un burdel.

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