Gobiernos ilegítimos y ciudadanía

En España, Rajoy prometió no abaratar el despido, pero lo ha abaratado; además, deja desprotegidos del todo a los trabajadores. ¿Quieren saber la verdad sobre la “elogiada” reforma laboral española? La revela la publicidad de una empresa que organiza seminarios para empresarios. Su jubiloso anuncio dice: “Saque para su empresa el máximo partido a la Reforma Laboral de 2012. ¿Despido más barato? Ahora sí que sí. Despidos colectivos solo por decisión del empresario. Reducción de salarios, por fin una posibilidad real. Despidos objetivos por causas económicas, fáciles de justificar…” Literal. No es broma.

Rajoy aseguró que no subiría impuestos, pero enseguida aumentó el impuesto sobre la renta y subirá el IVA. Rebaja el presupuesto para medidas contra el desempleo y las ayudas para acceder a la vivienda. Se congela el sueldo de los funcionarios, se recortan los presupuestos de sanidad y educación, expulsan de la Sanidad pública a inmigrantes y jóvenes en paro de más de 26 años, suben las tasas universitarias, menos dinero para becas, 34% menos para investigación… Y además “liberalizarán” servicios, infraestructuras y transportes. Es decir, privatizarán o entregarán lo que es de todos a la minoría de siempre a precio de saldo. El colmo ha sido que el presidente español haya reconocido que “si tengo que subir el IVA, lo subiré aunque haya dicho que no lo iba a hacer”. ¡Increíble!

Lo único importante es reducir el déficit, hacer reformas “estructurales” (retrocesos sociales y violación masiva de derechos) y ayudar al sector financiero. A la ciudadanía, que le den morcilla.
El Partido Popular ha incumplido por completo el programa electoral que “vendió” en campaña. Pero no es el único. Y, en democracia, un programa electoral es un contrato con la ciudadanía.
El incumplimiento del programa electoral y la ocultación de qué hace y piensa hacer este gobierno lo aparta de parámetros democráticos y lo priva de cualquier legitimidad.

La democracia no es ni puede ser un ritual de mercadotecnia. Se vota para delegar el poder de la ciudadanía a representantes que, a su vez, eligen un ejecutivo. Y este ha de cumplir su compromiso electoral sobre la base del respeto de los derechos de la ciudadanía. No hay otra.

Por supuesto no es solo un problema español. No recordaremos qué ocurre en Grecia, Portugal, Italia o Irlanda para demostrarlo; solo una declaración a The Wall Street Journal de Draghi, presidente del BCE, que deja muy claro de que palo va esta gente y sus intenciones reales: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados”. Una auténtica declaración de guerra.

Ni soberanía, ni constituciones, ni parlamentos, ni derechos, ni democracia. Solo mercados con sus obscenos beneficios. Como dice Ignacio Ramonet, en la Unión Europea hoy no existe voluntad alguna de enfrentarse a los mercados. No solo es mediocridad e incompetencia de los gobiernos, que también, sino servidumbre a esos mercados. En Europa se gobierna para servir a los intereses de los bancos de inversión, compañías aseguradoras, fondos de pensión, fondos especulativos de alto riesgo, grandes corporaciones y grandes fortunas. Esos son los mercados.

Europa era la región donde el salvajismo del capitalismo se frenaba y atemperaba con las políticas sociales del llamado estado de bienestar. Pero los mercados han decidido que eso se acabó. Y se pasan por el arco de triunfo soberanías, parlamentos y la democracia misma con la servil complicidad de gobiernos y la de los grandes partidos que los sostienen.

En tal situación de agresión contra la ciudadanía, esos gobiernos pierden toda legitimidad. Y, ante gobiernos sin legitimidad que violan derechos solo cabe resistencia ciudadana no violenta y desobediencia civil. E insumisión ante los nefastos acuerdos intergubernamentales que han impedido construir la Europa de la ciudadanía y de los pueblos desde el tratado de Maastrich de 1992 hasta el de Lisboa de 2009.

¿O dejan otro camino?

