¿A quién beneficia la intervención del Estado en la crisis?

En la investigación de un asesinato, un detective que se precie se ha de preguntar: ¿a quién beneficia esta muerte? Y así llega hasta el asesino. El móvil es la pieza clave. Pues para saber qué hay de verdad tras el ruido mediático que  informa sobre la crisis y las medidas que adoptan las grandes potencias o el G-20, así como las recomendaciones del equívoco Fondo Monetario Internacional, es imprescindible seguir el método del buen detective. ¿A quien benefician las medidas tomadas y las que se tomarán?

Y eso nos lleva a preguntarnos si la crisis se resuelve con la intervención del Estado frente al presunto anti-estado liberal. Pues sí, pero, como denuncia lúcidamente el catedrático Vicenç Navarro de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, “el llamado ‘liberalismo’ en realidad es intervencionismo de Estado, pero a favor del mundo empresarial y de las clases ricas”. Así, la falacia liberal queda desvelada. No hay anti-intervención liberal frente a intervención estatal, sino intervención a favor de los más ricos y los ricos a secas o de los demás, que son la inmensa mayoría.

Reagan, líder de la presunta ‘revolución liberal’, en su presidencia aumentó el gasto público enormemente, generando un déficit del 6% del PIB. Hizo intervenir al Estado mucho más que sus predecesores, incrementando el gasto militar, “cuyo estímulo económico y creación de empleo fue menor que si la inversión hubiera sido en servicios públicos como sanidad, servicios sociales e infraestructuras”, nos recuerda sensatamente Vicenç Navarro.

Por tanto, la cuestión no es aumentar el gasto público del Estado, sino que ese gasto sea descaradamente en beneficio de la mayoría ciudadana. Hasta ahora, la intervención de los fabulosos rescates en EEUU y la Unión Europea han sido en beneficio de la reducida minoría de la clase bancaria y financiera. ¿Favorecerán a la mayoría ciudadana las próximas intervenciones estatales anunciadas en EEUU y la UE?

Habrá intervención y gasto públicos, los ha habido siempre, pero no siempre en beneficio de la gran mayoría. La gran economía, la economía financiera y la economía de humo (la especulativa y tramposa) están controladas por grandes grupos bancarios, corporaciones y empresas transnacionales, cuyos dirigentes y controladores de la masa accionarial, quiénes deciden y tienen poder, apenas llegan al medio millar, según cálculos de Ignacio Ramonet, y ésos han secuestrado al estado el último cuarto de siglo en su propio beneficio y el de sus servidores. Por eso es incierto que el Estado se haya autodisuelto, como han simulado, sino que el Estado se puso al descarado servicio de las minoritarias clases ricas, bajo el patronazgo del aún más minoritario grupo dirigente que denuncia Ramonet. De ahí que en las últimas décadas se hayan suprimido normas y vigilancias financieras, y de ahí la exigencia constante de ‘reformas’ estructurales laborales, que han sido y son en realidad todas las facilidades para que las empresas hagan y deshagan en detrimento de los derechos de los trabajadores; reformas que han arrojado como resultado que hoy las rentas del trabajo hayan descendido tanto, que nunca han sido tan bajas respecto al PIB en los últimos cincuenta años. Pero las del capital no han cesado de subir en el mismo período de tiempo.

En EEUU, el presidente electo, Barak Obama, ha asegurado que contra la crisis pondrá de inmediato en marcha un plan de inversiones públicas de entre 400.000 y 700.000 millones de dólares. Incluirá el mayor programa de construcción de carreteras, puentes y obra pública desde hace medio siglo, reforma de edificios federales (obras y adaptaciones para consumir menos energía), modernizaciones de hospitales y escuelas, potenciar la banda ancha para que todo el mundo tenga acceso a Inetrnet…

Pero Obama ha avisado que “no haremos el plan de inversiones a la vieja manera de Washington. No nos limitaremos a dar dinero. Mediremos el progreso de las reformas, los empleos que se creen y la energía que ahorramos”. Parece un plan intervencionista de los buenos, en beneficio de la ciudadanía. ¿Llegará a buen término? ¿Será así también en Europa? ¿En otros países?

Pero que quede claro que intervencionismo de estado ha habido siempre en los últimos setenta años, aunque no siempre en beneficio de la mayoría trabajadora y ciudadana. Y que quede claro también que el neoliberalismo ha sido el invento del último cuarto de siglo para resucitar el intervencionismo estatal a favor de los más poderosos, pero camuflado. Porque el encendido discurso anti-estado de los neoliberales sólo lo ha sido contra el Estado social, el que se preocupa por la ciudadanía, por la inmensa mayoría trabajadora; sólo contra el Estado que vigila y controla, mantiene la protección social,  incrementa las pensiones o promueve la enseñanza gratuita y la asistencia sanitaria pública.

Saber a quién se beneficia es clave.

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