Tres cánceres de la economía neoliberal contra la ciudadanía

Según Transparency International, la corrupción amenaza gravemente la recuperación económica. En el último informe sobre corrupción en el mundo de esta organización, suspende la mayoría de los 180 países analizados. Los más corrompidos son casi siempre los más empobrecidos, pero también hay países ricos, con bajos índices de corrupción en casa, pero no así cuando sus empresas actúan en otros Estados. Ahí sobornan a placer. Quizás ésa sea la razón de que los más corrompidos sean los más empobrecidos. Los ricos corrompen en países pobres, pero no aparecen como tales en la lista; sólo el país corrompido, no el corruptor.

Corrupción es soborno a funcionarios o políticos que influyen en la adquisición de bienes y servicios para el Estado; es apropiación de fondos públicos por funcionarios o políticos; es desvío de capital público a cuentas propias; es manipular o cambiar datos e informaciones en beneficio propio para participar con éxito en concursos públicos; es distribuir arbitraria e injustamente beneficios legítimos…

Pero contra la idea generalizada de que la corrupción es propia de países empobrecidos o emergentes, los multimillonarios trapicheos y latrocinios varios de Eurostat, Enron, World Com y otros tantos hace pocos años, más otros muchos más hace poco en Estados Unidos y Europa, convierten la corrupción en una pandemia de países desarrollados, aunque no lo reflejen así las listas de Transparency Internacional.

Otro cáncer de la economía es el fraude fiscal. En Alemania, en 2008 se descubrió que buena parte de la clase empresarial llevaba años defraudando a Hacienda miles de millones de euros anuales. Miles de millones. Lo hacían por medio del banco LGT de Liechtenstein, propiedad  por cierto de la familia real de ese principado de opereta. Sólo es un ejemplo entre miles. Pero cada año, América Latina, por ejemplo, pierde unos 50.000 millones de dólares por evasión de impuestos de empresas transnacionales que operan en esa región. Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de la organización internacional Attac, los países más pobres dejan de ingresar unos 200.000 millones de dólares anuales por fraude fiscal. Esos millones defraudados se guardan en paraísos fiscales: el tercer cáncer.

En febrero del año pasado, el G20 prometió erradicar los paraísos fiscales. La canciller alemana Merkel anunció que habría una lista negra de paraísos fiscales que no colaboraran y el presidente francés Sarkozy amenazó con sanciones a esos centros. No pasó nada. En cambio, hace medio año, el G-20 proclamó que los paraísos fiscales no serán considerados tales si firman convenios para aportar información tributaria, pero sólo si algún Estado la pide. Y además los paraísos fiscales son los segundos clientes de la Eurozona, los Estados europeos con el euro como moneda. No sólo no sanciona, sino que Europa hace negocios con los cómplices de la evasión fiscal que le resta ingresos.

Hay 38 paraísos fiscales según la OCDE y, entre ellos, destacan Gibraltar, Andorra, Mónaco, Liechtenstein y las islas de Man y Jersey en el Canal de la Mancha. En la vieja Europa. Por tanto, lo que se diga contra paraísos fiscales es falso mientras los haya en Europa. Mientras haya secreto bancario. Mientras no se arrincone a los paraísos para que dejen de ser la cueva de Ali Babá de la economía mundial.

Lo único que se puede hacer con los paraísos fiscales es deshacerlos. ¿Imaginan que un médico propusiera tratar un cáncer no haciendo nada? Pues eso proponen Europa y el G20 hacer con los paraísos. Nada.

Declaraciones contra los paraísos fiscales que no vayan acompañadas de medidas contra  determinadas prácticas, conductas y actuaciones bancarias y financieras son humo. Es necesaria más información sobre lo que hace la banca en los paraísos. Hay que prohibir las filiales y delegaciones de bancos, cajas de ahorro y grupos empresariales en los paraísos. También hay que poner coto a las sociedades instrumentales que hacen posibles numerosos delitos porque son territorio de paso de miles de millones de dólares de la corrupción, de la evasión fiscal y del blanqueo de dinero criminal o terrorista… Y hay que negar personalidad jurídica a esas sociedades  pantalla de paraísos fiscales e impedirles intervenir en el comercio y el movimiento financiero internacionales. Eso son medidas contra los paraísos fiscales; lo demás son cánticos de sirena.

Cuando veamos que G20, Unión Europea, FMI y entidades similares van a por ellos, actúan contra los paraísos fiscales, entonces creeremos que quieren superar la crisis. Y entonces no harán falta programas de recortes.

Hay que plantar cara

Es como una actuación de jazz. Los músicos improvisan una y otra vez con instrumentos diversos y ritmos diferentes a partir de la misma melodía esencial. Vuelven sobre esas notas una y otra vez, se turnan trompeta, saxofón, clarinete, piano, contrabajo, banjo, guitarra, batería… Hacen que la música parezca diferente utilizando todos, uno tras otro, la misma combinación de notas.

