La patente de corso de la minoría rica

Alexandre ya no cobra su beca de investigador y se cambia a un piso que comparte con ocho. Paula quedó en paro sin subsidio; a veces logra un trabajo mal pagado. João sobrevive gracias a su familia…

En Portugal, además de parados hay quinientos-euristas (multitud que solo cobra 500 euros mensuales), subcontratados, precarios, trabajadores en prácticas y becarios. Un ejército asalariado de reserva. Desempleo del 14% y una oleada de portugueses que emigran. Parejas de 35 a 50 años con hijos, sin trabajo asegurado, sin hablar el idioma. Y jóvenes diplomados que prueban suerte en Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, Suiza… En Suiza, muchos portugueses duermen en la calle y otros recurren a ONG para comer. En 2011, emigraron de 100.000 a 120.000 portugueses de un país de apenas once millones. Y, aunque Portugal aplica feroces recortes sociales, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI exigen más.

En España, los Presupuestos Generales de 2012, muy celebrados por los dirigentes europeos, suponen congelar el sueldo de los funcionarios, recortar el 17% del gasto de ministerios, aumentar el precio de luz y gas, suprimir mucha Ayuda al Desarrollo, rebajar ayudas a la vivienda e incluso menos dinero para promover creación de empleo. Más un presunto plan de lucha contra el fraude que es una amnistía fiscal: los evasores de impuestos quedarán en paz con Hacienda pagando solo un 10% de beneficios y rentas no declaradas. Incluso Financial Times y The Wall Street Journal lo han criticado.

En Grecia, desde que fue “rescatada” la primera vez, el paro se ha duplicado, los sueldos han bajado del 20% al 30% y una de cada siete familias carece de ingresos. Los funcionarios ganan un 15% menos y los empleados de empresas públicas, 30% menos; habrá 150.000 empleos públicos menos y se cerrarán 1.976 colegios, además de más recortes en sanidad. La Seguridad Social dispone de 5.000 millones de euros menos y se venden muchas empresas públicas. Pero el presupuesto militar, ni tocarlo. En 2012, Grecia ha presupuestado 7.000 millones de euros más que en 2011 para comprar 243 tanques Leopard y dos submarinos U31 a Alemania, más 15 helicópteros y seis fragatas a Francia.

En 2010, el PIB griego descendió 3,5% y en 2011 disminuyó un 5,5% más. Y este año 2012 es el cuarto de recesión, mientras, según la prensa alemana, se han evadido a Suiza 200.000 millones de euros.

¿Y Alemania, adalid de la austeridad? Según Fabian Lindner, economista de la Hans-Böckler, “la buena trayectoria de Alemania en la crisis no es por apretarse el cinturón sino por el gran paquete fiscal de estímulos y los generosos subsidios a las empresas para salvaguardar el empleo”. Pero no es oro todo lo que reluce Alemania, donde el 22% de asalariados tiene empleos precarios y los datos alemanes de empleo no son tan buenos como se pretende. Porque no incluyen desempleados mayores de 58 años, ni trabajadores parados en cursos de formación ni tampoco parados que recurren a agencias privadas para buscar empleo.

Es la Europa empecinada en la austeridad. Austeridad que no lo es, sino lucha contra el gasto público social. Contra el gasto público y lo público para convertirlos en negocio privado, claro. Por eso la política de austeridad jamás propone reducir subvenciones a grandes empresas ni tocar la industria militar.

La política de austeridad es una estafa porque no garantiza que la banca financie a empresas y consumidores; porque no frena a los especuladores y porque no hace nada contra los paraísos fiscales en territorio europeo. Esta Europa de la austeridad es la de las desigualdades crecientes, la de la destrucción de empleos y el cierre de millones de pequeñas y medianas empresas. Donde sólo crece el beneficio del gran capital.

Austeridad que es patente de corso. La patente de corso era un documento de reyes que autorizaba a quien lo poseía a saquear barcos mercantes y poblaciones de otros países. Muy utilizadas en la Edad Media, se abolieron en 1856. Pero existe la sospecha de que aún se usan. ¿Qué es sino patente de corso la desfachatez de la minoría rica global para saquear los bienes públicos de la ciudadanía con la maldita complicidad de los gobiernos?

