No respetar los derechos humanos es elegir la injusticia

Cuando alguien viola a una mujer, se enfrenta a consecuencias penales y al rechazo colectivo. Y también quienes explotan a niños, secuestran, torturan o despojan a pobres. Así ocurre también con otros delitos, casi siempre graves violaciones de derechos humanos. Pero no hay rechazo y menos aún condena cuando son los Estados (en realidad, quienes encarnan sus poderes políticos) los que violan derechos humanos por acción, complicidad, omisión o incumplimiento de sus compromisos.

La legislación internacional de derechos humanos que Naciones Unidas elabora y promulga obliga tanto como las leyes de cada estado. El problema surge cuando los

Estados no cumplen con su obligación de respetar y defender los derechos humanos, como han firmado y ratificado.

Ponemos en la picota de la violación de derechos humanos a China, Irán o las repúblicas de Asia central de la desaparecida URSS, por ejemplo. Es justo, pues tales Estados violan derechos humanos de modo sistemático. Pero entre los estados tenidos por democráticos no es oro todo lo que reluce en respeto y promoción de derechos humanos. Una cosa es que los estados no puedan ser condenados y otra que sus infracciones y violaciones de derechos se ignoren.

En España, hay malos tratos a detenidos y ninguna respuesta por parte del Estado. Según Amnistía Internacional, existen serias deficiencias que impiden prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros malos tratos por agentes de la seguridad del Estado. La organización defensora de derechos humanos ya denunció esa situación en 2007, pero dos años después el gobierno español no ha afrontado el grave problema.

El desarrollado Japón ejecuta a enfermos mentales. El secreto sobre la aplicación de la pena de muerte impide conocer el número exacto de personas con enfermedad mental, condenadas a muerte y ejecutadas. Japón vulnera gravemente las normas internacionales que ha firmado y ratificado.

En Colombia, el gobierno mira hacia otro lado mientras los paramilitares, guerrilla y  efectivos del ejército o policía perpetran graves violaciones de derechos humanos de la población civil. Periódicamente se tiene noticia de asesinatos de campesinos, indígenas o afrodescendientes, mientras sindicalistas y otros defensores de derechos humanos corren serio peligro, son amenazados o acusados falsamente.

El gobierno colombiano no se tomó en serio la advertencia de Amnistía Internacional de que habría más ataques contra indígenas y el pasado agosto los awá fueron víctimas de una tercera masacre en menos de un año.  Al mismo tiempo se perpetra un sistemático despojo de tierras de campesinos e indígenas amenazando y aterrorizando a la población civil.

En Perú, comunidades indígenas se negaron aceptar las propuestas de presunto desarrollo del gobierno de Alan García en la Amazonia. Estas propuestas negaban sus ancestrales derechos a la tierra así como la defensa de la selva y del medioambiente. Amnistía Internacional comprobó maltrato a personas indefensas, incluso a heridos en ambulancias, y el uso de armas de fuego contra personas desarmadas en las manifestaciones de junio de 2009 contra las resoluciones gubernamentales en las que más de doscientas personas fueron heridas. El Estado peruano no cumplió su responsabilidad para con los pueblos indígenas.

A pesar de argumentos, cartas, ruegos y peticiones para que no fuera promulgado el Código Penal reformado, por injusto e inhumano, interrumpir el embarazo en Nicaragua hoy es delito. Esa reforma no considera el peligro para la vida de la madre, malformaciones o enfermedades incurables del feto o que el embarazo sea por violación. Las adolescentes violadas no se detendrán por ese código, pues no querrán un hijo fruto de haber sido forzadas, y recurrirán al aborto clandestino. Y a un peligro de muerte probable.

Israel ignora las resoluciones de la ONU en el conflicto con los palestinos, perpetra presuntos crímenes de guerra y desalojamientos forzosos injustificables, y condena a la pobreza a la población palestina al convertir la franja de Gaza en el mayor campo de concentración del mundo… Mientras Estados Unidos y la Unión Europea miran hacia otro lado.

Se pueden citar otros países democráticos que incumplen gravemente sus compromisos de defensa y promoción de los derechos humanos de todos, mientras aparentan ser campeones de esos derechos. Pero, como en otras cuestiones, obras son amores y no buenas razones. Como indica la frase popular, el movimiento se muestra andando.

Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia

El bombardeo de un campamento de las FARC en Ríoblanco y Planadas, en el departamento de Tolima al sur de Bogotá, mató a ocho guerrilleros. Los medios informaron también de que Colombia ocupa el lugar 34 en Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los más de 130 países estudiados.

El IDH es una medición país por país, elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que toma en consideración duración de la vida y buena salud, alfabetización de adultos, matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como duración de la enseñanza obligatoria y el índice del nivel de vida. Según el IDH, la esperanza de vida en Colombia es de 72 años, pero eso contrasta con miles de jóvenes muertos en el conflicto armado, la mayoría civiles, según los informes de Amnistía Internacional.

Contradiciendo el puesto elevado en el  IDH, el desempleo ha aumentado en Colombia 5 puntos hasta el 11,7%. La crisis, por supuesto, pero como explica el catedrático Alfredo Sarmiento, asesor del PNUD, “Colombia es un país cuya gran riqueza está muy mal distribuida con alguna gente con un nivel de vida muy alto”. ¿Y el resto?

A las causas de pobreza, ocasionadas por la codicia y un sistema global injusto, cabe añadir que Colombia es, tras Sudán, el país con más desplazados internos del mundo. En 2008, 380.000 personas huyeron de sus hogares: un incremento de más del 24% respecto a 2007. Hoy hay entre tres y cuatro millones de personas desplazadas. Huyen del conflicto armado interno y porque han sido hostigados por la guerrilla, paramilitares y fuerzas de seguridad que expulsan a comunidades enteras de territorios de importancia estratégica, a menudo más económica que militar.

Indígenas, descendientes de esclavos africanos y campesinos son los más afectados. Como pasó a cien  familias de San José de la Turbia, en Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, que abandonaron su hogar porque temían por su vida. Días antes, paramilitares sacaron con violencia a Francisco Hurtado y nunca más se supo de él. El resto fue amenazado.

Se calcula que se han robado entre cinco y seis millones de hectáreas de tierras de millares de campesinos, indígenas y ciudadanos de color descendientes de esclavos, sobre todo por paramilitares; los que según el gobierno están desmovilizados. Amnistía Internacional ha documentado centenares de casos de hostigamiento, amenazas y crímenes de civiles con datos, lugares, nombres, apellidos y responsables de violaciones de derechos humanos.

Quienes denuncian esos crímenes y reclaman justicia, los defensores de derechos humanos, corren serio peligro en Colombia, según afirmó el pasado 18 de septiembre la Relatora Especial de Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, que ha investigado la situación de los defensores colombianos.

Ese riesgo se convierte en muerte demasiadas veces, como le ocurrió a Jesús Heberto Caballero, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos, que había denunciado la corrupción en el estatal Servicio Nacional de Aprendizaje. Su cadáver fue descubierto un amanecer de abril con señales de tortura en  Sabanalarga, municipio de la región caribeña de Colombia. Días antes, Caballero había recibido una amenaza de muerte firmada por los paramilitares Águilas Negras.

A un lado, los colombianos y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el país saben que más allá de los datos mejorados del IDH y de las victorias militares contra la guerrilla, gran parte de la población civil sufre las consecuencias de un conflicto prolongado y cruel. En otro, el gobierno y la clase dirigente colombianos (con la impagable complicidad o encubrimiento de muchos medios informativos occidentales) esconden las graves violaciones de derechos humanos contra civiles perpetradas por todas las partes en el marco del conflicto.

Hay una especie de desdoblamiento nacional: fiscales y jueces, que se pliegan a los ilegítimos deseos de la clase dirigente, acosan judicialmente en falso a defensores de derechos humanos; pero por otra parte, otros jueces y fiscales están en el punto de mira de los paramilitares y son asesinados por investigar violaciones graves de derechos humanos y masacres de civiles.

El presidente Uribe y su gobierno deberían comprender de una vez que para acabar con el conflicto colombiano no puede haber nada por encima de los derechos humanos. Entonces los éxitos militares logrados se convertirán en auténtica paz.

La realidad de los derechos humanos en Colombia

La Comisión Colombiana de Juristas ha denunciado que la abogada Lina Malagón Díaz ha recibido amenazas de muerte y sido declarada “objetivo militar” por los paramilitares Águilas Negras, que la insultan llamándola “puta guerrillera que defiende a sindicalistas”. 

Docenas de defensores de derechos humanos colombianos han recibido amenazas de muerte.