Pues los responsables de la crisis y sus cómplices, como en el jazz, parten también de una única melodía: sus beneficios, sus intereses. Y a partir de ahí cambian de ritmo, intervienen uno u otro con la misma tabarra… Banco Central Europeo, bancos centrales nacionales, FMI, OCDE, los llamados mercados, gran banca, directivos de grandes empresas, grandes medios…

Impiden (o aceptan que se impida) la imprescindible reforma financiera, promueven recortes sociales, imponen planes de ajuste, marean con que salimos lentamente de la crisis, atacan y boicotean lo público, ocultan o falsean los logros y beneficios de lo público, cantan las alabanzas trucadas de lo privado… Y ahora manipulan la deuda pública para chantajear a los gobiernos y forzarlos a imponer reformas regresivas que sólo a la minoría privilegiada benefician.
Con tal codicia, la crisis se va a convertir en catástrofe social, holocausto de derechos económicos y sociales de la mayoría.

Pero los problemas no se solucionan solos: o los solucionas o permanecen y se enquistan. Llegó la hora de plantar cara. Y algunos ya han empezado.

Por ejemplo, miles de personas se manifestaron en Washington para apoyar las reformas positivas de Obama en beneficio de la mayoría.

Crecen las protestas contra recortes de derechos laborales y sociales que castigan a los ciudadanos europeos. En Grecia protestan contra las políticas neoliberales del gobierno contra derechos sociales y económicos de todos. En España, una huelga general contra la reforma laboral ha paralizado la industria y afectado significativamente el transporte y los servicios. Dos millones de ciudadanos han protestado en varias ciudades de Francia contra la reforma regresiva del sistema de pensiones. En París, además hubo una huelga de transportes y enseñanza, y los sindicatos han convocado otra jornada de huelga. En Portugal, el principal sindicato portugués, la CGTP, convoca un paro general contra las medidas de austeridad del gobierno de José Sócrates, como rebajar un 5% el sueldo de los funcionarios… Suma y sigue.

Algo se mueve. Por fin.

Lina Gálvez, vicerrectora de la Universidad Olavide de Sevilla, nos recuerda que los mercados utilizan su presión de especuladores sobre la deuda de los Estados para imponer a los gobiernos medidas que sólo convienen a las grandes empresas y a la banca. Una extorsión evidente que algunos gobiernos aceptan en lugar de recurrir a la ciudadanía para que hable claro a los especuladores. Los gobiernos ceden a las demandas chantajistas, insiste Gálvez, pero los mercados, como todos los chantajistas, son insaciables. Ceder no es el camino.

Los mercados (es decir unos cuantos miles de tipos en todo el mundo) son insaciables. Recuerden el diálogo del filme “Cayo Largo” de John Huston entre el personaje de Bogart, un soldado que regresa de la guerra mundial, y el de Edward G. Robinson, el gangster John Rocco. El soldado pregunta retóricamente, “¿qué quiere Rocco?” Y se responde: “Quiere más”. Rocco lo confirma: “Eso es, quiero más”. Y el soldado pregunta de nuevo: “¿Alguna vez Rocco tendrá bastante?” Y Rocco contesta: “Nunca tengo bastante”.

Eso es lo que hay. Por eso no cabe esperar que los “malos” se vuelvan buenos.

Pero hay otro camino hacia el auténtico progreso y la mayor igualdad posible; es decir, mayor justicia. Para afrontar la crisis, la Comisión Económica de América Latina (CEPAL, dependiente de Naciones Unidas) apuesta por intensificar las políticas sociales y laborales que tan buenos resultados da en América Latina frente a la receta neoliberal europea de recortar el Estado del bienestar. Y también convendría sentar en el banquillo de los acusados al sistema financiero, no al estado de bienestar, que es camino hacia un Estado de justicia.

Esos son los objetivos a reivindicar por ciudadanos y ciudadanas del mundo para plantar cara. Mejora de salarios y condiciones laborales, políticas sociales contra la desigualdad y que los responsables de la crisis rindan cuentas.
Ahora es la hora de la ciudadanía.

Ésta no es la Europa que queremos

El rifirrafe en la Unión Europea para llegar a un acuerdo y ayudar a Grecia ha mostrado que Alemania marca la pauta, seguida de cerca por Francia. El resto a jugar por las bandas. Alemania ha impuesto que el Fondo Monetario Internacional esté en el centro del rescate. Y Francia ha vendido el acuerdo como el mejor posible.

¿Lo es?

Ocurre que el gobierno alemán, la clase política y la minoría privilegiada alemanas miran con muy malos ojos a quienes no han hecho lo indecible para asegurar la “estabilidad”; según Alemania, claro. No quieren saber nada con los que tienen considerable déficit público. ¡La bestia negra del maldito déficit público! ¡Quienes no renuncien al déficit, a sus pompas y a sus obras, serán arrojados a las tinieblas con lamentos y crujir de dientes, y serán vilipendiados por los “mercados”, que los zarandearán y se forrarán a su costa!