El capitalismo no casa con los derechos humanos

En España hay en marcha más de 350.000 procesos de ejecución hipotecaria y, desde 2007, ya se han ejecutado más de 300.000. En plata: cientos de miles de personas se han quedado sin vivienda por no poder pagar la hipoteca y muchos miles más se quedarán sin hogar. Mientras tanto, hay tres millones de pisos vacíos que no se venden. Una perversa paradoja. Pero lo peor, tras quedarse sin casa, es que muchos de quienes han sufrido un desahucio aún deben grandes cantidades a los bancos.
Por ello, una reivindicación fundamental de la asociación ciudadana Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es que la entrega del piso cancele la deuda. La dación. Ahora el Gobierno del Partido Popular dice que abre la puerta a esa dación en pago. Pero es un brindis al sol. Porque no es una ley que obligue sino un código de buenas prácticas al que los bancos pueden acogerse. O no. Según la PAH, ese código es una falta de respeto hacia los perjudicados por ejecuciones hipotecarias porque, con los requisitos necesarios para poder cancelar la hipoteca entregando el piso, la inmensa mayoría de familias afectadas quedan fuera. Requisitos como que toda la familia esté en el paro, una cuota hipotecaria superior al 80% de ingresos familiares netos, la deuda enjuagable por piso a partir de cierta cantidad…  Una tomadura de pelo.
La dación en pago existe en otros países; si se implantara de verdad (no con las trampas de ese código de buen rollito del Partido Popular), ¿qué pasaría ntonces con las 300.000 personas ya desahuciadas, muchas de las cuales continúan soportando una considerable deuda hipotecaria?
Como ha denunciado Raquel Rolnik, relatora especial de Naciones Unidas por el derecho a la vivienda, el problema (que no es un problema español ni mucho menos) está en que “la vivienda se ha convertido en una mercancía para acabar siendo un activo financiero. Pero la vivienda no es un activo financiero, la vivienda es un derecho humano”.
La cuestión de la vivienda no es algo aparte como una isla. Si hay más desahucios es porque aumenta la pobreza; ya casi un 22% de población en España. Una cifra de escándalo. Tampoco es ajeno a los desahucios que millón y medio de familias tengan a todos sus miembros en paro. Además, entre quienes sufren pobreza, hay casi un millón de personas con empleo, pero aún así son y viven como pobres. Hoy los pobres aún son más pobres.
Paro, pobreza y vivienda no son solo problema de España. Por supuesto. A modo de muestrario, en Reino Unido las familias sin hogar aumentaron en 2011 un 14% y las que solicitaron ayuda tras ser desahuciadas por los bancos aumentaron un 44% el mismo año. Casi el 13% de las familias griegas no tienen ningún ingreso y desde 2008 son muchas más las personas sin hogar: hay un 25% más de ciudadanos sin techo. Miles de griegos viven en la calle, personas con buena educación que tenían casa y trabajo hoy viven a la intemperie. El paro llega al 11% en Portugal y el 20% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza… Podríamos repasar toda la Unión Europea y hallar situaciones iguales o muy parecidas. A pesar de que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”.

Como asegura Rachel Rolnik, la vivienda es una cuestión de derechos humanos. Pues resulta que España, como casi todos los países de la Unión Europea, ha firmado y ratificado los acuerdos y tratados de la ONU sobre derechos sociales. ¿No presumía Europa de ser la tierra de los derechos humanos? Por cierto, firma y ratificación obligan tanto que esos tratados han de hacer cambiar, en función de su contenido, las leyes nacionales. Pero no es así.
Y respecto a la obligatoriedad de los tratados de derechos firmados y ratificados, comparemos para saber de qué hablamos. Por ejemplo, ¿creen que una mujer puede estar solo un poco embarazada? Absurdo. O lo está o no lo está. Pues con los derechos humanos ocurre algo similar: se respetan o no. No hay término medio.
Un sistema que acepta tranquilamente (en realidad promueve) el empobrecimiento progresivo de la población, así como violaciones sistemáticas de derechos de cientos de miles de ciudadanos en unos casos y millones en otros es un sistema de delincuentes, un sistema gangsteril. Y tal sistema no tiene la menor legitimidad ante la ciudadanía.

