Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho

Los abundantes privilegios fiscales y no fiscales de la Iglesia Católica en España preocupan y enfadan. En 2007, la Comisión Europea criticaba al gobierno español por las ventajas tributarias a inmuebles propiedad de la Iglesia. Pero antes, en 2005, la CE había pedido a España que modificara su Acuerdo con el Vaticano sobre Asuntos Económicos por ser ilegales las exenciones del IVA a la Iglesia. En otra ocasión, la Comisión ha pedido explicaciones de por qué la Iglesia católica no paga a los ayuntamientos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ni el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI). Y hace poco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunció las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España porque “pueden ser ayudas estatales prohibidas“. Una historia interminable y sin explicaciones.

El artículo 16 de la Constitución Española deja claro que España es un estado aconfesional y ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Cooperación, no privilegios.

¿Por qué la Iglesia tiene en el Reino de España tantos beneficios fiscales y otros? No se explica porqué la Iglesia no paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de Sucesiones o Donaciones. O porque no paga el IBI como todo quisque. ¿Acaso porqué los inmuebles que no pagan IBI son lugares de culto? No, porque solo un 18% de propiedades inmobiliarias de la Iglesia se dedican al culto. El 82% restante no son lugares de culto… pero tampoco pagan IBI. Y, por no pagarlo, se dejan de recaudar 2.500 millones de euros cada año.

Y hablando de privilegios, desde hace años la Iglesia Católica española registra como propios viñedos, olivares, casas rectorales, atrios y solares que pertenecían desde tiempo a los pueblos, pero no se registraron burocráticamente. La Iglesia sí lo ha hecho. Y lo sigue haciendo por dos artículos de la Ley y Reglamento hipotecarios (que deberían ser derogados ya) por los que los obispos pueden registrar propiedades como si fueran funcionarios públicos. ¡¡Increíble!!

Ese privilegio fue mayor en 1998, cuando el Gobierno Aznar suprimió un artículo del reglamento hipotecario que hasta entonces impedía inmatricular (registrar propiedades a nombre de alguien) edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas. Desde entonces la Iglesia inmatricula esos inmuebles a todo gas. En Navarra, ejemplo paradigmático, esas discretas inmatriculaciones han arrasado el territorio y cientos de templos parroquiales, ermitas y basílicas, más lo que tienen dentro, figuran como propiedades de la Iglesia Católica . También casas, almacenes, garajes, frontones y cementerios. Todo es inmatriculable. Es tal el volumen de esos registros de propiedad que hoy la Iglesia Católica posee en España más de 110.000 propiedades… que no pagan impuestos. Ermitas, por ejemplo, que nunca figuraron como propiedad de la Iglesia, además de que muy a menudo fueron construidos y levantados con el dinero, trabajo y esfuerzo de la gente de pueblos y comarcas.

En 2007, buscando el escritor navarro José Mª Esparza documentación para un libro de historia local, descubrió que la Iglesia había registrado a su nombre la parroquia de Santa María de Tafalla. Luego comprobó que había hecho lo mismo en San Pedro y con las iglesias de Artajona y Ujué. El Arzobispado llevaba años inmatriculando bienes comunes que, por la razón que fuera, estaban sin registrar, pero nadie se había enterado. Se constituyó la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro para detener esas apropiaciones y, diez años después, las inmatriculaciones como problema y frenarlas ya son tarea de la ciudadanía. Muchos alcaldes han descubierto con sorpresa esas inmatriculaciones e intentan devolver al pueblo el patrimonio cultural e inmobiliario del que la Iglesia se ha apropiado.

Por su parte, la organización Europa Laica ha denunciado además en su informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica que “mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos, el Estado da a la Iglesia católica, por subvenciones directas y exención de impuestos, más de 11.000 millones de euros anuales. Más del 1% del PIB”. Europa Laica denuncia también que “la Iglesia católica española se ha apropiado, en su historia, de gran parte del patrimonio que posee hoy por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento y complicidad del Estado”.

Urge, por tanto, arreglar tan injusto desaguisado y regular democráticamente la relación con la Iglesia. Sin privilegios.

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