Más de lo mismo. Una crisis que dura dos años, que no se supera, y continúan con los mismos errores. Reducir el déficit a toda costa, moderación salarial, recortes sociales… No aprenden. O algo peor. Porque esas medidas no relanzan la economía.

Marshall Auerback, analista económico del Instituto Franklin y Eleanor Roosevelt de EEUU, ha escrito respecto al déficit público que “con pocas y breves excepciones, el gobierno federal de Estados Unidos ha estado en deuda sin interrupción desde 1776. Doscientos treinta años con mayor o menor déficit público. Pero esa deuda no ha perjudicado las sucesivas generaciones estadounidenses ni ha restringido su libertad de acción”. O Estados Unidos no sería hoy la economía potente que es.

Auerback califica como histéricos de la sostenibilidad fiscal o terroristas del déficit público a los voceros y vocingleros contra éste. Y de esos talibanes contra el déficit hay demasiados en los núcleos decisivos de la Unión Europea.

Marshall Auerback insiste, contra los adoradores a ultranza de la reducción del déficit a cualquier precio, que la política fiscal sostenible es la que crea empleo: una oferta pública de empleo garantizado es la mejor política fiscal. Lo demás son cuentos. Pero de momento ganan los histéricos del déficit, los que defienden recortes y más recortes del gasto (sobre todo del gasto social), sin considerar que así reducen e hipotecan el presente y futuro de las generaciones jóvenes. Y remacha Auerback que la clave para una recuperación auténtica no es reducir el gasto público sino lo contrario más aplicar recortes fiscales que reduzcan la atonía de la demanda hasta eliminarla . Eso sí crea empleo. Así opina también el Nobel de economía Stiglitz. Y que esa opción funciona lo tenemos documentado, porque sucedió hace setenta años y salió bien.

Pero, ¿de verdad interesa a la minoría privilegiada europea y a sus cómplices de los estados crear el empleo necesario? Pues ésa es la Europa que nos construyen (y que los ciudadanos permitimos). Una Europa neoliberal, cicatera, cada vez más desigual y éticamente cutre. Una Europa que realmente no es la que conviene a la inmensa mayoría de europeos.

Una Europa en la que 80 millones de habitantes viven en la pobreza (el 16%). Inmigrantes, desempleados y personas sin hogar, pero también los “trabajadores pobres”, término acuñado por la neoliberal Comisión Europea para los ciudadanos que, aún teniendo un trabajo, viven en la pobreza. Así será ese trabajo. Hay un 8% en tal situación: 40 millones de ciudadanos.

Por cierto, en el año 2000, el Consejo Europeo celebrado en Lisboa acordó erradicar la pobreza de Europa para 2010. Estamos en 2010. ¿Tienen ustedes noticia de que se haya erradicado la pobreza en Europa? Según Cruz Roja, por ejemplo, el 20% de españoles tiene problemas para subsistir. Y más de un millón de ciudadanos españoles desempleados están socialmente desprotegidos. Dato muy significativo, porque España está entre la docena de países más desarrollados del mundo.

¿Y cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea ante el aumento de pobreza? Retrasar los trabajos contra la pobreza hasta 2020.

Quienes dirigen y construyen esta Europa practican el más insolidario neoliberalismo. Creen ciegamente en él. Además, la minoría privilegiada europea nos da gato por liebre desde hace cuatro décadas. En lugar de la Europa de ciudadanos que anhelábamos, nos perpetran otra de mercaderes, banqueros, multinacionales y especuladores. Y los ciudadanos lo consentimos.

Incluso en la defensa y promoción de derechos humanos Europa retrocede y ya no es lo que era. Ahí están las normativas con tintes xenófobos como respuesta a la inmigración masiva; las actitudes y conductas islamofóbicas; la discriminación e incluso persecución de los gitanos; el abandono del derecho de asilo; la exportación de instrumentos de tortura a países que practican el terrorismo de estado; la complicidad con prácticas inicuas con detenidos por sospecha de terrorismo; el recorte de libertades en nombre de la seguridad…

Definitivamente ésta no es la Europa que queremos. Habrá que hacer algo.

Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia

El bombardeo de un campamento de las FARC en Ríoblanco y Planadas, en el departamento de Tolima al sur de Bogotá, mató a ocho guerrilleros. Los medios informaron también de que Colombia ocupa el lugar 34 en Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los más de 130 países estudiados.

El IDH es una medición país por país, elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que toma en consideración duración de la vida y buena salud, alfabetización de adultos, matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como duración de la enseñanza obligatoria y el índice del nivel de vida. Según el IDH, la esperanza de vida en Colombia es de 72 años, pero eso contrasta con miles de jóvenes muertos en el conflicto armado, la mayoría civiles, según los informes de Amnistía Internacional.