La austeridad, predadora e inútil

Decía Bertolt Brech que hay muchas maneras de matar. Clavar un cuchillo en el vientre, condenar al hambre, negar auxilio en la enfermedad, empujar al suicidio, llevar a la guerra… Pocas están penalizadas. Hoy, en Grecia, hay mucha más ciudadanía con mayor riesgo de morir que hace dos años. Por la austeridad.
Salarios públicos y pensiones se han rebajado hasta el 50% y en algunos casos, más. Sesenta mil negocios han cerrado y otros tantos lo harán este 2012. La quinta parte de asalariados trabaja jornadas reducidas y cobra por debajo del salario mínimo. Se han destruido más de medio millón de empleos y los parados son casi un millón (20%). Medio millón de familias carece de cualquier ingreso y seis de cada diez hogares no pueden pagar sus facturas. Los servicios públicos, liquidados o privatizados. Las ollas populares se multiplican y las ONG reparten 20.000 comidas diarias en Atenas, por ejemplo. La malnutrición hace estragos en los niños y el hambre aparece en las ciudades.
Si un griego pierde el empleo, pierde el seguro médico y ha de pagar para ser atendido. Decenas de miles de ciudadanos inválidos, enfermos o con patologías infrecuentes están condenados a muerte segura a corto plazo por la supresión de subsidios a medicamentos.
Sobre tales cosas, Naciones Unidas ha dictaminado que “es inadmisible que un Estado cierre las escuelas, universidades, desmantele servicios públicos y abandone la población al caos para disponer de fondos y pagar a acreedores extranjeros o nacionales. El Estado no puede sobrepasar determinados límites”.
Pero además, las medidas draconianas impuestas por la Unión Europea y el FMI no ayudan a Grecia a recuperarse. Al revés. Más recesión, más desempleo, más pobreza. Al otro lado del Mediterráneo, en España, con 5 millones de desempleados en aumento, cambian hábitos de consumo. En millones de hogares hay economía de guerra, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Un 60% reduce gasto en alimentación, ropa, electricidad, agua, gas, vacaciones e incluso cuidado de la salud. Y según Eurostat (estadística de la Unión Europea), España es el país europeo donde más aumentó el riesgo de pobreza hasta afectar casi al 21% de la población.
Por obra y gracia de la“austeridad”.
Sonia Mitralia, de CADTM de Grecia, denunció en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que la austeridad es un peligro para la democracia y los derechos sociales: “A los dos años de la terapia de choque impuesta a Grecia por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI, el balance es catastrófico, indignante e inhumano. Incluso los impulsores de esas políticas reconocen su fracaso. Si la austeridad draconiana hubiera sido eficaz, la deuda pública griega sería el 120% del PIB en 2020: igual que en 2009, cuando empezó todo. Han diezmado un país para nada”.
Sin embargo, BCE, Comisión y FMI imponen la misma austeridad que saben fracasada. En Portugal, España, Irlanda, Italia, en toda Europa, la austeridad draconiana impuesta hunde la economía. Vicenç Navarro recuerda que “en España, los recortes del gasto público no han producido una bajada de intereses de deuda pública del Estado, al contrario, los intereses han aumentado a nivel insostenible. Y lo mismo ocurre en Irlanda, Portugal e Italia.”
Las políticas de austeridad no solo son fracaso y desastre. Un manifiesto del movimiento 15 M denuncia que “asistimos a un golpe de estado cuando nuestros dirigentes acatan las directrices de instituciones no elegidas democráticamente, como Comisión Europea, Banco Central Europeo o FMI, que atienden solo a los intereses de grandes fortunas y corporaciones. Eso no es austeridad. La pretendida austeridad no es más que una despiadada transferencia de riqueza del 99% que estamos abajo al 1% que nos pisa. Es un saqueo y una estafa”.
Y los juristas Jaume Asens y Gerardo Pisarello nos recuerdan que “cuando el poder se despeña por la ilegalidad o consiente la irrupción de una legalidad privatizadora, a menudo mafiosa, la protesta ciudadana, la desobediencia, adquieren nueva luz. Aparecen, no ya como desórdenes susceptibles de ser criminalizados sino como el primero de los derechos para instaurar, en ese acto de rebelión, un orden jurídico alternativo, más igualitario y libre de violencia”.
Habrá que estar dispuesto a esas respuestas ciudadanas.

La austeridad como receta y otras falacias neoliberales

La violación de derechos que es la política de austeridad se basa en embustes. Falsedades repetidas por medios de comunicación y voceros del poder financiero siguiendo al nazi Goebbels: una mentira repetida mil veces, al final se convierte en verdad.

Las dos principales falsedades neoliberales son que la ciudadanía ha vivido por encima de sus posibilidades (y ahora ha de pagar). Y que la austeridad de los presupuestos públicos es el único modo de salir del agujero.

Las ciudadanías europeas recurrieron al crédito para adquirir bienes de consumo. Cierto. Pero no fue un despilfarro, como pretenden. Lo que fue el crédito fue gran negocio para los bancos, aseguró un crecimiento que aumentaba los beneficios empresariales y  contribuyó a contener los salarios durante decenios, como ha explicado Fernando Luengo.

Comprar una vivienda, cuando apenas había mercado de alquiler, no es vivir por encima de las posibilidades. Adquirir algunos electrodomésticos y teléfonos celulares no es vivir por encima de las posibilidades. Viajar en vacaciones una vez al año no es vivir por encima de las posibilidades… Porque a eso se reduce lo que ha hecho gran parte de la ciudadanía. Hasta la crisis y ni siquiera todos.

Pero la minoría privilegiada sí se lanzó a especular, creando una economía de humo, irreal (hasta lograr que estallara la crisis), mientras se embarcaba en una orgía de derroche con sus obscenos beneficios, como indican, por ejemplo, las remuneraciones y planes de pensiones de las cúpulas dirigentes, así como las tasas de crecimiento del sector de lujo para el que no hay crisis.

Y en Europa, como escribe Juan Torres, “Alemania colonizaba las economías del sur europeo, adquiriendo activos, convirtiendo esos países en importadores masivos de sus productos y financiando su endeudamiento. Teoría e historia económicas nos enseñan que una potencia exportadora, como Alemania, solo es posible si, al tiempo que exporta, financia. En el marco cerrado de la economía europea, para que unos tengan superávit otros han de tener déficit; déficits que financian quienes tienen excedentes a su costa”.
Pero ahora, Alemania teme que esos países no paguen. De ahí la exigencia de austeridad. Mal llamada austeridad, porque, como recuerda también Torres, “solo se recortan los gastos vinculados al bienestar social para abrir la puerta a su privatización”.

Esa implacable exigencia de austeridad busca que los Estados tengan fondos para pagar sus deudas, pero sobre todo para que puedan proporcionar liquidez a los bancos y éstos puedan pagar sus privadas deudas. Porque la deuda grande es la privada, de empresas y bancos. En realidad, la crisis es lo dicho por uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffet: “Claro que hay lucha de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esa lucha. Y vamos ganando”.