Salir de la crisis sin jorobar a la ciudadanía

“Esto está mal y se pondrá peor, por tanto el Gobierno ha de tomar medidas duras, como la reforma laboral, y hará recortes muy importantes, porque es lo único que se puede hacer”. Este puede ser el resumen de un reciente discurso de Mariano Rajoy, nuevo presidente del gobierno de España. Pero es mentira. Ni es lo único que se puede hacer ni tal política conseguirá otra cosa que más desempleo, pobreza, incertidumbre, sufrimiento y violación masiva de derechos de gran parte de la ciudadanía. En la misma línea suicida que sufre Europa.
Cuando Inazio Lula fue elegido presidente de Brasil, la reducida población más rica del país se quedaba con la mitad del dinero generado y dejaba apenas una décima parte a los pobres, que eran la inmensa mayoría. Lula cambió esas cifras. Aumentó el salario mínimo un 62%, y sacó realmente de la pobreza a millones de brasileños. Sacar de la pobreza a tantos millones hizo crecer siete veces el consumo. Y la economía funcionó mejor. Además logró que 45 millones de brasileños tuvieran cuentas bancarias activas, eliminando intermediarios y buitres en la administración y entrega de recursos públicos a los necesitados.
En seis años la desnutrición de Brasil se redujo un 73% y la mortalidad infantil, un 45%. Combatir la pobreza y el hambre fue una prioridad indiscutible  para el presidente Lula. Restaurantes populares, programas de lactancia materna, promoción de agricultura familiar, distribución de alimentos a los más pobres, microcréditos, fomento de la economía local, facilitar a niños y jóvenes educación básica y formación universitaria a hijos de obreros… Funcionó. Y con algunas políticas similares, Bolivia ha dejado de ser el país más pobre de Sudamérica.
Ya en la crisis financiera, en 2008, Brasil salió adelante gracias a las clases populares rescatadas de la pobreza porque demandaban y usaban regularmente bienes y servicios y hacían marchar la economía. “No hay nada más barato que invertir en los pobres”, decía el Presidente Lula, porque la inclusión social de tantos millones de ciudadanos llevó al desarrollo. No era una intención piadosa: es un hecho.
En 2001, Argentina por su  parte sufría una larga recesión y estaba ahogada por una deuda pública enorme. La situación acabó en quiebra, aumento del paro y de la pobreza hasta ser los más altos de su historia moderna. La pobreza afectó a más de 52% de argentinos y el desempleo superó el 24%. Entonces se dejó de pagar la deuda, se devaluó la moneda y se desarrollaron diversos planes sociales. El resultado fue una incesante recuperación del país. Desde entonces, la economía argentina crece entre 7 y 10% anual (salvo 2009 que solo creció 0,9) y se han reducido considerablemente pobreza y desempleo hasta valores inferiores al 10%.
Para Julio Gambina de ATTAC, Argentina es un espejo en el que debe mirarse Europa. Suspensión de pagos de la deuda, devaluación de la moneda y programas sociales es también la recomendación del Nobel de economía Stiglitz a la tozuda Europa. Aunque sea más complicado aplicarlo por las restricciones que impone el euro. Pero que, en realidad, esas restricciones existen por los lamentables tratados que los jefes de Estado y de Gobierno han acordado en la construcción de una Europa al servicio del poder financiero. Pero lo que se acuerda, también se puede anular.
Y también en Europa, la ciudadanía de Islandia expulsó a un gobierno corrupto e inútil y encarceló a los responsables de la crisis financiera y del retroceso del país. Islandia se recupera. Según las previsiones de la Comisión Europea, Islandia ha cerrado 2011 con un crecimiento del 2,1%, este año será del 1,5% (triple que el de los países de la zona euro) y en 2013 se prevé que crezca un 2,7%. Se ha vuelto a crear empleo y la deuda pública ha disminuido de forma notable. Porque la ciudadanía islandesa rechazó rescatar a los bancos, decidieron negociar el pago de la deuda y llevaron a los tribunales a los responsables del desastre económico. Un buen camino.
Hay otras vías para enfrentarse a la crisis, por supuesto. Pero en Europa, los mandatarios solo piden sacrificio; un sacrificio que ellos y sus señores y cómplices jamás hacen ni están dispuestos a hacer. Los resultados de ajustes, recortes y “reformas estructurales” están a la vista: recesión, reducción de la actividad económica, más paro, más pobreza, ninguna perspectiva… En realidad, lo que nuestros mandatarios llaman sacrificio es estafa y latrocinio.

 

Contra política de austeridad, auditoría de deudas públicas

Recortes presupuestarios, restricciones sociales, menor protección social, peor atención sanitaria, peor educación, rebaja de salarios, despidos, precariedad… Todo por la deuda.