Contradiciendo el puesto elevado en el  IDH, el desempleo ha aumentado en Colombia 5 puntos hasta el 11,7%. La crisis, por supuesto, pero como explica el catedrático Alfredo Sarmiento, asesor del PNUD, “Colombia es un país cuya gran riqueza está muy mal distribuida con alguna gente con un nivel de vida muy alto”. ¿Y el resto?

A las causas de pobreza, ocasionadas por la codicia y un sistema global injusto, cabe añadir que Colombia es, tras Sudán, el país con más desplazados internos del mundo. En 2008, 380.000 personas huyeron de sus hogares: un incremento de más del 24% respecto a 2007. Hoy hay entre tres y cuatro millones de personas desplazadas. Huyen del conflicto armado interno y porque han sido hostigados por la guerrilla, paramilitares y fuerzas de seguridad que expulsan a comunidades enteras de territorios de importancia estratégica, a menudo más económica que militar.

Indígenas, descendientes de esclavos africanos y campesinos son los más afectados. Como pasó a cien  familias de San José de la Turbia, en Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, que abandonaron su hogar porque temían por su vida. Días antes, paramilitares sacaron con violencia a Francisco Hurtado y nunca más se supo de él. El resto fue amenazado.

Se calcula que se han robado entre cinco y seis millones de hectáreas de tierras de millares de campesinos, indígenas y ciudadanos de color descendientes de esclavos, sobre todo por paramilitares; los que según el gobierno están desmovilizados. Amnistía Internacional ha documentado centenares de casos de hostigamiento, amenazas y crímenes de civiles con datos, lugares, nombres, apellidos y responsables de violaciones de derechos humanos.

Quienes denuncian esos crímenes y reclaman justicia, los defensores de derechos humanos, corren serio peligro en Colombia, según afirmó el pasado 18 de septiembre la Relatora Especial de Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, que ha investigado la situación de los defensores colombianos.

Ese riesgo se convierte en muerte demasiadas veces, como le ocurrió a Jesús Heberto Caballero, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos, que había denunciado la corrupción en el estatal Servicio Nacional de Aprendizaje. Su cadáver fue descubierto un amanecer de abril con señales de tortura en  Sabanalarga, municipio de la región caribeña de Colombia. Días antes, Caballero había recibido una amenaza de muerte firmada por los paramilitares Águilas Negras.

A un lado, los colombianos y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el país saben que más allá de los datos mejorados del IDH y de las victorias militares contra la guerrilla, gran parte de la población civil sufre las consecuencias de un conflicto prolongado y cruel. En otro, el gobierno y la clase dirigente colombianos (con la impagable complicidad o encubrimiento de muchos medios informativos occidentales) esconden las graves violaciones de derechos humanos contra civiles perpetradas por todas las partes en el marco del conflicto.

Hay una especie de desdoblamiento nacional: fiscales y jueces, que se pliegan a los ilegítimos deseos de la clase dirigente, acosan judicialmente en falso a defensores de derechos humanos; pero por otra parte, otros jueces y fiscales están en el punto de mira de los paramilitares y son asesinados por investigar violaciones graves de derechos humanos y masacres de civiles.

El presidente Uribe y su gobierno deberían comprender de una vez que para acabar con el conflicto colombiano no puede haber nada por encima de los derechos humanos. Entonces los éxitos militares logrados se convertirán en auténtica paz.

Sin derechos humanos la democracia es una farsa

Sheldon Wolin,  profesor emérito de Princeton, analiza una degeneración del sistema democrático: el ‘totalitarismo invertido’. Que busca anestesiar a los ciudadanos desde el poder para mantenerlos en estado permanente de  necedad, de irresponsabilidad y que la democracia se disuelva, reducido el papel ciudadano a votar cada cuatro años en elecciones convertidas en espectáculo mediático. Ese totalitarismo invertido es democracia nominal, una democracia sin ciudadanos. Como querer un jardín sin flores.

Dice Wolin que el totalitarismo invertido busca ciudadanos atemorizados, sin conciencia social ni política, contra la política incluso. Que se muevan por emociones, sensaciones e impresiones, no por razones y juicios. Ciudadanos desmovilizados que dejen el campo libre a la clase política para que ésta haga lo que le dé la gana.

 

Una muestra de totalitarismo invertido fue el proceso de ratificación de la Constitución de la Unión Europea. Franceses, holandeses e irlandeses dijeron ‘no’ en los referendos de ratificación, pero los datos indicaban que los diputados holandeses y franceses la hubieran aprobado por amplísima mayoría. Los mandatarios de otros países europeos ni siquiera convocaron referendos. No querían que los ciudadanos decidieran.

 

El totalitarismo invertido busca la infantilización de los ciudadanos para que sean manipulables y vulnerables. A ello contribuyen los medios de comunicación, que no informan con objetividad y a menudo ni siquiera informan. El cuarto poder desapareció, absorbido por el poder económico a cuyo servicio está. Los medios banalizan, frivolizan, distorsionan y, sobre todo, ocultan. Y, cuando lo consideran necesario, falsean.