La segunda mentira neoliberal es que la austeridad impuesta nos hará salir de la crisis. Paul Krugman se pregunta si no hemos aprendido nada sobre gestión económica en los últimos ochenta años y recuerda que cualquier universitario que estudie la Economía de Samuelson sabe que la austeridad, cuando hay riesgo de recesión, es una pésima idea. Reino Unido, Italia y España, que aplican una austeridad implacable, no se recuperan y demuestran el fracaso de la austeridad en Europa.
Heiner Flassbeck, economista jefe de Comercio y Desarrollo de la ONU denuncia que “con las orgías de recortes en toda Europa, estamos destruyendo nuestro propio mercado. De seguir así, el hundimiento será descomunal”. Y Christine Lagarde,directora gerente del FMI, afirma que los europeos van en dirección contraria al camino de final del túnel que empezó a verse en la primera mitad de 2011.

El FMI ahora rectifica y pide plazos flexibles para la reducción de déficits, porque no es posible el gran esfuerzo fiscal que se exige, además de que conduce sin remedio a una recesión profunda (tal vez depresión) con menos crecimiento, menos consumo, menos inversión y más paro. La austeridad solo lleva al desastre.

Si la austeridad impuesta con gravísimo perjuicio de nuestros derechos se basa en mentiras, es ilegitima. No sólo cabe promover el gran movimiento cívico para no pagar deuda pública alguna cuya legitimidad no sea clara, sino que habrá que empezar a ejercer la desobediencia civil con los gobiernos que acepten reducir a la incertidumbre y a la pobreza a millones de ciudadanas y ciudadanos por el interés de unos pocos.

La desobediencia civil no violenta es un derecho ciudadano

Suenan de nuevo tambores de guerra. Añaden más temores e incertidumbres a los que ya causa la crisis. Estados Unidos y Reino Unido creen que una gran presión (?) contra Irán lo disuadirá de tener su bomba nuclear. E Israel no descarta un ataque próximo. Ni unos ni otros han aprendido la lección de la invasión de Irak.

¿Cómo osan hacer peligrar la vida de cientos de miles de personas de nuevo? El pretexto es que Irán no tenga la bomba atómica. ¿No tienen la maldita bomba Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Pakistán, Corea del Norte, Israel y la India?

De nuevo la actuación preventiva. Que no es legítima defensa ni preservar la paz, sino buscar la guerra. Porque Irán no se quedará quieto si lo atacan, ni los países musulmanes con mayorías chiitas.

¿Conservan toda su legitimidad los gobiernos que apuestan por la guerra?

¿Y que legitimidad es la de los gobiernos que con sus políticas contribuyen a la pobreza e inseguridad de millones de ciudadanos? Según la OCDE, el próximo año se estancará económicamente la eurozona, otras grandes economías se desacelerarán y puede haber recesión mundial. Con desempleo a espuertas. Pero los gobiernos insisten en fuertes ajustes, mientras los bancos centrales garantizan dinero fresco a la banca.

Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denuncia que empeoran las condiciones de vida para la mayoría de la gente, mientras los bancos ganan más dinero. Señala la OIT que recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis costará cinco años.

Europa va hacia una recesión y el paro se hace crónico. Pero se recapitaliza la banca con dinero público, se mantiene la rebaja fiscal para capital, grandes empresas y fortunas y no se mueve un dedo contra los paraísos fiscales que hacen posible corrupción y evasión sistemática de impuestos. Como denuncia Luis García Montero, “el capitalismo ha declarado una verdadera guerra contra los pobres y contra la soberanía de los ciudadanos”. Otra guerra.

Europa, Estados Unidos y países anglosajones optan por “mantenella y no enmendalla, aunque la razón no hayan”. Y privatizan servicios públicos. Un robo manifiesto, como denuncia Ramonet, porque “cuando se privatizan los servicios públicos, no sólo se le arrebata a la ciudadanía un bien que le pertenece (costeado con sus impuestos) sino que se desposee a los pobres de su único patrimonio”.

Y reformas a peor de pensiones públicas, retraso de edad de jubilación, reformas laborales que desprotegen a los trabajadores, despido masivo de empleados públicos y funcionarios…

Da igual que los Nobel de economía George Akerlof, Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Paul Samuelson se hayan manifestado por activa y pasiva contra la austeridad fiscal y los recortes que suponen. Da igual que pasados muchos meses del inicio de esa nefasta política de austeridad, recortes y beneficio de la banca no se vislumbre ni lejano un indicio (por leve que sea) de superación de la crisis. Da igual que aumenten la desigualdad y la pobreza en cifras indecentes… .

En verdad, como explica Crotty, la maldita crisis es la última fase de décadas de esfuerzos del capital, del poder financiero, para destruir la modesta democracia social con capitalismo controlado construida desde los años 30 del siglo pasado. Y Carlos Martínez, de ATTAC España, deja claro que “el neoliberalismo es una gigantesca estafa mundial”. A lo que Stiglitz añade que “el fundamentalismo neoliberal es una doctrina política que sirve a intereses concretos. Nunca respaldada por la teoría económica ni tampoco por la experiencia histórica”. Más claro, el agua

Pues bien, esas políticas que vulneran los derechos de la ciudadanía hacen ilegítimos a los gobiernos, tanto como a los que buscan la guerra.

Buena parte del movimiento cívico global concluye ya que partes de las deudas soberanas (a veces, todas ellas) son ilegítimas y no deben ser pagadas. Si los gobiernos que violan masivamente derechos sociales en beneficio de una exigua minoría (así como los que quieren la guerra) devienen así ilegítimos (al menos en parte), entonces la desobediencia civil no violenta se convierte en derecho ciudadano. Como Ghandi nos enseñó.