En Europa, pagar la deuda y sus intereses se ha convertido en terreno sagrado. Con tremendos costes sociales. De nada ha servido introducir en las constituciones que pagar la deuda es prioritario para cualquier gobierno. Ni tampoco imponer planes de austeridad con recortes de gasto público para que los gobiernos tengan liquidez para pagar sus deudas y las de bancos privados. El poder financiero quiere más. Nunca tiene bastante.

Los “mercados”, capitaneados por Goldman Sachs y con la ayuda torticera de las agencias de rating, atacan el euro y a la Unión Europea. Como dicen en las películas de gangsters, no es nada personal; solo son negocios. Enormes beneficios para los especuladores de la deuda. Y sube la prima de riesgo de la eurozona, incluso la de Francia. Hasta Alemania ve como aumentan los intereses a pagar por sus bonos. La deuda deviene hidra de siete cabezas que amenaza con dejar muy mal parada a Europa. Y, de rebote, llevar al mundo a una crisis económica crónica.

¿Qué diablos pasa con la deuda? Preguntémonos qué tipo de deudas son las que alimentan ese baile de los malditos en Europa. Porque evidentemente no todas las deudas son aceptables; las hay ilegítimas u odiosas.

En derecho internacional, ilegítima u odiosa es la deuda pública contraída contra los intereses de la ciudadanía. Aquella cuyos fondos se emplean para fines inaceptables, como adquirir medios y armas para reprimir a la población. O contraída para fines muy discutibles, como comprar navíos de guerra, submarinos, cazabombarderos y helicópteros de combate. Eso ha hecho el gobierno griego comprando armamento a Francia y Alemania, cuando su deuda ya era enorme. Deudas ilegítimas, contraídas a espaldas de la ciudadanía, contra sus derechos, deteriorando o destruyendo el medio ambiente. Esas deudas no se pagan. Y antes, auditarlas.

Una auditoría de la deuda debe analizar el contexto social del país que contrae la deuda; averiguar quien la firmó, para qué es el préstamo, cómo han evolucionado los tipos de interés, qué supone el pago de la deuda en el PIB, si ha habido condiciones para conceder el préstamo (como exigir privatizaciones de empresas y servicios públicos)… Así se averigua si la deuda es legítima o no.

Las auditorías no son nuevas. Empezaron en los ochenta del siglo XX, cuando la deuda ahogaba a países de África y América Latina. Y con las auditorías, la respuesta política.

En 2002, Argentina dejó de pagar su deuda contra toda regla y costumbre. Los “expertos” le auguraron todo tipo de males, sin embargo, no pagar la deuda fue clave para la recuperación del país. Entre 2007 y 2008, el gobierno de Ecuador presidido por Rafael Correa, tras una rigurosa auditoría, canceló deudas ilegítimas contraídas por entidades públicas con bancos privados. Se ahorraron 300 millones de dólares, que se utilizaron para mejorar la sanidad pública, la educación y crear puestos de trabajo. En noviembre de 2008, Ecuador decidió suspender el reembolso de deuda que vencía en 2012 y 2030, porque la auditoría de la deuda concluyó que era eminentemente especulativa y fuente de pérdida de capacidad soberana del estado.

En Asia, a finales de los noventa, mientras Tailandia e Indonesia se hundían estranguladas por sus deudas y agravada la situación económica por la austeridad impuesta por el FMI, Malasia ignoró olímpicamente las recetas neoliberales de austeridad y sorteó con fortuna la crisis que destrozaba a sus vecinos.

Ante el fracaso de las políticas neoliberales austeras impuestas para pagar la deuda, en Grecia, intelectuales, parlamentarios, y organizaciones ciudadanas han creado una plataforma por la auditoría de la deuda. En Francia, asociaciones y organizaciones sociales y ciudadanas se preparan para auditar la deuda. En Túnez y en Irlanda, las organizaciones ciudadanas trabajan en esa misma línea. En España, ATTAC y otras entidades cívicas reivindican no reconocer ni pagar deuda alguna de la eurozona y hacer una auditoría de todas esas deudas nacionales para determinar su legitimidad y actuar en consecuencia.

Las auditorías de la deuda, y anularla cuando sea el caso, son un derecho democrático tan esencial como el derecho a la información. Son medios de participación ciudadana, de aportación de transparencia y de control democrático de la conducta de los poderes públicos. Por fortuna, ante la cronificación de la crisis, crece el movimiento europeo por la auditoria de las deudas.