 

El programa Censura de la universidad californiana de Sonoma expone anualmente cuestiones, temas y problemas importantes que los grandes medios informativos estadounidenses apenas tratan u ocultan. Lo que afecta a la mayoría de ciudadanos es escamoteado y se informa más sobre los pequeños robos de la actriz Winona Ryder o cualquier frivolidad irrelevante que de lo que ocurre en Afganistán o Irak. El progresivo empobrecimiento de la clase trabajadora estadounidense y las violaciones del Gobierno de Estados Unidos de los tratados internacionales que ha firmado no existen. Como escribió Eduardo Haro Tecglen, “el tumulto de la información dirigida y ocultada aleja a los ciudadanos del conocimiento de la realidad”. Y ese desconocimiento los hace vulnerables, manipulables.

 

El catedrático Juan Torres ha escrito sobre esa ocultación de la verdad por los medios: “En Venezuela se ha aprobado por referendo que quien quiera sea Presidente pueda presentarse a reelección ilimitadamente. Los medios informativos occidentales dicen que eso muestra que Chávez es un dictador y que en Venezuela no hay democracia. Ocultan que, para ser Presidente, Chávez (o quien sea) tendrá que ganar las elecciones en las que habrá (como ha ocurrido hasta ahora) cientos de observadores internacionales”.

 

Tal vez porque interesa que los ciudadanos sean manipulables, la editorial rusa Atticus ha cancelado la publicación de Los que susurran, obra del historiador británico Orlando Figes, con tremendos testimonios de supervivientes de la represión estalinista. El autor y numerosos amigos rusos creen que ha habido censura del Kremlin. Porque la clase dirigente rusa (con Putin al frente) quiere hacer bueno a Stalin y que se ignore que fue un genocida.

El otro frente de vaciado de la democracia es recortar los derechos de los ciudadanos. Desde 2001, el terrorismo ha sido pretexto para un recorte incesante de esos derechos. Encarcelamiento sin juicio, ausencia de protección judicial, detenciones incontroladas, violación de la intimidad… Si se viola el derecho a la vida, a la libertad, a no ser torturado ni a sufrir tratos crueles o degradantes, a no ser detenido ni preso arbitrariamente, a que haya presunción de inocencia, a ser juzgado con garantías… el sistema democrático se convierte en un decorado. Años después, la seguridad no ha aumentado, pero sí han retrocedido las libertades. Y democracia sin derechos humanos no es democracia.

 

Además de elecciones, en una verdadera democracia hay control y límite al poder para que derechos y libertades de las personas sean respetados. Por eso los recortes de derechos nos acercan al totalitarismo, aunque sea invertido.

 

Vittorio Zucconi, director del diario La Repubblica, ha escrito: “Sólo en los resúmenes escolares la Historia avanza en porciones definidas. Alemania no se volvió nazi en un mes. Italia no fue fascista de la noche al día. Te das cuenta de aquello en que te has convertido, ley tras ley, decreto tras decreto, concesión tras concesión. Y entonces ya es tarde para volver atrás.”

Si los ciudadanos aceptamos que no nos permitan intervenir en los asuntos públicos, estamos permitiendo que avance el autoritarismo.

Hablamos de rendir cuentas, de justicia

“Bush deja el país hecho trizas. Con tres dígitos más de paro (7,2 %), un millón más de pobres, seis millones más de ciudadanos sin cobertura sanitaria, un déficit presupuestario de un billón de dólares (cuando su antecesor dejó un superávit de 200.000 millones) y una recesión económica de profundidad insondable. No es cuantificable la cuenta ya conocida de los desperfectos en la imagen de EEUU, en el Estado de derecho, en el respeto a los derechos humanos y en la moral de sus conciudadanos”.

 

A este resumen de la presidencia de Bush del periodista Lluís Bassets cabría añadirle dos guerras terribles con muchos muertos civiles (las de Afganistán e Irak), que Bush impulsara un militarismo desatado (el conglomerado armamentístico ha obtenido ganancias obscenas durante la presidencia de Bush); que introdujera el nefasto concepto de ‘guerra preventiva’ contra todo derecho y civilización; que arrasara el derecho internacional y la legislación de regulación de conflictos; que mintiera a mansalva para invadir Irak; que autorizara la tortura, los secuestros y ejecuciones sumarias; que se negara a firmar el protocolo de Kyoto e impidiera cualquier propuesta decente para reducir la contaminación y el calentamiento global…

 

Y, por el contrario, no se halló arma de destrucción masiva alguna; no se ha detenido a Osama bin Laden ni a ningún alto dirigente de Al Qaeda; no hay paz ni democracia en Irak; no hay paz ni apenas democracia en Oriente Medio; no hay más seguridad en Estados Unidos ni tampoco en el resto del mundo… El informe del Pentágono del mes de diciembre sobre terrorismo alerta sobre el crecimiento de Al Qaeda y organizaciones afines en el norte de África, más actividad terrorista en Afganistán, Pakistán y en la frontera de ambos países…

 

Pero no se trata de hacer hoy un balance del que muchos analistas e historiadores consideran el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. La cuestión es que en un mundo civilizado y democrático es imperativo rendir cuentas por las decisiones, acciones y omisiones que comportan consecuencias terribles, así como por toda transgresión de la ley. Nacional o internacional. ¿Rendirá cuentas Bush?