Cabe recordar ahora al Nobel de la Paz Sam Daley-Harris cuando decía: “Dejemos de pensar que no hay soluciones. Dejemos de pensar que no importa lo que hagamos. Dejemos de pensar que las posibles soluciones no dependen de mí”.

Denunciar los crímenes económicos contra la humanidad

Paul Krugman ha escrito recientemente que la acusación de los ocupantes de Wall Street de que el poder financiero es una fuerza destructiva es totalmente acertada. Como muestran los hechos de estos últimos años. Los gobiernos rescataron a los bancos para que fluyera el crédito a empresas y ciudadanos. Pero no ha sido así. El sector financiero obtiene indecentes beneficios, pero no hay crédito. La economía se estanca, porque en verdad no hay voluntad real de superar la crisis. Porque la crisis es un negocio para la minoría privilegiada, para los mercados cuyos nombres conocemos. Y millones de personas sufren.

Pero sabemos qué hay que hacer. Se sale de la crisis con una profunda reforma del sector financiero, sólidos programas de gasto público (que activen la economía y ayuden a reestructurarla), ahorro energético y reducción de la desigualdad, recuerda Stiglitz. Pero mientras el poder financiero ponga palos en la rueda e impida afrontar la crisis de verdad, ¿cuánto sufrimiento más tendrá que soportar la ciudadanía?

Incertidumbre, angustia, pobreza, negación de vida digna, hambre, sufrimiento en suma, son consecuencias de una crisis que no cesa. Sobre esas consecuencias que sufren las gentes, Lourdes Benería y Carmen Sarasúa recuerdan que, según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, cometido en un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Datos en mano, si consideramos los graves sufrimientos, los atentados constantes contra millones de ciudadanas y ciudadanos, si consideramos la sistemática violación de sus derechos, hay que hablar de crímenes económicos contra la humanidad.

Actualmente le ha tocado a las poblaciones de Estados Unidos y Europa sufrir las consecuencias de una crisis culpable, pero las violadoras agresiones neoliberales empezaron en los ochenta. Paro, pobreza, pérdida de vivienda, educación inexistente o inalcanzable, menor o nula atención a la salud… son consecuencia de la aplicación inmisericorde de los planes de ajuste y austeridad perpetrados. Millones de familias ven peligrar su supervivencia y millones de hogares caen bajo el umbral de la pobreza. Una masiva violación de derechos humanos. Pero al poder financiero le da igual.

La Asamblea General de Nueva York, que ocupa Wall Street (los indignados estadounidenses), ha señalado una relación de ataques a los derechos humanos de los que son responsables los “mercados” con gobiernos cómplices. Las corporaciones se han quedado con las casas de millones de ciudadanos con procesos ilegales; se han apropiado indebidamente del dinero de los contribuyentes con los rescates; se han otorgado a sí mismos salarios e indemnizaciones desorbitantes; han recortado la asistencia sanitaria; han reducido el sueldo de los trabajadores; han empeorado sus condiciones laborales; han condenado al hambre a millones; han bloqueado las energías alternativas para continuar dependiendo del petróleo; han boicoteado los medicamentos genéricos para tener enormes beneficios… La lista es larga.

Parafraseando a Mandela, las perversas consecuencias de la crisis, que sufren millones de seres humanos, no son algo natural; las causan seres humanos. Una minoría, por cierto. Y de la crisis y sus consecuencias nefastas, incluido el impedir abordarla eficazmente, son responsables los “mercados”. Lo sabemos. Pero los “mercados” no son inconcretos ni anónimos. Tienen nombre y apellidos.

Un informe reciente de Stefano Battiston, James Glattfelder y Stefania Vitali ha demostrado que en realidad los “mercados” son 737 bancos, compañías aseguradoras y corporaciones industriales que controlan 43.000 empresas multinacionales. Casi toda la economía. Y que JP Morgan, Citibank, Bank of America y Goldman Sachs controlan el 94,4% de los derivados financieros. Es decir, el sistema financiero internacional está en sus manos. Esos son los malditos mercados. Con la complicidad del FMI, Banco Mundial, OCDE, OMC, Reserva Federal, Banco Central Europeo y bancos centrales de países.

Así las cosas, y puesto que se debe responder por las violaciones de derechos y dar reparación a sus víctimas, es necesaria la propuesta de Benería y Sarasua: “Igual que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, hay que hacer ahora lo mismo con los crímenes económicos. Es buen momento, pues la existencia de esos crímenes es difícil de refutar. Urge que el concepto de ‘crimen económico’ se incorpore al discurso ciudadano y se entienda la importancia de denunciarlo y combatirlo para construir la democracia económica y política”.

Iniciemos pues el proceso de denuncia y juicio por crímenes económicos perpetrados por los “mercados”. Porque tienen nombre y apellidos.