La canallada de los rescates

Canallada es lo propio del canalla y canalla significa miserable, mezquino y codicioso. El titular de este escrito no es, por tanto, exabrupto sino descripción. ¿O acaso no se comporta de manera avarienta, ruin y mezquina la Unión Europea (con destacado protagonismo de Alemania), Banco Central Europeo y FMI en los llamados “rescates” de los países europeos más endeudados?

Porque los rescates en realidad traspasan la deuda contraída por el sector privado a los gobiernos, es decir, a los ciudadanos. Y todo bajo el manto de la austeridad. El Nobel de economía Joseph Stiglitz, aunque admite que se tomen algunas medidas de austeridad, considera que la histeria de la Unión Europea por la austeridad fiscal no es el camino. Y los rescates sólo empeoran el problema. Porque no rescatan nada, salvo a los bancos. Ahí está Grecia, sin ir más lejos, que ya va por su segundo rescate y no ve la luz ni en pintura.

Como hizo España, Grecia recortó y recorta ahora (con bastante mayor volumen que en el caso español) salarios de funcionarios y trabajadores de empresas públicas, suprime 150.000 empleos, aumenta el IVA, cerrará escuelas, recorta la sanidad pública, suprime inversiones estatales, privatizará empresas públicas… El gobierno griego venderá casi todo el patrimonio público, miles de millones de dólares de activos estatales, aeropuertos, autopistas, otras empresas, bancos públicos, bienes raíces, licencias de juego… Para recaudar fondos y así contentar a los codiciosos prestamistas internacionales. Y de paso para que pecadoras manos privadas hagan el gran negocio con las privatizaciones y luego esas empresas públicas privatizadas funcionen peor.

Stiglitz considera que tanto Estados Unidos como Europa toman una vía errónea al imponer políticas de austeridad, pues así no consigue la recuperación económica sino todo lo contrario. Es más, las autoridades europeas con su austeridad impuesta entregan Europa a la banca y la condenan a la servidumbre de la deuda por tiempo y tiempo.

A más abundancia, recordemos que el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas propone en un reciente informe que “los gobiernos han de reaccionar con prudencia ante las presiones para que adopten medidas de austeridad, si no quieren arriesgarse a interrumpir la recuperación de la economía”. Como se ha comprobado, “las medidas de austeridad adoptadas por España y Grecia a causa del endeudamiento público no solo amenazan el empleo en el sector público y los gastos sociales, sino también convierten en más frágil e incierta la recuperación económica”.

¿Cómo diablos quieren que la economía se recupere si la decapitan?

Aunque el de Grecia sea el caso más dramático, lo expuesto sirve para todos los países europeos a los que se les impone austeridad y recortes a ultranza como España, Irlanda y Portugal. España ha sido elogiada por sus medidas de austeridad por el FMI, Banco Central Europeo y la Unión Europea (y los españoles deberían estar muy preocupados por eso), pero no disminuye el enorme paro (el más elevado de la Unión, casi 21%) ni aumenta la demanda interior ni se vislumbra que la economía despegue aunque, para simular que el camino emprendido es correcto, cada mes se hacen ejercicios malabares para dar sentido positivo a las implacables cifras económicas.

¿Quién gana con la austeridad, con los rescates? La banca.

Los gobiernos que recortan disponen de más dinero para abonar la deuda pública (la mayoría en manos de la banca y entidades similares) y también para proporcionárselo a los bancos si lo precisan que, por cierto, se deben mucho dinero unos a otros. Por tanto, el dinero logrado con los recortes (que vulneran derechos ciudadanos) va a parar a manos de la banca.

Y aclaremos ya que el déficit no es causa de la crisis ni tampoco lo ha sido una mala gestión fiscal, como se pretende. La crisis ha sido causada por la codicia e irresponsabilidad de los bancos, fondos de inversión y otras entidades financieras de similar calaña. Eso sí, con la fiel complicidad de los bancos centrales que solo han tomado medidas en beneficio de la banca. Y ahí siguen.

En cuanto a los rescates, Stiglitz es contundente (como cientos de economistas que no dependen de banco alguno): “No es rescate, sino protección de los grandes bancos europeos”.

Lo de los rescates ha sido sintetizado de modo diáfano por el economista Marco Antonio Moreno: “Las medidas de austeridad implantadas a la fuerza sólo están destrozando a la sociedad y a los países que no pueden cumplir con los pagos que se le exigen. Todo ha sido un fracaso”.