Preguntado el presidente Obama sobre las responsabilidades de Bush y una posible investigación sobre violaciones de las leyes en su presidencia, respondió que “no creo que nadie esté por encima de la ley”, pero añadió que “necesitamos ver hacia delante en vez de mirar hacia atrás”.

 

Más allá de que tal respuesta sea simplemente diplomática o pueda ser considerada frase retórica, es más justo lo que ha escrito el Nobel Paul Krugman al conocer esa respuesta de Barack Obama: “Si no averiguamos lo que ocurrió durante los años de Bush, significa que quienes tienen el poder están por encima de la ley, pues no enfrentan consecuencia alguna si abusan de su poder (…). Una investigación seria de los abusos en la era de Bush convertiría Washington en un lugar incómodo para quienes abusaron del poder y para quienes actuaron como sus procuradores o apologistas. (…) Pero si cubrimos superficialmente los abusos de los ocho años pasados, garantizaremos que ocurran de nuevo”.

 

El cambio que encarna el nuevo presidente de Estados Unidos desde que inició su campaña electoral significa muy especialmente recuperar el respeto incondicional a los principios esenciales de la democracia, a los derechos humanos y a la ley, como expresión concreta de esos principios. Y ese respeto supone la imprescindible rendición de cuentas. Rendir cuentas por los actos cometidos o por las omisiones consentidas.

 

En última instancia se trata de rescatar la memoria de lo ocurrido del olvido. La memoria de lo hecho, de lo perpetrado, del sufrimiento causado. Y no es poesía, porque, como ha dicho en alguna ocasión el subcomandante Marcos del Frente Zapatista de Liberación, “la memoria es como acá llamamos a la justicia”. Entonces hablamos de justicia, no de otra cosa. Es la hora de la justicia. O no habrá cambio de verdad.

 

Por más que Estados Unidos no ratificara la Corte Penal Internacional, una nueva era y la sincera voluntad de cambio obligan a restaurar la justicia. Porque, además de otras transgresiones y violaciones de la ley, estamos hablando de posibles crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad. Y esos crímenes no prescriben.

Imperio de los derechos humanos o barbarie

Guántanamo ha significado y significa la perpetración de una sistemática violación de derechos humanos. Detenciones secretas, encarcelamientos clandestinos, ausencia de acusaciones, desapariciones forzadas, torturas, inexistencia de asistencia jurídica, negación de salvaguardas legales básicas y ausencia de cualquier tipo de protección que la ley democrática asegura.

 

Esta historia de vergüenza empezó en septiembre de 2001 cuando el Congreso de Estados Unidos autorizó al presidente Bush a usar la fuerza contra naciones, organizaciones y personas que a su juicio tuvieran cualquier relación con los ataques terroristas de Nueva York o con futuro terrorismo internacional. Poco más tarde, Bush autorizó a la CIA a establecer centros de detención fuera de Estados Unidos y dos meses después firmó una orden sobre “detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo”, por la que autorizaba al Pentágono a detener indefinidamente sin cargos a ciudadanos no estadounidenses. Además, talibanes y sospechosos de pertenecer a Al Qaeda no podían ser considerados prisioneros de guerra y, por tanto, quedaban excluidos de la protección de los Convenios de Ginebra, la que prohíbe juicios injustos, tortura, crueldad, atentados contra la dignidad o tratos humillantes y degradantes.

 

Todo este cúmulo de abusos y despropósitos condujo a que el 11 de enero de 2002 fueran trasladados a Guantánamo los primeros detenidos en Afganistán y recluidos en jaulas de malla metálica. Llegó a haber 800. Había empezado una de las más graves, cínicas y desvergonzadas violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Esta masiva violación se agrava al saber que el 85% de los detenidos en Afganistán o zonas fronterizas pakistaníes fueron capturados por señores de la guerra de la Alianza del Norte (socios de EEUU) a cambio de jugosas recompensas.

 

Lahcen Ikasrrien, un marroquí que se instaló en Afganistán donde adquirió un pequeño negocio, fue detenido en Kunduz por soldados de Abdul Rashid Dostum y entregado al ejército estadounidense por 75.000 dólares. Sin investigaciones, sin pruebas ni indicios de la menor relación con actos terroristas. Sólo por ser musulmán extranjero en Afganistán en tiempo de guerra.