Reaccionar

En Finlandia crece la extrema derecha xenófoba, pero no sólo en ese país nórdico. En Italia, Berlusconi se burla de la justicia y reforma una ley procesal (para librarse de la cárcel) que dejará 15.000 delincuentes en la calle. Francia e Italia se enfrentan, enviando ésta a aquélla refugiados e inmigrantes norteafricanos en tren y Francia responde cerrando su frontera. Los especuladores extorsionan a Portugal, Irlanda y Grecia con la deuda pública y amenazan a otros países. Aumenta el desempleo mientras los gobiernos arrojan por la borda las conquistas sociales del último siglo, logros que no son concesión ni privilegio, sino derechos conquistados. En España, cuando se recortan pensiones, salarios públicos y atención sanitaria y hay más del 20,5% de desempleados (cuatro millones y medio), el sueldo medio de directivos de las empresas que cotizan en el Ibex es casi veinte veces el salario medio de un empleado de esas mismas compañías; en 2009, el sueldo de esos directivos era quince veces el salario medio de un empleado. En el resto de Europa, la desigualdad también va a mucho más. Vieja y caduca, Europa olvida los principios e ideales democráticos que defendió.

Además, diez millones de personas más caerán en la pobreza y serán ochenta millones más los hambrientos que se sumarán a los 1.100 millones actuales, gracias a la especulación con precios de alimentos. Un informe de Save the Children denuncia que más de 28 millones de niños en países en conflicto no reciben ninguna educación, pero si los países ricos cediesen el dinero de gasto militar de seis días, se dispondría de los 16.000 millones de dólares para lograr educación para todos, uno de los Objetivos del Milenio… Hechos y datos demuestran que no son minoritarios ni excepcionales. Hablamos de injusticia, de violación sistemática de derechos humanos.

En Europa ha habido protestas, manifestaciones y algunas huelgas. Pero quizás no con la continuidad necesaria, como ocurre en Norte de África y Oriente Próximo, por ejemplo (guerra tribal de Libia aparte). ¿Acaso los europeos aceptan la injusta situación neoliberal que vulnera sus derechos?

Quizás la resistencia y protestas ciudadanas habidas no sean suficientes. Stephane Hessel pidió a la gente joven que se indignara contra la destrucción neoliberal, pero los jóvenes en general, y los universitarios en particular, no parecen reaccionar, aún siendo quienes tienen presente y futuro más inciertos. Y tampoco lo hacen el resto de ciudadanas y ciudadanos. 

Sin embargo, en Internet, en Europa, miles de webs, portales y blogs se oponen a la actual situación, a la crisis que es estafa y atraco, y denuncian la impunidad de sus responsables. En la Red se denuncia cómo se desmantela el estado de derechos (en plural, no estado de bienestar, término inadecuado donde los haya). Son webs y portales de gente joven que de ningún modo comulga con las ruedas de molino de este tinglado neoliberal que va a peor… Sin embargo, los responsables de la crisis continúan obteniendo obscenos beneficios con ella y siguen tan tranquilos actuando contra la mayoría ciudadana.

Una vez más, ¿qué hacer?

Para empezar, recuperar las ideas, sin duda. Defensa de libertades, de justicia, de derechos, de solidaridad, de trabajo colectivo, de igualdad, de respeto a la naturaleza y a la Tierra. Informarse, saber, ser conscientes de lo que pasa; que no nos den más gato por liebre. Reconquistar los valores y principios democráticos y gritarlos con la convicción de que otro mundo es posible de verdad. Otro mundo más justo que pone en cuestión el crecimiento como único objetivo y el individualismo como ética. Otro mundo más humano que rechaza un desarrollo que no busca la felicidad de la gente ni respeta la Tierra. Que está contra los beneficios como único motor y por encima de todo. Que rechaza el consumo por el consumo y el lujo como algo bueno, deseable. Qué actúa contra la dependencia del petróleo y la entronización del automóvil como imprescindible. Que pretende que es mejor poseer que ser…

Y, luego, hay que vencer el miedo. Ese miedo arma paralizadora que los medios extienden un día sí y otro también. Es preciso que se derrumbe el muro del miedo en las mentes. Y reaccionar. Conseguir justicia, que respeten nuestros derechos, es entonces cuestión de persistencia, de tenacidad.

Recortes y crímenes económicos contra la humanidad

En junio de 2009, los partidarios de recortar gastos para reducir el déficit entronizaron a Irlanda como modelo; veintidós meses después, la deuda irlandesa no se arregla y esa economía no levanta cabeza. El gobierno del Reino Unido, partidario de austeridad a ultranza, ha de revisar al alza la previsión del déficit porque el crecimiento económico británico se ha estancado. En España, se propone limitar el gasto público en función del crecimiento del PIB, mientras se ejecutan grandes recortes sociales, pero el paro es astronómico. Grecia no levanta cabeza a pesar de los fieros recortes habidos…

Ciega ante los hechos, la Unión Europea perpetra el Pacto del Euro que apuesta aún más por los recortes sociales, aunque, como diagnostica Paul Krugman, “la doctrina de la austeridad fracasa estrepitosamente en Europa”. Porque los recortes del gasto deprimen más la economía y aumentan el paro. Pero los neoliberales imponen la austeridad presupuestaria como única alternativa, perpetrando grandes reducciones en partidas sociales que garantizan derechos de los ciudadanos; educación, salud, seguridad social…

No es una discusión académica entre economistas neocon y keynesianos. Hablamos de derechos humanos, de agresiones sistemáticas contra los derechos constitucionales de la ciudadanía. Pero los responsables de esta feroz crisis han desviado el problema al terreno de la deuda pública, ocultando su responsabilidad, minando los derechos de los ciudadanos. Lo expone Joseph Stiglitz cuando denuncia la falacia de que para reducir el déficit sólo cabe recortar gasto público. Una propuesta que responde, según el Nobel, “al intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y dimensiones del Gobierno, mientras se deja toda una serie de intereses establecidos tan poco afectados como sea posible”.