Pero de recuperación económica, ni flores. Y, si no hay verdadera recuperación económica, ¿por qué aguantar todos esos sacrificios? Es tiempo de desobediencia civil.

Una plutocracia indecente

Indigna que la Unión Europea se burle de la soberanía de Portugal, cuyo Parlamento rechazó el plan de recortes del gobierno de José Sócrates para reducir el déficit, mientras fabricantes de rumores y medios cómplices insistían en la necesidad de rescate financiero.

El soberano Parlamento portugués rechazó ese plan y Sócrates dimitió. Luego, siendo ya primer ministro en funciones (que no debe tomar decisiones políticas), solicitó el rescate a la Unión Europea, aunque, según desvela Robert Fishman, catedrático de la Universidad Notre Dame de Estados Unidos, la deuda pública portuguesa es muy inferior a la italiana y, su déficit presupuestario, inferior al de muchas economías europeas.

La Unión Europea concede el rescate e impone un durísimo plan de ajuste de tres años con una oleada de privatizaciones (lo de todos cedido a codiciosas manos privadas), ajuste fiscal, recortes sociales presupuestarios, reforma laboral… Se han burlado de la soberanía de Portugal, que el Parlamento representa. Y, una vez más, la mayoría pagará los errores y canalladas de banqueros y “mercados”.

Con la misma motivación que aquel diputado latinoamericano que juró el cargo diciendo “todo por la pasta” en vez de todo por la patria, quienes detentan cargos y responsabilidades de gobierno o institucionales en Europa parecen tener la moral de un gángster y como tal actúan. 

En otro campo de batalla, el inefable Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, aumenta el tipo de interés, cuando todos los economistas que no están a sueldo de la banca saben que ese aumento dificulta seriamente la recuperación económica. Pero qué más da si los bancos se benefician. Más aún, un Trichet implacable exige que España continúe en la línea de reformas de los últimos meses. Reformas (como las de Grecia, Irlanda y ahora Portugal) que suponen disminuir las pensiones, menos jubilados con derecho a pensión, congelación o reducción de sueldos, pérdida real de valor adquisitivo del salario, desprotección de asalariados y desempleados, perdida de la vivienda, deterioro de la atención sanitaria, deterioro de la enseñanza, encarecimiento de matrículas universitarias… Más precariedad, más incertidumbre, más pobreza, más sufrimiento.

En suma, vulneración de derechos humanos económicos y sociales; tan derechos humanos como los políticos y civiles. Pero parece que esas reformas que violan derechos no son suficientes. Los “mercados”, según denuncia Fishman en su artículo El rescate innecesario, buscan ahora usurpar la democracia. No soportan la intervención del Estado en favor de la mayoría ni de los más desfavorecidos.

En el colmo de la desfachatez, los neoliberales que perpetran el mayor ataque en un siglo contra los derechos humanos de la ciudadanía europea, camuflan sus sistemáticas agresiones apelando a la solidaridad generacional. Lo ha dicho sin que le temblara un párpado, por ejemplo, el jefe del gobierno autónomo de Cataluña, el neoliberal confeso Artur Mas, al camuflar sus brutales recortes a la atención sanitaria (y los que perpetrará en educación) pidiendo al pueblo catalán que acepte sacrificios y renuncie a una parte de su bienestar… ¡para no hipotecar el futuro de sus hijos! Y se atreve a decir que sólo así esta generación no será la más egoísta de la historia.

Se ha llegado a tal grado de cinismo y degeneración que la defensa de los derechos se presenta como egoísmo. Por eso hemos de gritar hasta quedar roncos que una cosa son nuestros derechos y, otra muy diferente, sus privilegios.

¿Cuándo se convencerán de que el respeto de los derechos humanos no es exceso ni lujo ni prebenda ni graciosa concesión? La miserable y solapada confusión de derechos con privilegios pretende camuflar la criminal actuación de los “mercados”, la obscenidad de la plutocracia europea. Porque si esta Europa no es una plutocracia que baje Dios y lo vea.

Robert Fishman advierte que lo ocurrido a Portugal es una clara advertencia a otros países, incluido Estados Unidos, porque acaso se inicie una etapa de usurpación de la democracia por los “mercados” para asegurar la victoria de la plutocracia chantajeando a los Estados con el  fantasma de la deuda y acabar con la justicia social lograda.