 

El 2 de diciembre  de 2002, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprobó el uso de malos tratos en Guantánamo. Encapuchar y desnudar a los detenidos, privarles de la vista o del oído, someterlos a frío y calor sistemáticamente, mantenerlos en posturas en tensión física, proximidad de perros para causar estrés, desajustar el sueño y simulacros de ahogamiento. El Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de EEUU denunció que altos cargos del gobierno se informaron sobre ‘técnicas agresivas de interrogación’, redefinieron la ley para simular cierta legalidad y autorizaron el uso de torturas contra detenidos en Guantánamo.

 

Empezaron a oírse voces pidiendo el cierre de Guantánamo. Una de las primeras fue la de Amnistía Internacional, a la que se sumaron después peticiones desde la ONU, los ex presidentes Carter y Clinton, jefes de Estado de Europa y organizaciones jurídicas y defensoras de derechos humanos de todo el mundo.

 

Hoy el cierre de Guantánamo está cercano. El presidente Obama ha prometido que será una de sus primeras medidas. Pero también deberá recuperar el respeto de los derechos humanos anterior al 11 de septiembre de 2001, suprimir la detención sin cargos ni asistencia jurídica y prohibir implacablemente la tortura en cualquier circunstancia. Y de inmediato, resolver qué hace con los aún detenidos en Guantánamo.

 

EEUU debe acusar y juzgar ante la justicia ordinaria estadounidense a los más de 250 detenidos que aún permanecen allí o soltarlos. Pero si los acusa, con todas las garantías y salvaguardas que las leyes internacionales y la Constitución estadounidense ordenan.  Si EEUU no los juzga, debe liberarlos y enviarlos a sus países en condiciones de seguridad que excluyan la más remota posibilidad de torturas. Pues sucede que cerca de 50 de los detenidos de Guantánamo no pueden ser enviados a sus países (China, Libia, Rusia, Túnez y Uzbekistán) porque hay riesgo real de que allí sean torturados. La oferta de Portugal y Alemania, aceptando algunos de estos detenidos, está en el buen camino.

 

Bajo la presidencia de Obama, la recuperación del respeto de los derechos humanos es también acabar con la impunidad. Por eso han de investigarse los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por EEUU y sus aliados bajo el paraguas de la guerra contra el terror. Y juzgar a los responsables. Además de garantizar la reparación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.

De otro modo, permanecemos en la barbarie.

Todos los derechos humanos

En nombre de la seguridad y contra el terror se han perpetrado y perpetran gravísimas violaciones de derechos humanos, civiles y políticos. Y en nombre del desarrollo y crecimiento económicos (en realidad de la codicia de una minoría) se violan permanentemente los derechos humanos económicos y sociales de miles de millones de personas en todo el mundo.

¿De qué hablamos al referirnos a derechos sociales, económicos…? De que todas las personas del mundo tienen derecho al trabajo y a protección contra el desempleo. De que todos los habitantes de la Tierra tienen derecho a un salario que le asegure vida digna con su familia. También, derecho a seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez… Derecho a seguridad social, descanso, tiempo libre y vacaciones pagadas. Derecho al bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Madres, niños y niñas tienen derecho a asistencia especial, y todo el mundo tiene derecho a educación fundamental gratuita…

 

Derechos sociales, económicos y culturales contenidos en artículos 22 a 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 

Ahora, 60 años después de la Declaración, la ONU aprobó el Protocolo Facultativo para el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese Protocolo ha de permitir demandar el respeto de esos derechos, exigirlos al poder político y denunciar sus violaciones y recortes ante los tribunales; igual que se denuncia, procesa, juzga y condena a quienes torturan, ejecutan extrajudicialmente, fuerzan desapariciones, retienen ilegalmente, impiden elecciones libres o cercenan la libertad de expresión.

 

Pero, hay una percepción devaluada de estos derechos sociales en relación con otros, los cívicos y políticos, considerados fundamentales.

Se considera erróneamente que derechos sociales y económicos sólo son ‘principios’ o ‘necesidades’, como editorializaba el periódico The Economist. Pero no son principios, son derechos. Y así lo certifica la legislación de la ONU. Como proclama Amnistía Internacional, los derechos humanos son indivisibles. No hay derechos de primera y de segunda, sólo derechos.

Al respeto de los derechos sociales y económicos se le llama también justicia social, pero hoy, incluso el más obcecado neoliberal o el más ingenuo socialdemócrata han de reconocer que la justicia social es un objetivo aún muy lejano.