Es cuestión de derechos, no de economía. Por ejemplo, en la comunidad autónoma de Cataluña, en España, el gobierno recién elegido ordena a los hospitales públicos cerrar quirófanos por las tardes, reducir servicios (incluso Urgencias) y restringir a la mitad la asistencia médica durante el próximo verano. Para reducir el déficit, dicen. Pero el derecho a la salud no es negociable.

Y, llegados aquí, recordamos a las profesoras de economía Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, quienes exponen que “culpar a los mercados es quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, que fue jefe de la Reserva Federal norteamericana, opositor a ultranza de regular los mercados financieros”.

Cierto, los responsables de que millones de familias hayan perdido sus hogares, millones de trabajadores vayan al paro, millones más incrementen la legión de pobres, el número de hambrientos crezca hasta sobrepasar los 1000 millones… tiene nombre y apellidos o razones sociales. No son una entelequia.

“Quienes han provocado la crisis -denuncian Benería y Sarasúa-, no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue. Pero igual que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los crímenes económicos contra la humanidad.

Así ha de ser. Es imprescindible señalar a los responsables de ese desastre nada natural llamado crisis, investigarlos, procesarlos, llevarlos a juicio y meterlos en la cárcel. Porque, si no lo hacemos, no salimos de la crisis. Y aún más imperativo: hay millones de víctimas que exigen justicia y reparación.

¿Acaso los tiburones neoliberales, los especuladores del precio de los cereales, los delincuentes de guante blanco ocultos en paraísos fiscales causan menos dolor y sufrimiento que los criminales juzgados por el Tribunal de La Haya?

Es hora de denunciar y juzgar los crímenes económicos contra la humanidad.

La revolución ciudadana empieza en países musulmanes

Cuando el 17 de diciembre Mohamed Bouazizi se prendía fuego, en protesta porque la policía de la dictadura de Ben Alí le había confiscado su puesto de frutas, nadie imaginaba que sería el inicio de una nueva revolución ciudadana.

Túnez y Egipto se rebelan contra sus regímenes; miles de marroquíes salen a la calle y exigen reformas políticas; en Argelia el gobierno autoritario sofoca las manifestaciones con un enorme despliegue policial; en Libia, la ciudadanía exige que Gadafi y su régimen desaparezcan; en Bahrein, los ciudadanos se manifiestan por la democracia y la monarquía responde matando; en Jordania, se manifiestan y el rey promete reformas; en Yemen se extiende la protesta y la policía mata; en Cisjordania se manifiestan contra el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, al que acusan de corrupto y autoritario…

Una revolución ciudadana parece haber empezado en Oriente Próximo y Norte de África. Vicenç Navarro nos desvela que los medios informativos, sin embargo, han ofrecido una incompleta e interesada imagen de la emblemática revuelta egipcia, presentándola como una acción de jóvenes de clases medias a partir de Facebook, Twitter y otras redes sociales. Por supuesto que los jóvenes que utilizaron Internet jugaron un papel importante, pero la rebelión egipcia es más, mucho más. Navarro precisa que “la revolución egipcia no se inició hace unas semanas. El pasado reciente de Egipto es un tiempo de luchas obreras brutalmente reprimidas, pero incesantes. Sólo en 2009 hubo 478 huelgas prohibidas, claramente políticas (…) La resistencia obrera democrática, infiltrada en los sindicatos oficiales, fue clave en las movilizaciones y en la huelga”.

Y el periodista egipcio Hossam el-Hamalawy ratifica que “en los últimos tres años, todos los días ha habido huelga en alguna fábrica de Egipto. Huelgas económicas y políticas. Desde el primer día de la revuelta, la clase obrera ha estado en masa en las protestas. Decenas de miles de trabajadores protestaron en la calle y fueron a la huelga (…) Casi todos los sectores de la economía egipcia han estado en huelga estos días.”

El 6 de abril de 2008 hubo huelga y miles de egipcios se manifestaron contra la subida de precios y la dictadura de Mubarak. La policía abrió fuego, mató a tres personas e hirió a 90. Y nació el “Movimiento 6 de Abril” contra la dictadura. La rebelión egipcia no ha sido sólo la plaza de Tahrir. Tahrir ha sido lo más televisivo de la revolución, pero la rebelión se fraguaba en todo el país hace tiempo. Su próximo antecedente, 2004: manifestaciones masivas en varias ciudades egipcias contra la represión, la corrupción política gubernamental, los sueldos míseros y la pobreza; porque en Egipto el 40% malvive con menos de un dólar y cuarto al día. Ahí está el origen de la revuelta.

Pero en ese panorama de movimientos ciudadanos y de los trabajadores contra las dictaduras del Norte de África y Oriente Próximo, Europa ha afianzado a los dictadores. Con exquisito trato de aliados y acuerdos económicos preferentes. O vendiéndoles armas, como por ejemplo a Libia por valor de 1.400 millones de dólares: las armas que masacran al pueblo libio.

