La desinformación, una violación de derechos

Hay “leyendas urbanas”. La muchacha de blanco que hace autoestop junto a una curva peligrosa; el hombre que creyó conquistar una hermosa mujer, fue anestesiado y despertó con un riñón menos o que la coca cola desatasca tuberías. Falsedades que circulan por ahí como ciertas sin la menor prueba de veracidad.

En la retorcida urdimbre que mantiene vigente y despiadada esta neoliberal crisis tienen un papel muy importante las ocultaciones y manipulaciones de la realidad. Leyendas urbanas neoliberales. Las pensiones públicas se hundirán; mejor ceder ante los mercados o iremos peor; no es prudente molestar a la banca; son imprescindibles las reformas laborales y de pensiones para superar la crisis; el déficit, lo peor… Leyendas urbanas neoliberales y ocultaciones de lo que pasa de verdad consiguen un perfecto estado de desinformación.

En los años sesenta del siglo XX, cuando la minoría privilegiada quería impedir que los ciudadanos avanzaran hacia la justicia, recurría a los militares que se alzaban en sangrientos golpes de Estado contra el comunismo en nombre de la patria. América Latina es buen ejemplo. Hoy, la minoría privilegiada no suele recurrir directamente a las zafias dictaduras militares, salvo en Myanmar, Guinea Ecuatorial y algún otro lugar semejante. Esa minoría, que mangonea el mundo en su muy personal beneficio, utiliza la desinformación y la ocultación como herramientas para mantener a los ciudadanos en estado catatónico, inermes y desmovilizados, engañados e incapaces de reaccionar ante lo que se les viene encima.

En nuestros neoliberales días, la censura clásica se considera zafia. Directivos, ejecutivos y grandes accionistas de banca, de corporaciones y grandes empresas más los comités directivos de bancos centrales y de entidades económicas internacionales… (o sea, minoría privilegiada) prefieren desinformar. No informar de lo importante para la ciudadanía es rentable, porque la anestesia. Lo pueden hacer porque, de un modo u otro, son los dueños de los medios. Les parece más divertido manipular, falsear la verdad y proclamar el derecho a la libertad de expresión, olvidándose del derecho a la información.

En España y otros países europeos, por ejemplo, se ocultan datos objetivos que confirman la solidez del sistema público de pensiones y presentan su reforma (a la baja, claro) como condición para la supervivencia de las pensiones. La minoría busca con esa ocultación-falsedad (repetida por los medios cíclicamente) que las pensiones públicas disminuyan con la reforma para que la gente necesite contratar pensiones privadas.

Federico Mayor Zaragoza, presidente de Cultura de Paz y ex Director General de UNESCO, recuerda que la manipulación de la información es una grave violación de derechos humanos. Y que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, junto al derecho a la libre expresión, el derecho a la información veraz. Un derecho violado, porque “la concentración del poder mediático audiovisual y escrito es tal que no sólo influye mundialmente para justificar acciones inaceptables, sino que desencadena movimientos especulativos de la economía”.

Lev Gudkov, director del Centro de Análisis Levada de Moscú, denuncia la desinformación en Rusia para que no se hable de la responsabilidad de las autoridades rusas en la prolongación de los incendios de agosto. Una desinformación “dirigida a suscitar la indiferencia de los ciudadanos ante las cuestiones sociales y los problemas”.

Ocultación y desinformación buscan además la impunidad de la minoría privilegiada para eludir sus responsabilidades en la crisis y sus causas, en el incremento de pobreza y de la desigualdad. Y por eso no pasa nada aunque el G20 y los gobiernos no hayan movido un dedo para que la banca pague por la catástrofe provocada; tampoco por no avanzar un milímetro en el control de los paraísos fiscales, cuestión clave para afrontar la crisis financiera; ni por no haber acordado norma alguna para regular los libérrimos movimientos de capital por el mundo. Como tampoco pasa nada por recortar gastos sociales y rebajar derechos de trabajadores, inmigrantes y pensionistas, con el agravante de que los gobiernos que los perpetran tienen la desvergüenza de presentarse como responsables y valientes.

El estado de desinformación vigente consigue que la ciudadanía crea que no hay nada qué hacer, que esta insultante situación de injusticia y desigualdad, de obscena impunidad de sus responsables, es inevitable. Es falso, siempre se puede hacer algo; no hay más que echar una mirada a la Historia.

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