Según el diccionario de las academias de la lengua española, plutocracia es la preponderancia, el exceso de peso, de los ricos en el gobierno del Estado. O plantamos cara a los ricos o será mucho peor.

Dejar de ser inofensivos

Francisco L. tiene 42 años y la última vez que ganó un salario fue en 2008. Desde entonces no ha encontrado empleo y vive en una tienda de campaña en un bosque cercano a la ciudad andaluza de Jaén. No tiene medios para otra cosa. Sus únicas pertenencias son un saco de dormir, una manta, una toalla, una bolsa con utensilios de aseo personal y una radio. Consigue agua de un pilar cercano a su tienda y come dos veces al día conservas y bocadillos. Subsiste en condiciones precarias.

Esta historia es real. Y hay millones semejantes y peores en el mundo. La crisis, claro. Sí, la crisis como estafa o la crisis como atraco. Pero, como denuncia Josep Fontana, refiriéndose a la maldita crisis, “la gran trampa, que ha hecho que nos convenzan de asumir mansamente los costes de la crisis, ha sido permitir a quienes la causaron presentar los problemas creados por un sector muy concreto del mundo económico como problema colectivo del que todos somos responsables”. Y en absoluto es así.

Sin embargo, aceptamos que reduzcan nuestros derechos y legitimamos el ataque contra ellos al no responder o, peor aún, votando a quienes desmantelan el estado de alguna justicia y cierta equidad que tanto ha costado levantar. El mal designado “estado de bienestar” no es privilegio ni lujo ni exceso, como pretende el neoliberalismo e insinúan los medios, sino un acercamiento al respeto de los derechos humanos de todos.

¿Por qué aceptamos que recorten nuestros derechos?

En un debate televisivo que vi, la cuestión a debatir era: ¿hasta donde han de llegar los recortes? No era un debate entre presuntos profesionales de la opinión y periodistas bien remunerados. En el plató había una veintena de ciudadanas y ciudadanos normales que aceptaban tranquilamente debatir sobre el ataque contra sus derechos que son los recortes presupuestarios.

Se hace buena la trampa del nazi Goebbels: la mentira repetida muchas veces suena a verdad. La falacia repetida hasta la saciedad por políticos y medios es que no hay otro camino para superar la crisis que recuperar la confianza de los “mercados” con austeridad y recortes sociales. Tiene razón José Luis Sampedro, cuando afirma que “necesitamos reeducarnos, pues pasamos por una fase de barbarie porque los valores democráticos se han degradado”.

La primera fase de esa re-educación es abrir los ojos y la segunda, no ser inofensivos. Porque hemos devenido una ciudadanía inofensiva. Quienes vulneran nuestros derechos hoy no tienen ningún temor de que los ciudadanos los pongamos en su sitio (que en muchos casos sería la prisión). Somos ciudadanos inofensivos. Salvo en África del Norte, Oriente Próximo e Islandia, dónde ciudadanas y ciudadanos luchan por sus derechos civiles y políticos, pero también económicos y sociales. Porque ningún derecho es más importante que otro.

Islandia es la excepción europea. Fue saqueada hasta la ruina por banqueros, unos pocos empresarios y un puñado de políticos, pero Islandia se recupera porque ciudadanas y ciudadanos han reaccionado con una respuesta democrática de calado. Echaron al gobierno responsable, dejaron hundirse a los bancos, promovieron investigar los delitos perpetrados y ahora hacen más democrática su Constitución. No aceptan tener que pagar las canalladas de los bancos, como ha ocurrido en otros países. Y saben que la solución no es sólo económica. Es también política: ser inofensivos como ciudadanos.

En España, la asociación ATTAC y otras organizaciones sociales han interpuesto ante la Audiencia Nacional una querella criminal contras las agencias de calificación Moody’s, Standard & Poors y Fitch por alterar el precio de la deuda pública y utilizar ilegítimamente información privilegiada en beneficio propio. Al margen del resultado, eso es empezar a dejar de ser inofensivo. Roberto Unger, que fue ministro con Lula, ha denunciado que “España es una democracia secuestrada por las grandes empresas, por una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio”. Lo malo es que juicio tan duro es aplicable a los otros 26 estados de la Unión Europea, a Estados Unidos y un montón de países más. Por tanto, la respuesta es política y nada complaciente.