 

El incremento de la pobreza así como de la obscena desigualdad, expresado por el aumento hasta 965 millones de hambrientos en los últimos tiempos, prueba la violación permanente y sistemática de derechos sociales y económicos, el grave déficit de justicia social. Pero hay más. Unos 2.800 millones de personas (casi la mitad de población mundial) malviven con menos de menos de un euro y medio diario. Un niño de cada 5 no puede acceder a educación primaria y 876 millones de adultos son analfabetos, de los que dos tercios son mujeres. Cada día, 30.000 niños menores de 5 años mueren por enfermedades curables en países desarrollados, y en los países empobrecidos un niño de cada 10 no cumplirá los 5 años. Más de medio millón de mujeres mueren cada año durante el embarazo o el parto. Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable…

Esos son los mimbres de la pobreza, pero como denunció Nelson Mandela, la pobreza no es natural, la crea el hombre, y vencer la pobreza es un acto elemental de justicia. El respeto de los derechos sociales de todas las personas de la Tierra es justicia, no bienintencionado deseo.

 

El aprobado Protocolo para el Pacto de Derechos Sociales ha de ser herramienta para luchar por esa justicia. Tarea ardua, difícil y prolongada, pero imprescindible. O con la injusticia se extenderá el caos. Y con el caos, más violaciones de derechos humanos que conducirían a ese panorama apocalíptico que pintan obras literarias y cinematográficas catastrofistas.

O ponemos remedio y se respetan todos los derechos humanos de todos o la Humanidad comenzará la cuenta atrás.

En las crisis, las personas son lo primero

Parece que la crisis saca lo peor de la gente. Por miedo. Miedo al presente y al futuro. Miedo por no saber qué ocurre y por qué ocurre. Apenas se piensa. Se vive de rumores, de titulares, de sensaciones, de impresiones, no de reflexión ni de juicios fruto de la reflexión. Por eso aumentan las posturas sucias, las actitudes de insolidaridad, las conductas indecentes. En Italia, gana Berlusconi y sus aliados neofascistas, que amenazan con campos de concentración para inmigrantes sin papeles. En Francia, Sarkozy quiere que la Unión Europea expulse a ocho millones de inmigrantes. Hay crisis, luego leña al inmigrante.

Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha hecho una previsión para una situación económica aún peor que la actual y adelanta que, a pesar de la crisis, en 2020 tendrá que haber dos millones más de inmigrantes en España. O iremos mal. Es muy sencillo, cuando los nativos de un país deciden tener menos hijos o no tenerlos, necesita inmigrantes. O desaparece poco a poco.

En España, entre 1980 y 1995, cada año cumplían 16 años 700.000 españoles y españolas, pero entre ese último y 2006 sólo los cumplieron 400.000. Hacia atrás.

Además, razona Oliver, la inmigración ha sido muy positiva: crecimiento incesante durante doce años y reducción de la deuda pública hasta el 33% del PIB.

Pero, ¿qué pasa con el paro? ¿Acaso no hay paro e inmigrantes en paro? Pues que se vayan a su tierra. Josep Oliver nos recuerda que “los inmigrantes legales son como nativos, porque han pagado impuestos y seguridad social. La mayoría de inmigrantes son jóvenes, trabajan, cotizan y recurren poco al Estado. No cobran pensiones y al no ser muy  mayores no saturan el sistema sanitario”. Los inmigrantes en paro son como los nativos en paro. ¿O acaso se nos ocurre expulsar a los nativos sin trabajo?

¿Y los ‘sin papeles’? Oliver dice que no interesa al país que quienes carecen de permiso de residencia (de 400.000 a 700.000 ilegales) se marchen por dos razones. Están bastante integrados (cuidan ancianos y enfermos, están en el servicio doméstico, hacen trabajos de limpieza…) y, si se marcharan, vendrían otros sin integrar. La rotación es mala, asegura. Estrictamente no están parados, sólo no tienen ‘papeles’, y conviene regularizarlos y formarlos profesionalmente.

El catedrático Oliver asegura que España ya es una potencia económica y no hay que verlo tan negro, pues en realidad era necesario el ajuste.

Este sistema (el capitalista y desde hace tres décadas su nefasta versión  neoliberal) es necio y suicida, y por ello nos obsequia periodicamente con diversos tipos de crisis. Saldremos de ésta, como de las anteriores, aunque con sudor y lágrimas. Pero ya es hora de que las cuestiones críticas se coloquen en el lugar que les corresponde: el de los derechos humanos de las personas. Porque los derechos humanos de millones de personas, forzadas a abandonar su tierra, su cultura y sus gentes por pobreza o amenaza de pobreza, no son una cuestión de economía.

Si alguien parte de la peregrina idea de que tales cosas han he regirse por la economía (como si fuera una ciencia exacta o un tratado indiscutible revelado por los dioses), que se ponga en la piel de quienes lo pasan mal. Entonces tal vez pensará que en las cosas de este mundo y de los seres humanos, lo sensato, lo justo, lo correcto, lo eficaz  es lo que pregonaban pancartas de Amnistía Internacional e Intermón Oxfam en las manifestaciones contra la guerra de Irak: ‘Las personas, lo primero’. Un excelente e indiscutible lema.