 En septiembre de 2008, en el depósito de Ocaña, a 610 kilómetros de Bogotá, no cabían los cadáveres de jóvenes sin identificar. Semanas después, el presidente Uribe calificó a esos jóvenes muertos como delincuentes “que no estaban precisamente recogiendo café en una finca”, pues, según la fiscalía general, eran guerrilleros “muertos en combate”. Pero Mario Iguarán, fiscal general, dijo ignorar quiénes eran y cómo habían muerto.

 Amnistía Internacional denunció que “a finales de octubre de 2008, emergió el escándalo de homicidios de decenas de varones jóvenes de clases marginales, secuestrados y presentados falsamente por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”.

 Sólo en Soacha aparecieron 12 jóvenes muertos, pero las denuncias superaron los 50. El ejército argumentó que eran reclutados por las FARC y abatidos en combate. Pero la policía averiguó que reclutadores paramilitares recorrían barrios pobres ofreciendo contratos de trabajo a jóvenes desocupados. Los llevaban engañados a zonas de guerra e indicaban al ejército su ubicación para que los mataran y exhibieran como “trofeos de guerra”.  Canallada posible por el sistema de recompensas del ejército. Las bajas de guerrilleros son “positivos” en jerga militar y es baremo de eficacia bélica. Las muertes de varones civiles, presentados como guerrilleros abatidos en combate, son “falsos positivos”.

 El escándalo forzó al Gobierno a expulsar a 27 oficiales y suboficiales del ejército. Pero sólo los expulsó. Esos homicidios son la punta visible de un gigantesco iceberg. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos llevan años denunciando las ejecuciones extrajudiciales en Colombia como práctica generalizada y sistemática. Y Navi Pillay, comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, declaró que las ejecuciones extrajudiciales “parecen ser una práctica difundida y sistemática” en Colombia. También dijo haber “expresado al gobierno  de Colombia la preocupación por el gran nivel de ejecuciones extrajudiciales. El gobierno se ha comprometido a investigar las denuncias”. Ya son 1.483 ejecuciones extrajudiciales denunciadas los últimos años.

 Durante octubre y noviembre de 2008, las comunidades indígenas de Colombia se manifestaron contra las constantes violaciones de derechos humanos por defender su tierra. Según Amnistía Internacional “autoridades estatales, fuerzas de seguridad y gobierno tacharon estas manifestaciones como subversivas. Y a esas acusaciones a menudo siguieron homicidios, desapariciones forzadas y amenazas de muerte por parte de paramilitares y fuerzas de seguridad”.

 Según el presidente Uribe, su gobierno “ha desmontado el paramilitarismo”, pero organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que, como mínimo, 12.000 paramilitares continúan guerreando. Extorsionan a campesinos, indígenas y descendientes de esclavos negros, les arrebatan tierras y los asesinan. O matan sindicalistas. El sindicato Comisiones Obreras de España asegura que “tres de cada cuatro sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos”.

 Para mostrar que está contra los paramilitares, ante la pregunta de una periodista que le entrevista, Álvaro Uribe pregunta retóricamente “¿quién iba a pensar hace pocos años que 13 ó 14 jefes paramilitares estuvieran en cárceles de Estados Unidos, extraditados?”. Pero no dice que esos paramilitares sólo han sido juzgados y condenados por narcotráfico. En Colombia ningún jefe o soldado paramilitar ha respondido ante la justicia por crímenes de guerra cometidos. Hay impunidad.

 El informe de Amnistía Internacional “¡Déjennos en paz!”, sobre Colombia, aporta datos escalofriantes. En 2007 hubo en Colombia 1.400 homicidios de civiles (1.300 en 2006). De éstos, las fuerzas de seguridad fueron responsables de 330 homicidios, los paramilitares de 300 y los grupos guerrilleros de 260. Unas 305.000 personas fueron forzadas a desplazarse en 2007 (220.000 en 2006). Y al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada por fuerzas de seguridad y paramilitares o secuestradas por grupos guerrilleros (180 en 2006).

 Amnistía Internacional mantiene que estos crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados en Colombia no deben quedar impunes. Los responsables han de responder ante los tribunales de justicia en Colombia, tribunales de otros Estados por el principio de jurisdicción universal o tribunales penales internacionales.

Y, entre tanto, como dice María Mc Farland, responsable del informe de Human Rights Watch sobre Colombia: “Estados Unidos y la Unión Europea están demasiado callados en los últimos años”.

 Es hora de difundir la realidad de los derechos humanos en Colombia.