¿Cuándo decidiremos dejar de ser inofensivos y exigiremos nuestros derechos?

Sobre sacrificios dolorosos y quienes cargan siempre con ellos

Con la exigencia de recortes sociales para reducir los déficits, un mensaje recurrente intoxica Europa: los ciudadanos han vivido por encima de sus posibilidades y esto ha de acabar. Jerzy Buzek, presidente del Parlamento Europeo, remata este infundio sin que le tiemble un párpado: Los ciudadanos deben asumir “reformas y sacrificios dolorosos” para salir de la crisis.

Un argumento redondo, ¿no? Nos hemos excedido y ahora toca sacrificarse. ¿Cuánta verdad hay ahí? Ninguna. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que en la Unión Europea ya hay más de 80 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. Y creciendo.

¿Cuántos “sacrificios dolorosos” más ha de asumir la mayoría ciudadana para que las élites ricas, la minoría privilegiada, continúen logrando sus obscenos beneficios? Esa minoría de unos 10 millones de personas en el mundo que poseen un millón de dólares o más. ¿Han de prevalecer los intereses (ilegítimos, por cierto) de 10 millones sobre los de 6.500 millones?

En Estados Unidos, según Daniel Raventós, el precio de los salarios ha descendido al nivel de 1948. En España, el 63% de los asalariados cobra un salario bruto de 1.100 euros mensuales; netos, poco más de 900. Si un alquiler de vivienda barato son 500 euros, ¿cuánto le queda a la mayoría trabajadora para vivir?

El resultado de esa aritmética perversa es una considerable reducción de la capacidad adquisitiva de la clase asalariada y, por tanto, una reducción de la demanda. Los salarios eran en 1977 un 55% del PIB, pero hoy apenas son un 45%. Los salarios van hacia atrás, como los cangrejos. ¡Y eso ha ocurrido en los años de crecimiento económico!

No se pueden pedir sacrificios a quienes ya viven sacrificados.

En Madrid capital (más de tres millones de habitantes), Cáritas atendió el año pasado a casi 110.000 personas: una cantidad de necesitados doble que hace dos años. Proporcionando ayudas imprescindibles para pagar alquileres, evitar desahucios, pagar facturas de luz, agua y gas, comprar alimentos, pañales, leche infantil, medicinas, ropa… Lo esencial; nada de excesos ni caprichos. En el mismo período, Cruz Roja asistió a casi un millón y medio de personas en toda España, de las que medio millón necesitaba ayuda simplemente para comer cada día.

Ante esos datos implacables, pretenden que los “sacrificios dolorosos” reducirán el desempleo. Falso. El profesor Vicenç Navarro nos deja claro que “el origen del paro no está en el mercado de trabajo, sino en la escasa demanda. Y la escasa demanda se debe sobre todo a la excesiva polarización de las rentas en España y Europa. Los salarios han disminuido en la Unión Europea de modo espectacular, mientras las rentas del capital se han incrementado enormemente. Por ejemplo, los costes laborales de 1995 a 2005 aumentaron en España sólo un 3,7%, mientras los beneficios empresariales crecieron en el mismo periodo un 73%”. Casi veinte veces más. Y hablando de recortes y sacrificios, la CEOE, la organización de los empresarios españoles, en 2009 no recortó ni un céntimo de gastos fijos y además duplicó su deuda.

Si sólo unos pocos ganan mucho, la demanda de esos pocos nunca alcanzará el volumen de lo que gastaría la mayoría. La reducción o congelación salarial o de pensiones reducen la demanda. Los “sacrificios dolorosos” reducen la demanda.

¿Qué “sacrificios dolorosos” personales asumirán Buzek, Trichet, los gobernadores de los bancos centrales de Europa, los directivos del FMI, los primeros ministros de países con recortes sociales, y los otros mandatarios europeos y dirigentes internacionales (todos excelentemente remunerados) para salir de la crisis? Me gustaría saberlo.

No se pueden pedir más sacrificios a los sacrificados, sobre todo cuando quien pide sacrificios vive rodeado de privilegios.

El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica que “toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.

Es un derecho humano, no vivir por encima de las posibilidades.

Con esos “dolorosos sacrificios” que piden los mandatarios políticos y económicos se cumple la ácida pero lúcida agudeza irónica ilustrada del humorista El Roto: “¡La economía hace agua! ¡Arrojad a la población al mar!”.

