Expertos, falacias y no reconocer la verdad ni a tiros

Derecha es agrupación o contubernio de quienes creen que la propiedad privada y el beneficio individual están por encima de todo. Son los accionistas mayoritarios, directivos y ejecutivos de bancos, de entidades financieras, corporaciones empresariales y compañías transnacionales más sus bien remunerados servidores, confidentes, correveidiles, asesores y sicarios. La minoría privilegiada.

Esa derecha está en pie de guerra contra las reformas financiera y sanitaria en Estados Unidos. En Europa está infiltrada en gobiernos, cúpula y burocracia de la Unión Europea y por ello nadie osa mover ficha para abordar la cacareada reforma financiera. Tampoco en la Unión se atreve nadie a proponer soluciones en beneficio de la mayoría ciudadana (como las que se aplicaron hace ochenta años para salir de la gran depresión) y superar de verdad la crisis.

En Italia se instala una cultura de mafia, culmen del capitalismo neoliberal. Grecia amenaza hundirse por las abundantes especulaciones, trampas y engaños de la derecha gobernante en años anteriores. Y en España, con más de cuatro millones de desempleados, la derecha lanza una ofensiva contra derechos y valores democráticos esenciales y contra personas y grupos que los representan. Por ejemplo, jueces y magistrados derechistas quieren inhabilitar al juez Garzón (que ha luchado contra terroristas de ETA, criminales de guerra latinoamericanos, los narcotraficantes organizados y otros impresentables especímenes) porque no le perdonan que quiera procesar a corruptos organizados en tramas, ligados a la derecha política, empeñados en vaciar arcas del Estado en su exclusivo y personal beneficio.

Para rematar la jugada, esa derecha, responsable de la crisis que sufrimos todos, propone las mismas recetas generadoras de injusticia y desigualdad que han propiciado la debacle económica. De esa peligrosa estulticia es muestra el reiterativo e intermitente ataque contra la viabilidad del sistema público de pensiones.

En España, desde los años noventa, expertos y catedráticos de disciplinas económicas (excelentemente remunerados, por cierto) elaboraron presuntos estudios científicos que auguraban el hundimiento del sistema público de pensiones. Las pensiones de la seguridad social eran insostenibles y había que reformar el sistema (es decir: recortar derechos de asalariados e ingresos de pensionistas), en tanto que por otras vías publicitarias se cantaban las excelencias de las pensiones privadas ofrecidas por bancos y compañías aseguradoras.

Decían esos pretendidos estudios académicos que a partir de 1995 el sistema público de pensiones entraría en pérdidas y después la caída sería imparable. Inviable. Mensajes similares se han publicado a bombo y platillo, año tras año desde entonces. El economista José Iglesias Fernández (formado en Oxford, no en la Habana) sugiere que bancos y cajas de ahorros promovieron esa alarma social para quedarse con el suculento negocio de las pensiones privadas y para lograrlo alquilaron firmas de prestigiosos (?) académicos de la economía.

Pero el sistema público de pensiones sobrevive a las profecías de catástrofe. Aunque España sufre la crisis económica más que otros países europeos (con un enorme desempleo), dieciséis años después de los primeros augurios de apocalipsis de las pensiones, la Seguridad Social española cerró 2009 con superávit de 8.500 millones de euros y su Fondo de Reserva suma ya 62.000 millones de euros; el 6% del PIB. Incluso con crisis y desempleo.

¿Dónde está el hundimiento del sistema público de pensiones?

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la universidad del País Vasco, asegura que es fácil conseguir los resultados que uno pretende utilizando estudios teledirigidos. A pesar de los datos positivos verificados año tras año, los voceros servidores de la minoría privilegiada insisten en que las pensiones de la seguridad social son insostenibles.

Les dan igual los hechos, sólo cuenta su indecente y desmedido afán de beneficio. Por eso tienen la desfachatez de pretender que no hay otro sistema económico posible que el actual, el suyo. Ni otros principios que profesar una fe ciega en que “todo es mercado” y que es pecado mortal económico imponer normas y controles al dinero. Pero eso es lo que les conviene a ellos, a la minoría privilegiada, no al resto de ciudadanos, que somos la aplastante mayoría.

Tenemos un dilema. Les frenamos y procuramos controlar a esa minoría privilegiada (la de los especuladores adeptos y fieles seguidores de la ingeniería financiera, de la contabilidad imaginativa, mangantes y malos empresarios, pero forrados) o nuestro mundo tiene un pésimo futuro.

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