Como ha dicho la eurodiputada Marietje Schaake citando a Luther King, “hay un momento en el que el silencio se convierte en traición”. El silencio y la pasividad de la Unión Europea ante las implacables y corruptas dictaduras del Norte de África y Oriente Próximo.

Esta Europa neoliberal y plutócrata ha traicionado los ideales de la Revolución Francesa, ha pisoteado los valores de la revolución ciudadana que generó la democracia y ha hecho la vista gorda ante las constantes violaciones de los derechos humanos, la injusticia y la corrupción de esos regímenes dictatoriales. A cambio de gas, petróleo y control inmigratorio. Como ha escrito Javier Valenzuela, Europa ha sido un obstáculo para las libertades en el Magreb y en el valle del Nilo. Tanto presumir de derechos humanos y Europa ha olvidado las primeras palabras del articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Por eso actúa tan miserablemente como lo hace.

Europa necesita sin duda una nueva revolución ciudadana y tiene como ejemplo a las que han iniciado las ciudadanías de los países musulmanes.

Un plan para rebajar derechos

Estos días circula por la Red la revelación de los abundantes privilegios de que gozan los políticos profesionales españoles. Escandaloso.

Y, si indagamos los ingresos de la mayoría de políticos profesionales (y también de cargos institucionales como el gobernador del banco central español), comprobaremos que los ingresos de quienes tienen mayor capacidad de decisión en los asuntos de todos son realmente jugosos. ¿Quién decía que Roma no paga a los traidores?

Quizás eso explique el tremendo servilismo de la mayoría de la clase política española, arrodillada ante la minoría privilegiada (la clase dominante), a la que sirven con una lealtad digna de mejor causa. Aunque para ser justos hay que añadirle la fervorosa colaboración de los responsables de la mayoría de medios informativos y otros especímenes similares para convencer a la población de la falacia de que las medidas que les arruinan la vida no solo son las mejores, sino las únicas. España es hoy arquetipo y paradigma de cómo la minoría privilegiada se enfrenta a la crisis controlando el Estado  en su exclusivo beneficio.

Son conocidos los recortes sociales que el gobierno de Zapatero ha perpetrado: reducción del salario de funcionarios, congelación de pensiones, reducir partidas sociales en los presupuestos del estado… Y hay agresiones que amenazan a la mayoría con reformas presuntamente necesarias para reducir el déficit y aumentar la competitividad. Una reforma laboral cuyo desarrollo supondrá que los convenios colectivos por sectores económicos harán tabla rasa de los derechos laborales conseguidos en medio siglo, obligando a negociar todo desde cero. Lo que significará perder muchos derechos. Y la reforma de las pensiones públicas impondrá más edad para jubilarse y un cálculo injusto que reducirá la cuantía de las pensiones de la mayoría.

La OCDE aplaude los planes neoliberales de Zapatero. Pero como la minoría privilegiada es inaciable, ésta propone a Zapatero que aumente el Impuesto de Valor añadido (IVA) e impuestos especiales: subir los impuestos que pagan todos y no distinguen entre pobres y ricos. Y, para que no haya dudas sobre a quien se sirve, la OCDE pide al gobierno español que rebaje las cotizaciones sociales que pagan los empresarios (las que nutren la Seguridad Social), y reduzca el impuesto sobre sociedades.

En mi ya larga vida no recuerdo tanta cara dura ni tanta desfachatez como la de estos días. Como en una película del Far West o de gángsters de Chicago años 30, todo para los que ya tienen mucho y casi nada para los demás.

En España, la economía la controlan unas 1.400 personas, según documentado estudio de los consejos de administración de bancos y grandes empresas del catedrático de economía Iago Santos. Y recordemos que, en el mundo, la minoría privilegiada, según Merrill Lynch y Capgemini, son 93.100 personas que poseen más de 30 millones de dólares (sin contar valor de primera vivienda, bienes consumibles y bienes coleccionables, entre otras excepciones). La suma de toda esa riqueza es tanta como el PIB de toda la Unión Europea. Merrill Lynch y Capgemini, además, prevén que, en 2013, los ricos serán mucho más ricos. Han convertido la crisis en un negocio beneficioso a costa de la ciudadanía.

En el otro extremo del arco (el más numeroso por otra parte), gran parte de la clase trabajadora y de las mal llamadas clases medias sufren y sufrirán más paro, precariedad y pobreza.  En España, por ejemplo, a día de hoy, una quinta parte de la población está bajo el umbral de la pobreza. Y en Estados Unidos, según datos de la Oficina Federal del Censo, casi 44 millones de estadounidenses vivían en 2009 bajo el umbral de la pobreza; uno de cada siete. El profesor de economía Juan Torres nos explica que el 1% de los estadounidenses más ricos obtuvo el 23,5% de los ingresos brutos del país en 2007, cuando en 1976 solo conseguía el 9% (La desigualdad de ingreso, Robert H. Frank). Y durante el gobierno de Bush, el 1% más rico de la población se apropió del 75% de la riqueza generada (David DeGraw, “The Economic Elite vs. People of the USA).

El plan para reducir e incluso eliminar los derechos de la ciudadanía y convertir economía y política en una jungla controlada por muy pocos está en marcha. Si lo permitimos los ciudadanos, claro.