Gana la minoría privilegiada, pierden la soberanía ciudadana y los derechos humanos

Se acumulan presagios económicos catastrofistas en prensa, radio y televisión sobre endeudamiento, déficit y su repercusión en la recuperación económica. Para que la ciudadanía acepte lo que le echen como única salida. Y, mientras tanto, se desmontan poco apoco las garantías laborales y se reducen o eliminan los derechos a salario suficiente, a seguridad social, a una vida digna… Esos proclamados recortes inevitables e imprescindibles “reformas estructurales” son violaciones de derechos humanos.

Esta escalada de reiteradas noticias sobre déficit, deuda y los males que nos acechan contribuyen a desmontar el estado de bienestar. Los logros sociales, unos derechos humanos conseguidos con coraje, sangre, prisión y sufrimiento. Pero este desmantelamiento no sería posible sin la complicidad de los medios informativos; medios de persuasión al servicio de intereses minoritarios concretos.

Toda esta porquería actual empezó hace poco con la actuación de las agencias de clasificación de crédito, también denominadas de calificación de riesgo o de rating. Agencias que evalúan productos financieros o activos de empresas, Estados o gobiernos regionales; valoran el riesgo de impago y la solvencia  del emisor de deuda en los mercados de valores con cálculos estadísticos y métodos  matemáticos.

La cuestión se complica cuando los dictámenes de esas agencias son considerados las tablas de la ley entregadas a Moisés en el Sinaí. Tales agencias son parte del problema, no de la solución. El presidente de Moody’s ha admitido que los graves errores de las agencias de rating contribuyeron a la crisis financiera porque otorgaron buenas calificaciones a las hipotecas-basura. Pero al error ya fue cósmico al convertirse la crisis de las hipotecas en crisis global que ha desmontado las economías. Ocurrió cuando la banca de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota, poco antes de ser rescatada urgentemente con dinero de los ciudadanos estadounidenses. ¿Saben que calificación daban esas agencias de rating a Lehman Brothers el mismo día que Lehman pidió auxilio porque se hundía? Muy buena.

Pero no aprenden y persisten en sus discutibles y oscuras actuaciones sobre Grecia, España, Portugal… Las agencias maniobran contra la solvencia de España, aunque la deuda pública española sea 20 puntos menor respecto al PIB que la de sus vecinos europeos. ¿Y qué ocurre en España ante las calificaciones a la baja de esas agencias? Recortes, congelación de pensiones, rebajas de salarios… Frenos a la reactivación económica. El Nobel Paul Krugman denuncia que “se ha convertido en sabiduría que hay que socavar la recuperación económica para apaciguar a quienes temen que haya inflación, aunque no la haya ni por asomo. Y eso es lo realmente malo”.

El otro expolio a la ciudadanía es la usurpación de soberanía; una soberanía que todas las constituciones nacionales proclaman, pero que hoy detentan quienes no han sido elegidos y ante nadie responden.

Sobre nuestras vidas deciden oscuras instituciones nada democráticas. La política presupuestaria de los países de la zona euro, por ejemplo, está marcada en realidad por el Banco Central Europeo. Y el FMI (otro que tal) es un tinglado donde la designación de responsables es fruto de enjuagues y cambalaches entre los países más poderosos.

Marshall Auerback, investigador económico del Roosevelt Institute, denuncia que “camuflados tras todo el furor contra el déficit están los beneficiarios de la reciente prodigalidad pública. Las élites político-económicas, los mayores beneficiarios de la magnanimidad gubernamental en los dos últimos años, despotrican contra la política fiscal que dicen es irresponsable e insostenible”. Y Bill Mitchel remacha que “los neoliberales socavan deliberadamente el derecho a trabajar de millones de personas, forzándolas a una situación de dependencia para entrar a saco en el sistema de bienestar y negar el alivio que ese sistema les proporciona.”

Ante tal miserable despropósito sobre deuda y déficit, Auerback insiste que “la mejor reforma para lograr estabilidad financiera es el pleno empleo, porque así crecen los ingresos y la capacidad para reducir deuda; descienden impagos a bancos y hay menor necesidad de rescates públicos. El pleno empleo es el valor real que debe guiar la política económica, no el falso énfasis en proporciones financieras siempre en manos del sector financiero”.

Estoy con Auerback cuando dice que “la depravación moral de las élites es verdaderamente inconcebible”. Yo las denomino minoría privilegiada.